En el día de la fecha, la Autoconvocatoria ha enviado la siguiente carta a los y las integrantes de la Cámara de Diputados, en anticipación del voto mañana sobre el proyecto de ley autorizando un nuevo préstamo de parte del FMI. En los próximos días, la misma será remitida también a los y las senadores, que pronto tendrán a consideración el mismo proyecto.
Sras./Sres. Diputados y Senadores de la Nación
Ante el proyecto de ley enviado por el gobierno nacional, para que consideren aprobar una nueva solicitud de crédito al Fondo Monetario Internacional, les instamos a reflexionar sobre sus responsabilidades y a asumir con su voto que las estafas no se pagan y que la deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI.
El gobierno presidido por Mauricio Macri acordó un préstamo con el FMI, por más de 50.000 millones de dólares de los cuales se efectivizaron 44.500 millones. Esta operación no fue sometida a la aprobación del Congreso de la Nación como está establecido en la Constitución Nacional (art. 75, inc.22 y art. 76), ni cumplió con las normas administrativas y jurídicas vigentes. Incluso fue tramitado por los ministros y funcionarios del gabinete económico y del Banco Central, sin siquiera un mandato expreso del presidente.
Puede entonces afirmarse que se trata en realidad de un contrato sin firma, promovido
ilegalmente desde el poder ejecutivo, ignorando que solo una ley del Congreso podía validar el contrato del préstamo como tal. Haber procedido de tal modo, no solo compromete a las autoridades argentinas que tramitaron semejante operación. Compromete también y con extrema gravedad a las autoridades del Fondo Monetario que lo aceptaron.
El FMI, adicionalmente, violentó su propio estatuto y reglamento, al otorgar un préstamo por una suma muy superior a lo que estaba autorizada - en función del capital de la Argentina en el organismo- y que claramente el país no podría pagar en los plazos y montos establecidos. De acuerdo a las declaraciones públicas del entonces representante de EEUU en el directorio del FMI y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, fue el presidente de los EEUU, Donald Trump, quien lo avaló y determinó su otorgamiento para “ayudar” al Presidente Macri con la campaña electoral que se avecinaba para el 2019, para que se sostuviera al frente del gobierno y cómo principal puntal de la política estadounidense en la región. Sabemos que de todos modos perdió esas elecciones, pero permanece el control geopolítico y el control extractivista a largo plazo de los bienes naturales del país que ese acuerdo y cualquier innovación del mismo instrumenta.
Por otra parte, y lo que es también fundamental, ese dinero no se utilizó para beneficio del pueblo. No puede verificarse ni demostrarse ningún uso de los fondos girados para ninguna clase de inversión social, en infraestructura, obras, incentivos o inversiones productivas y de desarrollo, generación de empleo, etcétera. Investigaciones de organismos de control oficiales, así como también las declaraciones del propio ex presidente, han mostrado que, en efecto, se utilizó para el pago de reclamos de deuda anteriores –también cuestionados y sin la debida investigación integral-, especulaciones financieras y fuga de divisas particularmente efectuada por los “amigos” del poder, fuga de capitales de grandes empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Unión, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, entre otras. Todo facilitado por las propias autoridades gubernamentales y verificable en la cuenta de reservas internacionales del Banco Central. Cabe agregar que esta utilización de los fondos está expresamente prohibida por la normativa institucional del Fondo Monetario Internacional.
Se trata pues, de una estafa y no de un préstamo. Lejos de tratarse de una deuda pública legítimamente exigible por parte de un acreedor de buena fe, todo lo expuesto hace que la llamada “deuda” sea considerada ilegal, ilegítima y “odiosa”, en términos del derecho internacional. Como resolvieron las y los jueces en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, realizado en el año 2020:
“…surge del derecho esencial del pueblo, de las personas y de las naciones, que no pueden aceptarse de ninguna manera acuerdos económicos, como las deudas públicas y acuerdos con el FMI, que impliquen derivaciones en perjuicios de lesa humanidad y de lesa naturaleza para nuestro pueblo y nuestro ecosistema como país y planeta… Por lo que…se afirma la nulidad absoluta de las deudas públicas y los acuerdos con el FMI, no obstante su reiterada restructuración, y afirmamos el derecho del pueblo y de la Nación a rechazar su pago…” (https://bit.ly/JuicioPopularDeudaFMI-Fallo, p. 42)
Denuncias concordantes con lo expuesto han sido formuladas desde una amplia diversidad de organizaciones y referentes en la materia, tanto del país como del mundo entero, incluyendo varios sectores y voces del partido gobernante. El propio presidente, Alberto Fernández, reconociendo la ilegitimidad y la comisión de hechos delincuenciales, promovió una querella al respecto.
No obstante, ahora se somete un “acuerdo” fruto de una negociación con el FMI durante dos años, al Congreso de la Nación. O sea, por un lado, se levantan voces de los más altos funcionarios para denunciar el fraude y, por el otro, se someten resignadamente a asumir el pago como si no hubiera otra salida.
Si lo aprueban, si votan a favor del “refinanciamiento”, estarán convalidando una ilegalidad manifiesta, legitimando el reclamo de un fraude, avalando una estafa. Las estafas no se pagan y mucho menos, con la vida, los derechos y la soberanía de todo un pueblo. El Congreso de la Nación estaría actuando nuevamente en perjuicio del pueblo y cada legislador/a cargará con la responsabilidad correspondiente a su voto.
Es un principio jurídico elemental: si corresponde que se rechace una operación (la del 2018) por ilegal, ilegítima y odiosa y se la cambia por una nueva destinada a reemplazar a la anterior, lo que se está haciendo es avalar, reconocer, legitimar, aceptar la anterior. A la vez, se condena a la sociedad actual y futuras generaciones a un régimen de saqueo y subordinación, sometiendo el país al poder económico más concentrado.
Por eso el momento de desconocer ese compromiso espurio, viciado, que contrajo el gobierno del ex presidente Macri, es ahora. Este es el momento y la oportunidad. De no hacerlo, se lo reconocerá como deuda y la Argentina, una vez más quedará atrapada en la telaraña del FMI; habrá legitimado lo ilegítimo con consecuencias devastadoras para nuestros pueblos, la naturaleza, nuestra autodeterminación.
Quienes lo voten, incurrirán en una inconducta política, jurídica y moral; serán responsables política, jurídica y moralmente de legalizar lo ilegal y de ofrecer, de hecho, un indulto, una amnistía política, cultural y social a este sistema de endeudamiento perpetuo y las políticas impuestas a su servicio.
Los invitamos a que no lo hagan, a que se comprometan con el pueblo. No bastan los pronunciamientos verbales o escritos, hacen falta las acciones. Hace falta que miren hacia el pueblo y no hacia el poder económico, que convoquen al pueblo a movilizarse en defensa propia y en contra del FMI.
La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, encabezada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, e integrada por decenas de organizaciones y movimientos populares, viene desde hace dos años impulsando una campaña nacional a favor del no pago de lo que no es una deuda pública sino una estafa, una deuda ilegítima. Afirma, como cientos de miles de personas en todo el país lo hemos expresado en las calles y un millar de organizaciones y referentes populares en el reciente pronunciamiento Primero lo Primero: ¿Ni UN dólar más al FMI!, que hay alternativa, empezando con la suspensión inmediata de los pagos, tanto de capital como de intereses.
Entre otros pasos a dar de inmediato, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en este momento presidido por nuestro país, recomendó expresamente a la Argentina en el año 2013, que se realizara una auditoría integral de los reclamos de deuda que ya en ese entonces pesaban en contra de los derechos de la población y de la naturaleza. El fraude evidente del acuerdo firmado con el FMI en 2018 es motivo suficiente para declarar su nulidad. La nómina de las grandes entidades, personas y empresas, responsables de la fuga de las divisas recibidas del FMI, debe ser publicada y sus integrantes sancionados e impedidos de seguir recibiendo subsidios y otros beneficios de parte del Estado. La responsabilidad del propio Fondo en lo que parece ser una verdadera asociación ilícita conformada con el gobierno de Macri, puede y debe ser sancionada formalmente.
Sres. y Sras. Legisladores, la deuda es con los pueblos y con la naturaleza, no con el FMI.
Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda
- 9 de marzo de 2022
En representación del espacio abierto de la Autoconvocatoria, firman las siguientes organizaciones:
Agrupación Beatriz Perosio - Asamblea Villa Pueyrredón - ATTAC - Colectivo Reagrupando - Corriente Política de Izquierda - CR-MPL - Democracia Socialista - Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina - Economistas de Izquierda - Emancipación Sur – Hilo Rojo Colectivx militante - Libres del Sur - Marabunta Corriente Social y Política - Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados - Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (FPDS Corriente Plurinacional / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social / Movimiento 8 de Abril) - Opinión Socialista – ORG - Partido de la Liberación - Partido Socialismo y Libertad - Partido Socialista de Río Negro - Propuesta Sur - Proyecto Político Emancipatorio – SERPAJ
