El jueves 16 de abril el Ministro de Economía anunció la propuesta de reestructuración de la deuda pública argentina emitida en el exterior. Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda sostenemos que, si bien busca acordar una moratoria parcial de pagos que de otra manera el gobierno afirma se hará por vía del default, la propuesta legitima una estafa y nos condena nuevamente a pagar una deuda con un fuerte componente de ilegalidad.
Los especuladores externos no están satisfechos con esta propuesta y pretenden ganar aún más a pesar de la pandemia, la crisis social mundial y local. Frente a sus pretensiones criminales, precisamos Memoria, Verdad y Justicia. La atención de la situación sanitaria y los derechos de la población de cada país deberían ser la primera prioridad de los gobiernos en todo el mundo, en lugar de preocuparse por garantizar la tasa de ganancia de gigantescos fondos de inversión.
La propuesta fue presentada por el Ministro Martín Guzmán en compañía del Presidente, su Vicepresidenta y gobernadores provinciales de distintas fuerzas políticas; cuenta además con el aval que viene ofreciendo el FMI. Sobre un conjunto de bonos abarcados (que suman un total de U$D 66.000 millones de dólares y constituyen el 20% del total de la pretendida "deuda" del Estado Nacional), se reformulan tres aspectos centrales: postergación de pagos hasta el 2023; reducción o "quita" del capital de 5% del total; y reducción de la tasa de interés en un 60% sobre el monto total corriente. Los 20 días que los bonistas y prestamistas privados tienen para aceptar o rechazar la propuesta, seguramente transcurrirán en el marco de un tironeo político para que el Gobierno mejore aún más la oferta.
Las organizaciones y personas que integramos la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, expresamos nuestro rechazo a la propuesta realizada. Se estructura sobre la base del reconocimiento de una deuda cuya legitimidad y legalidad están profundamente cuestionadas; se trata de deuda emitida en los canjes del 2005 y 2010 (U$D 25.000 millones, en su mayoría de cuando se renegoció la deuda tomada por la dictadura o el menemismo) o bien deuda tomada durante los últimos cuatro años (U$D 41.200 millones). Por eso reclamamos que todos los pagos sean suspendidos, la estafa desconocida y los responsables directos e indirectos, así como sus encubridores, perseguidos penalmente.
La oferta se realiza dándole la espalda a investigar la totalidad de la deuda. En todos nuestros pronunciamientos, incluyendo la carta que dirigimos al presidente Alberto Fernández el 9 de abril, hemos manifestado la necesidad de investigar las vinculaciones espurias entre funcionarios tomadores de deuda y fondos de inversión, de investigar la aplicación de recursos del FMI desconociendo la prohibición de su estatuto respecto a la utilización del dinero para la fuga sistemática de capitales, de investigar su carácter ilegítimo y “odioso” (contrario al interés público). Esta investigación es imprescindible a sabiendas que la pretendida deuda fue tomada, sobre todo en los últimos años, para financiar la especulación y fuga de capitales y aplicar un programa económico de empobrecimiento del pueblo, destrucción de la capacidad productiva local y profundización de un modelo extranjerizante y extractivista. Fue, asimismo, contraída sin debate en el Congreso que declinó su irrenunciable obligación constitucional de ser parte activa en el proceso.
A través de esta propuesta se continua renunciando a la soberanía jurídica al colocar los bonos de canje bajo la tutela de los tribunales de Nueva York, Londres y Tokio. Esto deja al país, como ya aconteció en el 2014, en manos de los fondos buitre. Además, la propuesta establece que toda moratoria sobre la nueva deuda será considerada directamente un default. Suspender cualquier pago para realizar una auditoria exhaustiva y transparente es un derecho soberano irrenunciable; es lo que corresponde y se trata de una oportunidad presente.
El proceso de endeudamiento ilegítimo relacionado con la destrucción productiva, social, económica y ecológica de nuestro país es un crimen contra todo el pueblo argentino,en especial la clase trabajadora y demás sectores humildes. Frente a esta propuesta que da continuidad a ese mismo proceso, convocamos a seguir sumando fuerzas para lograr el Nunca Más al FMI y al pago de deudas que el pueblo no debe.
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICIARON DE LA ESTAFA DE LA DEUDA!
Argentina, 23 de abril de 2020
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
