El lunes 31 de agosto, a las 17 hs, el Juicio Popular a la Deuda y al FMI desarrollará su 6to Foro de Denuncias, enfocando desde la viviencia y cosmovisión de diversos pueblos originarios, los impactos y consecuencias que conllevan el sistema de endeudamiento perpetuo junto a los condicionamientos del FMI y demás instituciones financieras y comerciales internacionales. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
En este 6to #LunesContraLaDeuda, presentarán denuncias Jorge Nahuel, Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén; Quilla Sumaj Quinteros, integrante de la Comunidad Indígena Amaicha del Valle, Pueblo Diaguita, y militante de Marabunta; Sergio Nahulequir, Inan Lonko del Lof Fem Mapu, ubicado en Puerto Santa Cruz; Paz Argentina Quiroga, Amta del Pueblo Nación Warpe, perteneciente a la komunidad del Territorio del Kuyum, Puyuta, San Juan, y Guía en el Parlamento de Pueblos Originarios; la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios ORCOPO; y Zulema Aguirre, integrante de la agrupación feminista plurinacinal “Las WaKoldas”, del Colectivo del Barrio, Villa La Angostura, y militante del FPDS-CN/MP. Acompañará al Foro la cantante, autora y compositora salteña, Sara Mamani.
Los Foros de Denuncia #LunesContraLaDeuda, constituyen un primer momento del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, impulsado como parte de la campaña popular que aboga por la suspensión del pago e investigación de una deuda que se entiende ilegítima, ilegal y odiosa, con grave incidencia en las diversas dimensiones de la vida cotidiana. Cada Foro cuenta con la presencia y preguntas de integrantes del Tribunal popular - Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe – y de les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela.
Anteriores Foros de Denuncia, que se realizan cada lunes a las 17 hs, siempre por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria, abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre la Salud; el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio; el Trabajo; los derechos de las mujeres, feminismos y disidencias sexuales; y el Agua y el Extractivismo.
Están convocadas todas las organizaciones populares a participar en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada. Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente al correo juiciopopulardeuda@gmail.com.
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!
¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
El 24 de agosto pasado se realizó el 5° Foro de denuncia del Juicio Popular a la deuda y al FMI, en lo que está instituido como los #LunesContraLaDeuda, ya que todos los lunes se vienen realizando foros de denuncia contra la estafa del endeudamiento público. Organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, en esta ocasión representantes de distintas asambleas socioambientales del país, de universidades y sindicatos expusieron sus denuncias en torno al agua y al extractivismo.
A continuación, transcribimos la mayor parte de la crónica que publicó Venceremos-PT, integrante de la Autoconvocatoria, más algunos agregados.
Red Ñimiñ, Río Santa Cruz: Gerardo Alberto Gil Ferreño y Ainelén Rosales. Denuncian un proyecto de mega – represa en Santa Cruz, que comenzó a construirse en 2014 tras un acuerdo con China. El FMI destaca el acuerdo financiero entre Argentina y China, que representa el 45% de las reservas de nuestro país. Este acuerdo se centra en las necesidades económicas y deja de lado las afectaciones a la naturaleza y los pueblos. Es el proyecto hidroeléctrico más importante en el que ha invertido China extraterritorialmente. En la provincia, es presentado como el instrumento para paliar la desocupación y la pobreza. El proyecto incumple con la Ley General de Ambiente y existen denuncias en la oficina anticorrupción de funcionarios involucrados por estudios incompletos y viciados. Al finalizar la construcción se formarían dos diques cuya superficie representa dos veces la Ciudad de Buenos Aires o dos veces el Glaciar Perito Moreno. El Río Santa Cruz es un río glaciario, originado en el campo de hielo sur compartido con Chile, el tercer cuerpo de hielo más grande del mundo y una de las reservas de agua dulce en estado sólido más importantes. Los estudios de impacto ambiental han omitido y minimizado las consecuencias que la mega represa tendría sobre los cuerpos de hielo. Los diques inundarán zonas de patrimonio arqueológico. Los pueblos mapuches-tehuelches afectados no han sido informados y consultados debidamente sobre el proyecto. Desde la red se pide que se realicen nuevamente los estudios de impacto ambiental y el cese inmediato de la obra, así como la reformulación de la matriz energética del país.
Amigos de la Tierra: Diego Martínez. Amigos de la Tierra se trata de un espacio de organizaciones ambientalistas de América Latina y el Caribe, que acompaña comunidades en lucha por defender el agua y el territorio. Denuncian el proceso de privatización y mercantilización del agua en la región, que se inició en la década del 90, con gobiernos neoliberales y la inversión financiera del Banco Mundial. Éste otorgó préstamos condicionados a que parte de la gestión de las empresas de servicio de agua fuera privada. Así, se instalaron empresas mixtas, en la que los privados deciden dónde se realizan las inversiones, aunque son los estados los que asumen los costos de los préstamos. La mercantilización fue presentada como buena argumentando que la competencia iba a generar mayor productividad. Sin embargo, resultaron monopolios ineficientes, con base tecnológica obsoleta, ineficientes inversiones, mantenimiento deplorable y con direcciones burocráticas y corruptas. Argentina tiene 59 denuncias acerca de este manejo del agua en organismos de arbitraje internacional. En las últimas décadas, se ha iniciado una tendencia de “municipalización” de la gestión del agua, con una desprivatización del 62% de las empresas en América Latina, lo que muestra el fracaso del modelo privado. Existen 80 mil organizaciones comunitarias que gestionan el agua en la región en la actualidad. Se reclama el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental y no como una mercancía, el cuidado de los territorios esenciales para el ciclo hídrico y el derecho de la soberanía de los pueblos para decidir sobre el uso de las aguas de su territorio.
Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales: Hace cinco meses que una isla de una superficie equivalente a cinco ciudades de Rosario está prendida fuego por la quema intencional de grandes regiones de tierra. En las islas hay reservorios de agua dulce y constituyen espacios de purificación del agua y hábitat de varias especies, que han perecido bajo el fuego. Los incendios han llegado hasta las casas de los isleños, que son los únicos que están intentando apagar el fuego junto con integrantes de la multisectorial. Todos los años se producen incendios, ya que los dueños de grandes extensiones de tierra, para aprovechar al máximo la superficie de sus campos para plantar soja, intentan llevar el ganado a las islas y queman pastizales para que el pasto después crezca verde y sirva como alimento de los animales. Se han imputado a empleados de estos empresarios, que fueron encontrados con bidones de nafta en las islas, pero no se avanzó contra quienes los mandaron a realizaron los incendios. Se reclama por una ley de humedales que declare esas regiones como patrimonio de la humanidad. La soja, además, es fumigada de forma aérea con agrotóxicos que afectan la salud de las personas, la tierra y el agua. Las fumigaciones aéreas incluso se hacen sobre escuelas rurales, tirando veneno sobre ellas. El agronegocio atenta contra la vida de las personas y de las especies animales y vegetales: uno de los puertos más grandes del interior del país está en la provincia, para llevarse los granos, pero desde la década de los 90 es privado (Vicentín es uno de los propietarios). Se estima que el 40% del dinero que se produce ahí está destinado a pagar la deuda.
Asamblea Jachal No se Toca, San Juan: Saúl Argentino Zeballos. La Asamblea nace en 2015 denunciando los sucesivos derrames de cianuro y mercurio en el río Jachal por parte de la minera Barrick Gold y la instalación de una mina de uranio que contaminaría el acuífero de Huachi. Denuncian al Banco Mundial, que otorgó préstamos por 69,5M de dólares (que forman parte de nuestra deuda externa) que financiaron programas de asistencia a la minería argentina (PASMA 1 y 2) desde 1995 a 2001. La deuda es ilegítima, ya que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, el dinero se destinó a realizar estudios geológicos que abarataron los costos de las empresas y modificar la legislación para allanar el camino para el saqueo y la contaminación de las multinacionales mineras conforme a un plan imperialista. Tanto la UNESCO como el IANIGLA y funcionarios de gobierno permitieron que las mineras se instalaran en reservas acuíferas de San Juan, incumpliendo la ley de Glaciares, realizando inventarios de glaciares a medida de las empresas. El gobierno de San Juan ocultó el primer derrame de la mina Veladero y dejó a su merced a lxs habitantes de la región. La Corte Suprema demoró exageradamente la actuación en torno a los derrames, y sólo responsabilizó a empleados, pero no al gerente de la empresa Barrick Gold. Además, estas empresas pagan impuestos según lo que declaran que extraen, que es menor a lo que efectivamente se llevan. Además, las exportaciones se realizan en “lingotes doreé”, en cuyo interior se encuentran no sólo oro y plata en mayor proporción que los declarados, sino otros metales por los que no pagan impuestos. A pesar de que este contrabando ya ha sido denunciado a la justicia, esta ha permitido que el saqueo subsista.
Asamblea Socioambiental de la Zona Este, Mendoza: Graciela Hermoso y Silvina Pereyra. Denuncian que el fracking y la megaminería que se pretenden instalar en Mendoza y otros pueblos cordilleranos atentan contra el derecho constitucional a un ambiente sano. En el caso de Mendoza, existe una gran connivencia político-empresarial. Los proyectos mineros y petroleros tienen un tratamiento privilegiado dentro de la legislatura y otros organismos de gobierno. Hay una relación de estos emprendimientos con la necesidad de generar divisas para pagar la deuda. Durante el gobierno de Cornejo (2015-2019), se aumentó un 400% la deuda contraída por la provincia. Estos préstamos no fueron destinados a actividades que generan empleos, sino que por el contrario, la desocupación y pobreza aumentó. Las actividades mineras y petroleras son mostradas como la salida a esos flagelos sociales, a pesar de que la provincia está inmersa hace diez años en una crisis hídrica, con una disminución de hasta un 60% del caudal de los ríos, por lo que resultaría inviable el uso de las grandes cantidades de agua que requieren estos proyectos, que además representan peligro de contaminación. En diciembre, el gobierno pretendió modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros, y una gran movilización popular, que incluyó cortes de ruta en todo el territorio, logró frenarlo. Por otra parte, el fracking se ha impuesto –reglamentado por decreto y no por ley, para evitar su tratamiento en la legislatura- en los últimos años en el departamento de Malargüe, al sur provincial, sin la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes. En 2017, se encontraron evidencias de contaminación en las cuencas de agua. A pesar de esto y de no contar con licencia social, se continúa con la realización de esta actividad y se impulsa en otros departamentos, como Tupungato. Además, existe un proyecto de mega represa, Portezuelo del Viento, que afectaría a La Pampa y otras provincias que integran la cuenca del Río Colorado. Por lo que se está trabajando en conjunto con las asambleas de esos lugares.
Guillermo Folguera, CONICET, UBA. Denuncian el principio de acuerdo entre Argentina y China para montar una serie de megafactorías de carne porcina para la exportación directa a ese país. Se habla de la producción de 9 Millones de toneladas, multiplicando por 14 la producción actual. Producto de la presión social respecto a este tema que se ha logrado en las últimas semanas, ese número se redujo a 900 mil toneladas, lo que de todas maneras implicaría la duplicación de lo producido hoy en el país. No se han realizado estudios de impacto ambiental sobre estos proyectos, que implican: la deforestación de extensas superficies (incumpliendo la Ley de Bosques, desplazando comunidades originarias), un gran consumo de agua (por kilo de cerdo producido, se consumen 5900 litros de agua, esto es inviable, ya que los lugares donde se pretenden instalar las granjas, entre los que resuena principalmente Chaco, son regiones donde se sufre una profunda sequía), aumento de la producción de maíz y de soja (implicaría aumentar uso de agrotóxicos que se usa en su producción y de agua, ya que por kilo de soja producido se consumen 1900 litros de agua) y uso de nitratos, nitritos y amoníacos que contaminan la tierra y el agua. Estos proyectos son potencialmente zoonóticos, por lo que resulta absurdo su planteo en este contexto de pandemia por zoonosis.
Asamblea El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca: Pablo Domínguez. Defienden el río Andalgalá en contra del emprendimiento de Agua Rica. Este río tiene un caudal de 740 litros por segundo. Cada segundo de agua que pasa por el río, vale 370 dólares para la minera Bajo La Alumbrera, que por ejemplo en un sólo bimestre del 2011 facturó 2800M de dólares, de los cuales sólo se declararon 200M, los que generaron ingresos por impuestos para Catamarca por 3M y 24M a Nación. Esta minera utilizó y contaminó 100M de litros de agua por día, por lo que cada litro de agua generó para ellos una ganancia de 0,5 dólares. Esta agua es saqueada a lxs veinte mil habitantes de Andalgalá, a quienes se les destruye el territorio y se les impide otras formas de desarrollo (producción de nueces, membrillo). En 20 años, Bajo La Alumbrera emitió divisas por veinte veces el valor de la deuda externa.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, Esquel, Chubut: Julian Raso y Silvina Borgia. En 2002 arribó a Esquel la empresa Meridian Gold para explotación minera. En esa oportunidad, algunxs pobladores se informaron acerca de las consecuencias ambientales del extractivismo y la actividad minera y desarrollaron una experiencia de educación popular, que permitió que al año siguiente en un plesbicito no vinculante el 81,4% de la población decidiera que no quería que se instalara la minera en ese lugar. A raíz de esto, también en 2003 se logró sancionar la ley 5001, que prohíbe la instalación de mineras a cielo abierto que usen cianuro. Las asambleas de Chubut en unidad presentan un proyecto de ley para ampliar la protección contra la megaminería contaminante que utiliza otros químicos – el primero por iniciativa popular de la historia de esa provincia. Se logró derogar una ley que pretendía zonificar la provincia y permitir la instalación de mineras en ciertas regiones. Mientras tanto, en la provincia lxs únicxs empleadxs estatales que cobran su sueldo en tiempo y forma son lxs policías, y los proyectos mineros son presentados como la única solución frente a la situación financiera provincial, y se presiona a quienes no perciben los salarios (trabajadores de la educación y de la salud) para que acepten esta actividad. Sin embargo, en Chubut hay explotación petrolera que ha producido contaminación, pero cuyas regalías están comprometidas mayormente al pago de la deuda externa, y no al desarrollo provincial. Además, los pueblos originarios que defienden su territorio son violentados y perseguidos judicialmente.
Somos monte, Chaco: Dardo Tiddi. El Gran Chaco es la segunda masa boscosa más extensa de América. Es una de las regiones con más tasa de desmonte del mundo. El desmonte trae pérdida de biodiversidad, conflictos sociales por desplazamiento forzado de población y es una de las principales causas de calentamiento global (la emisión de carbono causada por el desmonte equivale al de todos los medios de transporte del mundo). Luego del desmonte, se instala el agronegocio, manejado por grandes corporaciones, destinado a exportación y generación de commodities, constituyendo un punto clave del mercado financiero global. Mientras son los pueblos los que sufren las terribles consecuencias del desmonte, las ganancias se fugan al extranjero. Así, los bancos ofrecen créditos para las empresas que desmontan, que después terminamos pagando en forma de deuda externa.
También, como parte del Foro, la cantautora Laura Gallo brindó su arte musical como ofrenda a esta lucha.
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AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Agua y Extractivismo serán los ejes del 5to Foro de Denuncia #LunesContraLaDeuda
Argentina, 21/8/2020 – El próximo lunes, 24 de agosto, a las 17 hs., se realizará con un enfoque en el Agua y el Extractivismo, el 5to Foro de Denuncias en el marco del Juicio Popular a la Deuda y al FMI. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtubede la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
Expondrán en este #LunesContraLaDeuda, asambleas, redes, organizaciones populares y referentes académicos, relacionando problemáticas como la megaminería a cielo abierto, la construcción de megarepresas, el fracking, la agroindustria y las privatizaciones, con el sistema de deuda perpetua y las políticas públicas condicionadas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros y comerciales internacionales y denunciando sus impactos frente a las obligaciones estatales prioritarias en materia de los derechos humanos al agua y un ambiente sano, entre otros.
Presentarán sus denuncias representantes de la Asamblea El Algarrobo (Andalgalá, Catamarca), la Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina (Esquel, Chubut) y la Red Ñimiñ (Santa Cruz);
Grace Hermoso y Silvina Pereyra por la Asamblea Socioambiental de la Zona Este (Mendoza); Guillermo Folguera (CONICET, UBA); Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales; y Diego Andrés Martínez por Amigos de la Tierra.
Anteriores Foros de Denuncia, que se realizan cada lunes a las 17 hs por el canal deYoutube de la Autoconvocatoria, abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre laSalud; su relación con elHambre, laSoberanía Alimentariay elTerritorio; su impacto sobre elTrabajo; su incidencia sobre los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.
Integrantes del Tribunal y de la Fiscalía Popular están presentes en todos los Foros de Denuncia. El Tribunal popular está integrado porAdolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Les fiscales sonLiliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela.
Están convocadas todas las organizaciones populares a participar activamente en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada. Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente a la Secretaría del Tribunal:juiciopopulardeuda@gmail.com .
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AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
En este cuarto #LunesContraLaDeuda, parte del Juicio Popular a la Deuda y al FMI que impulsa esta Autoconvocatoria, referentes de un nutrido, diverso y amplio conjunto de espacios que integran el movimiento de mujeres y disidencias, presentaron sus denuncias visibilizando el impacto directo de las deudas y la subordinación a las políticas del FMI, sobre la vida y cuerpos de mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, no binaries.
Les jueces Nora Cortiñas y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, y les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela, presentes en este 4to. Foro, realizaron numerosas e incisivas preguntas en el marco de la sustanciación de este Juicio Popular a la Deuda y al FMI.
La médica Analía Bruno, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, denunció la situación de precarización del sistema de salud y el impacto directo sobre la vida de las mujeres más pobres. Destacó el trabajo de más de mil profesionales de salud que garantizan en el país el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) aún en el marco de la Pandemia. En lo que respecta a la ILE, el protocolo establece dos técnicas para el acceso: la aspiración manual intrauterina (AMEU) y el uso de medicación. En la actualidad el estado, en el mejor de los casos, solo permite el acceso a esta última opción mediante el uso de misoprostol, pero no garantizando de forma integral este derecho. Por último, remarcó que “el aborto clandestino es una emergencia social”, por lo que es impostergable la aprobación este año del proyecto de ley presentado por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La denuncia de Flora Partenio, de DAWN y de la Cátedra Libre Virginia Bolten de la UNLP, estuvo centrada en fundamentar el impacto de la deuda y las condicionalidades del FMI en la situación previsional de mujeres CIS y disidencias. Las estadísticas sobre informalidad laboral dan cuenta del mayor impacto sobre las mujeres, lo que repercute en sus jubilaciones; siendo este sector quienes mayoritariamente reciben la jubilación mínima o pensiones no contributivas. Esta situación se profundiza aún más en colectivos trans, travestis, a quienes el estado les niega el acceso a un derecho tan básico como la seguridad social. Las exigencias de reformas jubilatorias son la contracara de los procesos de endeudamiento. ¡No hay deuda sostenible si está en juego la sostenibilidad de nuestras vidas!
Por su parte, Clarisa Gambera y Silvia León, de la Secretaría de Géneros de la CTA Autónoma, detallaron las consecuencias del endeudamiento durante el gobierno macrista, sobre la precarización del trabajo y la vida. Denunciaron que durante este período se llevó a cabo una “tercera reforma del estado” que implicó 30.000 despidos y el desarme de áreas estratégicas que garantizan derechos sociales como salud, educación y trabajo. Esta situación impactó diferenciadamente en las mujeres que son las más precarizadas. Sin embargo, subrayaron que estas políticas fueron enfrentadas con la resistencia en las calles al grito de ¡Vivas, desajustadas y desendeudadas nos queremos!
Siguiendo con las denuncias del impacto de la deuda sobre las condiciones de trabajo, Giselle Santana, trabajadora del INTI e integrante de la CTA Regional Norte CABA, enfatizó la relación entre endeudamiento y las políticas de ajuste que impactan sobre la feminización de pobreza. Discutiendo con las aseveraciones de algunas feministas que apoyaron públicamente al gobierno en la re-estructuración de la deuda con los bonistas; el pago de la deuda está lejos de iniciar un camino de crecimiento y reducción de la desigualdad social. Muy por el contrario, las mujeres, siendo el 50% de la población mundial, son el 70% de les pobres.
Para pagar las deudas ilegítimas y fraudulentas, los gobiernos desarrollan políticas de recortes de gasto público y privatizaciones con un impacto directo en la vida de mujeres y disidencias que deben asumir este costo. Las privatizaciones, por ejemplo, tienen como correlato el aumento de las tarifas de los servicios públicos, lo que impacta sobre el acceso en los sectores sociales más empobrecidos siendo una mayoría mujeres. Las cifras oficiales del gobierno dicen que vamos a pagar U$S 4000 millones de intereses de deuda. Un montón de recursos si lo comparamos con el presupuesto a salud, educación, asistencia social.
La intervención de la activista feminista y queer, Mabel Bellucci, de la Cátedra Libre Virgina Bolten, se centró en denunciar las implicancias del acuerdo con los bonistas para mujeres y disidencias sexuales en lo que respecta al trabajo doméstico. Este trabajo invisible, que integra las tareas de cuidado, es un sostén fundamental de la reproducción del sistema capitalista. La deuda implica una intensificación del trabajo doméstico; por este motivo propuso un “impago feminista de la deuda” que, apoyándose en los modos de resistencia, como las huelgas, que ha desplegado el movimiento feminista a nivel mundial, nos permita construir una vida digna de ser vivida.
En su turno, desde Salta, María Alaniz, de la Agrupación de Mujeres y Diversidades Beatriz Perosio, compartió algunos datos ilustrativos de las consecuencias de una deuda, que no fue tomada para beneficio del pueblo en general ni de las mujeres en particular, sino para la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Destacó que la deuda actual, de unos 32 billones de pesos, equivale a 10 veces el presupuesto de seguridad social. O a 9000 millones de asignaciones sociales. Pagar la deuda es quitar recursos que deberían destinarse a programas para reducir la brecha de género. Más aún en un país donde “la pobreza tiene rostro de mujeres, niñez y disidencias”.
Muy contundente, la activista travesti Marlene Wayar, en su denuncia manifestó que el colectivo travesti es víctima de un genocidio. Esto se evidencia en la expectativa de vida de tan solo 35 años o en que entre los 8 y 13 años son expuestas a la prostitución. El estado tiene una deuda enorme con el colectivo travesti que ha sido y sigue siendo constantemente violentado. “La comunidad travesti no hemos contraído esta deuda y somos excluidas de todo”, exclamó exigiendo un resarcimiento por todas las posibilidades que como seres humanos le han sido arrebatadas.
Con una mirada desde el ecofeminismo, Natalia Salvático, de Amigos de la Tierra, expuso la contradicción entre el capital y la vida. La pandemia es la manifestación de una superposición de crisis, que enfrentamos hace varios años, pero que tienen su origen en la lógica de un sistema depredador de la naturaleza. La crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, la crisis de los cuidados, de la salud, todas tienen su origen en el modo de funcionamiento del sistema capitalista. Como resarcimiento y reparación, exigió el fin del neoliberalismo y las políticas de austeridad; la anulación de una deuda de la que en realidad los pueblos somos acreedores; fortalecer la democracia; no volver a la normalidad racista y ecocida.
La realidad de las mujeres migrantes fue presentada por Violeta González de la Asociación de Mujeres, Migrantes y Refugiadas de la Argentina (AMUMRA), manifestando que el pago de la deuda impacta en sus vidas aumentando la precarización, incrementando la discriminación, criminalización y exclusión. Por ejemplo, la devaluación de la moneda, entre otras políticas exigidas por el FMI para entregar sus préstamos, afecta el envío de remesas y, por lo tanto, las cadenas de cuidado de las migrantes obligándolas a buscar otros trabajos precarios e informales para poder ayudar a sus familias, exponiéndose a todo tipo de acoso y violencia laboral y policial. Durante el gobierno macrista se intensificó el discurso xenófobo y la implementación de un DNU 70/2017, que a la fecha no se ha derogado, por el que se han expulsado 2000 migrantes sin el debido proceso judicial. La falta de regulación hace que las personas migrantes no puedan acceder a varios beneficios sociales estatales.
Mariana Gerardi Davico, militante de Venceremos PT e integrante de la Campaña Nacional contras las Violencias hacia las Mujeres, denunció enérgicamente, con voz colectiva, que la deuda y el ajuste son violencia patriarcal. Hablar de violencia económica es hablar de que con subsidio de $8.500 por mes no se llega ni a la mitad de la canasta básica. Es decir que, con una asignación por hije de $3.000 por mes no se garantiza ni la compra de un 1 kg de pan por día. Además, denunció el carácter estructural de la deuda que no se limita al último período de gobierno y tiene características históricas. Cada niñe que nace en nuestro país nace con una deuda que no generó. La deuda se sufre en los cuerpos. No son solo números macro-económicos, son cuestiones de vida. La violencia patriarcal se expresa de múltiples formas: las fuerzas represivas en las calles, responsables del femicidio de Florencia Morales en San Luis, la desaparición de Facundo, y tantos otros casos de gatillo fácil a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se expresa también en la muerte de enfermeras y en los aumentos de las denuncias que reciben a diario la línea 144, con trabajadoras completamente precarizadas. Son las mujeres y cuerpos feminizados quienes están en la primera línea de fuego a lo largo y ancho del país resistiendo, porque como lo expresó Mariana “No tenemos tiempo a deprimirnos, a ponernos mal. Ahí automáticamente nosotras nos organizamos”.
La relación entre los ciclos de endeudamiento y la trata de personas, fue denunciada por Blanca Rizzo y Graciela Collantes, Activistas Abolicionistas. Los préstamos a los países dependientes tienen como correlato el ajuste en las políticas públicas. Según datos de UNICEF se estima que 1 millón de niñes todos los años caen en las redes de prostitución. Este sistema prostituyente implica un negocio enorme que mueve millones. Por eso, la deuda es con nosotras. “Nos deben cada piba desaparecida para ser prostituida”.
Por su parte, el activista gay Pablo Herrero Garisto, testimonió sobre sobre la relación entre la deuda externa y abandono estatal de las personas gay, trans, travestis, y portadores de HIV-SIDA. Hay un entramado de intereses entre el FMI y otros organismos internacionales, como la OMC que se beneficia con los patentamientos, que condicionan las políticas de ajuste y saqueo. En su denuncia pidió que se declare al FMI, al Banco Mundial, a la OMC, y otros organismos multilaterales de crédito, como los responsables de la muerte de millones de personas y los daños a nuestra naturaleza. No pagamos lo que no debemos. ¡Somos los pueblos los verdaderos acreedores!
La voz de les precarizades fue expuesta por Yacki Flores, de la CTEP/MTE, quien manifestó que la deuda debe ser discutida. “No hace muchos años entendemos lo que significa el capital, lo que significa el capitalismo, lo que significa el patriarcado, lo que significa la violencia estructural. Sí hemos padecido muchísimo lo que es nacer sin derechos” afirmó con énfasis. Las conquistas que se han obtenido en el sector han sido arrebatadas por la lucha, destacó. Además, manifestó la necesidad de visibilizar a nuestros pueblos originarios y que migrar no es delito. La deuda se paga con el fruto de nuestro trabajo. El derecho a la educación, vivienda, salud y la felicidad no puede ser negado.
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