Tras las elecciones generales del 14 de noviembre, Alberto Fernández realizó anuncios que incluyeron la ratificación de Martín Guzmán frente al Ministerio de Economía y el envío de un proyecto de ley al Congreso para resolver un Plan Plurianual que contenga los trazos fundamentales de la política económica de los próximos años, como parte de la negociación de un acuerdo con el FMI por la deuda de U$S 45.000 millones que Macri nos legó.
Si bien el contenido del proyecto es aún desconocido, el presente arroja luz sobre el futuro. En términos económicos, el gobierno viene transitando un sendero claro que apunta a reinsertarse en el sistema financiero internacional, a pesar de los altos costos sociales de este camino. Por eso avanzaron en la renegociación de la deuda privada con los fondos de inversión, el achicamiento de los gastos del Estado (jubilaciones, IFE, salarios estatales) visto en los Presupuestos 2021 y 2022 y el pago puntual de los vencimientos con el FMI (U$S 6.500 millones en 2020-2021), un plan basado en los bajos salarios, la profundización del modelo extractivista junto con su intento de forjar una alianza con el círculo rojo empresarial.
A su turno, el empresariado y la oposición derechista reclaman una política todavía más agresiva hacia el pueblo trabajador, de mayor disminución del déficit fiscal, devaluación y liberación de tarifas, restricción monetaria y reformas estructurales en los campos laboral, previsional y tributario, además de presionar para que se cierre en forma urgente el acuerdo con el Fondo para negociar sus propias deudas corporativas. Con Macri y el ex ministro Dujovne como voceros, han salido a reivindicar el acuerdo Stand By y la asistencia a los bancos comerciales.
El FMI modera su discurso e imagen pública, pero mantiene firmes las tradicionales exigencias de políticas ortodoxas (incluidas aquellas “reformas”) y la supervisión sobre las economías deudoras, como se observó en el caso ecuatoriano. Los consensos en torno a la deuda y el ajuste están presentes en los bloques mayoritarios en el parlamento, los actores que son mayoría en el parlamento difieren en cuestiones de grado: plazos, montos, ritmos.
El pedido del gobierno al FMI para estirar los plazos de pago, eliminar las sobretasas y acceder a eventuales mejoras en el futuro pueden postergar el default pero ni siquiera solucionarían el problema financiero en el mediano o largo plazo, y ya tienen sus consecuencias sociales. Es inviable hacerse cargo de una deuda que no nos corresponde pagar y que no estamos en condiciones de afrontar.
Otras diferencias existen incluso al interior de la coalición gobernante, con un sector que si bien dice rechazar las condiciones más leoninas que un acuerdo impondría, hasta ahora solo propone ir a la discusión parlamentaria para plantear condiciones “aceptables” para el ajuste, las reformas y la pérdida de soberanía.
Aquel Plan Plurianual debe pasar por el Congreso porque el FMI establece como condición del acuerdo un apoyo político mayoritario, es decir, el visto bueno de la oposición de Juntos por el Cambio a la propuesta sustentada por los negociadores del Frente de Todos. En otras palabras, con el objetivo de pagar la deuda, el parlamento y el ejecutivo, la mayoría de los bloques políticos se preparan para acordar la profundización del ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores populares, que ya sufrimos índices preocupantes de desocupación, inflación, bajos salarios y pobreza.
Desde la Autoconvocatoria sostenemos que la deuda con el FMI no solamente es impagable por sus elevados montos y cortos plazos, sino que fundamentalmente se trata de una deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Fue originada para financiar la fuga de capitales y sostener al gobierno de Macri, incumpliendo las leyes de nuestro país y los propios estatutos del FMI. El gobierno lo sabe, pues el Banco Central investigó el crédito y concluyó que se trató de una gran estafa, aunque se encuentra estancada la querella judicial contra los responsables y la Bicameral de seguimiento de la deuda tampoco ha cumplido su tarea.
Desdeñando estos aspectos, integrantes del Frente que gobierna y de la derecha opositora han insistido en que no da “la relación de fuerzas” para romper con el Fondo, que implica “caerse del mundo” hacerlo, y que es posible crecer, dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y pagar la deuda. La experiencia de 2021 desmiente estos argumentos: la economía está rebotando a los niveles previos a la pandemia, pero los índices de pobreza e indigencia son de los peores de la historia, los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo frente a la inflación, la ganancia empresaria no para de crecer, mientras le pagamos al FMI y los acreedores privados miles de millones de dólares.
Al contrario, nuestro país puede y debe tomar una decisión soberana: suspender el pago de la deuda, realizar una investigación con participación y control popular y desconocer toda deuda ilegítima. Asimismo, reorientar el presupuesto destinado al pago de la deuda para desarrollar la economía, generar trabajo, aumentar salarios y jubilaciones, los presupuestos de salud y educación. Lejos de los pronósticos sobre la “caída del mundo” que implicaría dejar de pagar, es posible seguir comerciando libremente con nuestros productos exportables con muchas naciones en el mundo y, lo que es fundamental, puede ir de la mano con la fusión de nuestra lucha con la de los pueblos latinoamericanos que enfrentan los ajustes exigidos por las políticas fondomonetaristas, creando así una enorme barrera contra todo intento de aislar a nuestro país.
Desde la Autoconvocatoria llamamos a todas las organizaciones del campo popular a realizar una gran campaña para romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda (con este organismo, con el Club de París, y aquella renegociada con los fondos de inversión).
La máxima prioridad hoy, es rechazar el Plan Plurianual y el próximo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo.
¡La deuda es con el pueblo!
¡Fuera el FMI!
- Argentina, 23 de noviembre de 2021
