Presentación del Juicio a la Deuda y el FMI - intervención de Alejandro Olmos Gaona

A continuación la transcripción y el video de la intervención de Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos, en el homenaje a su padre y presentación del Juicio a la Deuda y el FMI, realizados el lunes 13 de julio pasado, en el 20 aniversario del fallo emitido por el juez Jorge Ballestero en la causa iniciada por las denuncias y las investigaciones de Alejandro Olmos.

Si quiere sorprenderse con el nivel de descaro y burla al pueblo argentino con que se desenvuelve el poder económico más concentrado y las instituciones que encubren y protegen los intereses de la anti-Patria, vea el video, o lea la transcripción...
 

"Hoy se cumplen esos 20 años del famoso y conocido fallo del juez Ballestero, a través de una sentencia que a pesar de sus limitaciones y precariedades y que yo he criticado mucho, mostró, por primera vez en el mundo entero, lo que fue la deuda contraída por una dictadura militar, a través de un largo proceso que duró 18 años donde originalmente intervinieron 35 peritos que fueron renunciando uno a uno hasta que quedaron nada más que seis: tres peritos del cuerpo de contadores de la Justicia Nacional y tres peritos designados, dos por la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y uno por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Curiosamente, el perito designado por la Academia de Ciencias Económicas (en ese momento la Academia la presidía Guillermo Walter Klein, padre del que fue secretario de programación de José Alfredo Martínez de Hoz), ese perito, el doctor Ruiz de Guillaume, además de ser un notable economista, integró este informe final. La conclusión final, además de todo un largo análisis, fue que la deuda externa de la dictadura no tenía justificación económica, ni administrativa, ni financiera, que los delitos denunciados se encontraban probados, que había habido preśtamos celebrados por personas que no tenían función pública y que después fueron ratificados por el Poder Ejecutivo... Ahí en todo este proceso se mostró lo que había sido el endeudamiento de las empresas públicas, de los avales que nunca pagaron las empresas y que debió afrontar el Estado. Es decir, se mostró todo un cúmulo de ilegalidades, el incumplimiento de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de una estructura legal para facilitar el acceso a los préstamos y al endeudamiento, por eso se dictó la ley de inversiones extranjeras, la de entidades financieras, etc.

Es decir: la investigación no fue muy buena porque tuvo una enorme cantidad de dificultades. ¿Cuáles fueron las dificultades?

Que el Banco Central se negaba a entregar documentación que le pedía la Justicia Federal, al extremo que las actas secretas del BCRA, a través de un dictamen jurídico del asesor letrado del Banco, planteó que el banco no iba a mostrarlas en razón de que había una decisión del Directorio que no lo permitía.
El juez que intervino en ese momento, que era el doctor José Nicasio Dibur, intimó al Banco Central que si no mostraba las actas iba a allanar el Banco porque ninguna institución del Estado podía negarse a un requerimiento del poder jurisdiccional, y fue así que llevaron y mostraron las actas donde estaban puestos en evidencia todas esas negociaciones espúrias que se habían hecho.

Entonces el juez, después de analizar todo esto llegó a una conclusión bastante débil. Y quiero hacer una aclaración: la idea original de la sentencia era establecer las responsabilidades penales de una serie de funcionarios pero el juez Ballestero no se animó a firmar esa sentencia y a mi el secretario del juzgado me mostró el proyecto de sentencia que tendría que haber salido y que finalmente no salió. Es decir que Ballestero no se animó porque indudablemente tenía que enfrentarse fundamentalmente a todos los grandes deudores del país, a los titulares de las empresas privadas que habían endeudado al país desde 1982 a través de decisiones del Banco Central, entonces enfrentar al poder financiero le resultaba muy complicado y emitió esa sentencia estableciendo, si, la ilegalidad de los préstamos, el incumplimiento de normas, el incumplimiento de la carta orgánica del Banco Central, y cometió un grave error, que en vez de cumplimentar las normas establecidas por el Código Civil y el Derecho Administrativo que establecen que los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias, se limitó a no decir una palabra de eso y a mandar la sentencia al Congreso de la Nación.

¿Qué hizo el Congreso? Absolutamente nada, como lo viene haciendo desde el 84 hasta el día de hoy, y lo notable es que cuando una persona muy amiga mía que era presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros quiso averiguar donde estaba el expediente originado con el oficio del juez con la sentencia, empezó a buscarlo, y después de una larga búsqueda lo encontró que estaba archivado bajo un nombre imposible de encontrar. Es decir que al Congreso no le interesó en absoluto el fallo de Ballestero ni la investigación de la deuda y lo mandó en un lugar donde van tantas cosas que no sirven para nada.

Yo creo que la importancia del fallo estriba en que, por un lado, primero, a través de 18 años se pudo recolectar una enorme cantidad de documentación; segundo, que ese fallo fue la base de toda una investigación penal que yo continué adelante hasta el día de hoy, y lo insólito, y esto no lo digo yo: en un dictamen firmado por el fiscal federal que entendió en la causa, el doctor Federico Delgado, ante el juez, y que además mandó a la procuración general de la Nación, le dijo que el hijo de Olmos, en este caso yo, había acompañado más documentos a la causa que el propio Estado a pesar de la cantidad de oficios reiterando pedidos de toda naturaleza.

Cuando se dictó el fallo, además, el doctor Delgado y el doctor Freiler, que también era fiscal en ese momento, de la causa, le pidieron al juez que mandara la actuaciones a la procuración del Tesoro en razón de que el Procurador del Tesoro, como abogado del Estado Nacional, iniciara acciones de responsabilidad económica contra todos los que había intervenido en los distintos procesos. En el año 2001 en ese momento el procurador, el doctor Ernesto Marcer, contestó que no se podía hacer absolutamente nada porque era una acción legal iniciada por un particular y no por el Estado, y nunca habían tenido instrucciones para hacer nada al respecto. Ese criterio del 2001 fue reiterado por todos los procuradores del Tesoro desde esa fecha hasta la última presentación hecha hace dos años. Entonces, recordando a ese célebre jurista argentino, el doctor Carlos Nino, que habló de la que la Argentina es un país al margen de la ley, esto lo demuestra palmariamente.

En el juzgado federal número 2, aparte de ese fallo existe, diría, una habitación de 4 x 4, llena de expedientes, de informes, de oficios, de pericias, de presentaciones, y el juez las mira y no resuelve nada. La última actuación que tiene la causa es el pedido de imputación penal al ex ministro Luis Caputo, al ex secretario de finanzas Santiago Baucili, al ex vicejefe de gabinete Mario Quintana, y el juez, desde 2018, tiene la causa parada. Yo he ido al juzgado muchas veces y además, como yo soy un particular denunciante, el doctor Delgado, que es el fiscal de la causa, ha hecho presentaciones yo diría ya que inútiles, ante el Procurador del Tesoro, el Procurador General de la Nación, y simplemente téngase presente que es lo que habitualmente hace el juez: no actúa.

Ahora bien, y para terminar, volviendo al fallo de Ballestero, si Ballestero hubiera tomado otra decisión, hubiera hecho lo que le manda el Derecho Administrativo y específicamente el Código Civil, donde dice que el juez de oficio puede declarar la nulidad de un acto probadamente ilegal, la cosa quizá hubiera cambiado, pero como se hizo una investigación, se probaron delitos, se  probaron actos irregulares, es decir, hubo un corpus probatorio muy importante, finalmente quedó ahí como un testimonio de lo que fue la dictadura militar en su aspecto económico, y lo inconcebible es que, además, teniendo ese fallo, ningún gobierno de la democracia haya querido hacer absolutamente nada, y que se haya llegado al extremo de que en el 2014 se firmara un acuerdo con los países que integran el Club de París cuando en la causa está demostrado que el 60% de esas obligaciones fueron contraídas por la Dictadura para compra de armamentos para lo que ya sabemos que hicieron con los muertos, los desaparecidos, y todo lo que es público en ese nefasto período. Es decir, es inadmisible que un gobierno democrático haya respetado escrupulosamente las deudas de la Dictadura Militar, y que todos los gobiernos que comenzaron en 1984 hicieran exactamente lo mismo.

Por eso, ahora que nos encontramos en una nueva reestructuración de la deuda donde pasa a ser más de lo mismo, donde antes de la pandemia eran unas condiciones y después de la pandemia, con la tremenda situación económica que vivimos, se han mejorado las condiciones para los acreedores, es decir, en vez de ir para adelante, vamos más para atrás, llegamos a la necesidad de hacer algo para que esto cambie. Así que bueno, yo creo que ya me excedí en el tiempo que me dijo Beverly y que hablen las otras personas que van a participar.

Un agregado que creo que es importante, porque es un agregado que yo siempre planteo y del que no se habla: la mitad de la deuda de la dictadura es deuda de empresas privadas, de las grandes empresas del país nacionales y extranjeras. Se hizo una auditoria de esa deuda por decisión del primer ministro de economía de Alfonsín, el doctor Bernardo Grinspun, y se determinó, en gran parte, que eran deuda ficticias, que no respondían a la realidad. La auditoría fue echada al archivo, seguramente a la basura, Grinspun se tuvo que ir y yo pude reconstruirla parcialmente por conocer a varios de los auditores, que fueron a los tribunales, dieron su testimonio, peresentaron los duplicados oficiales de la auditoría que habían hecho, mostrando ese escandaloso fraude que la Argentina pagó durante décadas sin reclamarle a esas empresas nunca, en ningún momento, que le devolvieran al país la plata que le transferimos”.

FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, NOS AUTOCONVOCAMOS HACIA UNA AMPLIA CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN POPULAR

SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA

¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICIARON DE LA ESTAFA DE LA DEUDA!

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA