La “justicia” que opera impunemente desde Comodoro Py, en sintonía con la Corte Suprema de Injusticia alojada en Talcahuano, cerró el lunes 19 de octubre una causa originada en el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018. Mientras crece la resistencia y la incertidumbre frente al plan económico y financiero del gobierno, se busca blindar a quienes ahora reinciden. Los apellidos involucrados en esa estafa, que aumentó en 45.000 millones de dólares la deuda externa de nuestro país y determinó la profundización de las políticas de miseria y saqueo fueron, además del multiprocesado Macri, su ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y otros funcionarios que hoy también son ministros de Javier Milei, tales como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, entonces titulares del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, y Santiago Bausili, actual presidente del Banco.
Son numerosas las denuncias contra ese empréstito, pues el objetivo del FMI y su mandamás, EEUU, era asegurar la reelección de Macri, tal como lo admitió el entonces representante de EEUU en el FMI y futuro titular del BID, Claver Carone. Desde esta Autoconvocatoria, nos presentamos en otra causa que aún espera dictamen en el Juzgado de Martín Cormick. Esas causas se abrieron bajo la acusación de delitos graves como administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, ya que esos 45.000 millones de dólares no tuvieron ningún destino productivo ni social sino que sirvieron para la fuga de capitales al exterior, no sin antes haber servido para comprar Lebacs, venderlas percibiendo un interés del 10 por ciento en dólares y salir otra vez a cuentas del exterior de una minoría de inversores, entre los que se presume hay familiares y empresarios amigos de los funcionarios acusados.
Es sabido además que la tramitación del crédito violó todos los procedimientos al respecto, sin pasar por el Congreso como ordena la Constitución Nacional, artículo 75, inc 4, ni basarse en informes y dictámenes previos. La acusación del fiscal Franco Picardi se basaba también en informes de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, que había cuestionado que la deuda con el FMI se contrajo sin que existiera un expediente previo que avalara la operación.
Crónica de una impunidad anunciada
Aunque la investigación fiscal fue correcta, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, nombrada por Macri en 2019, absolvió en febrero de este año a él y demás acusados de semejantes hechos de dependencia y corrupción. Previo a eso, el gobierno de Javier Milei había retirado a la Procuración del Tesoro como impulsora de la causa. Según lo denunciamos entonces, fue un gesto que además buscaba respaldar la legitimidad del Fondo, en circunstancias que ahora se repiten, cuando el gobierno de Milei intentaba destrabar un nuevo desembolso del FMI.
En septiembre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la resolución de Capuchetti, con las firmas de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, aunque el fiscal de Cámara Agüero Iturbe había respaldado el dictamen de Picardi y pedido la anulación de lo resuelto. Y seguidamente la maquinaria judicial macrista y mileísta actuó bajo el dictamen de otro fiscal, Raúl Pleé, que falló a favor de cerrar la causa y salvar a los endeudadores y corruptos según fue confirmado el 19 de octubre por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo de la Sala IV de la Cámara de Casación.
Desde Capuchetti hasta los jueces de Casación arriba mencionados, pasando por la Cámara y el fiscal Pleé, todos mintieron al afirmar que “no existían pruebas de un delito penal y que se trataba de una decisión de política económica ajena al control judicial”. De esta forma alevosa, el Poder Judicial intenta cerrar el círculo perverso del crédito del FMI que nos hizo más pobres y más endeudados, pues la deuda bruta nacional se ubica hoy en los 486.628 millones de dólares, según informa el Ministerio de Economía, al 30.9.26.
Además de la responsabilidad central de los gobiernos de Macri y Milei, por endeudadores seriales, hay que señalar también la responsabilidad del gobierno del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) por haber aprobado en marzo de 2022 en el Congreso la convalidación de aquella deuda a través de un nuevo acuerdo para refinanciar los pagos pendientes. Recientemente, los senadores de UP votaron favorablemente los nombramientos de jueces propuestos por Milei, los mismos que ahora están sobreseyendo a estos personeros del FMI.
Hay otro camino
Por ello, la conclusión obvia es la que viene sosteniendo esta Autoconvocatoria desde el Juicio Popular a la Deuda de 2020, en unidad con otros sectores: esa deuda con el Fondo debe ser desconocida, suspendidos sus pagos e investigada y sancionados sus responsables, y el FMI echado de nuestro país.
Macri, Caputo, Sturzenegger y demás responsables de ese endeudamiento fraudulento, que empobrece cada día más al pueblo trabajador y atenta contra la naturaleza y nuestra soberanía, tienen que ser juzgados e ir presos. Ello no va a ocurrir con estos gobiernos obedientes con el FMI, el imperialismo, el sionismo y los monopolios.
Si este Poder Judicial corrupto continúa, aún cuando en el futuro se consiguieran algunas buenas leyes o algunas conquistas arrancadas con luchas, estos jueces, camaristas y supremos las anularán o declararán inconstitucionales.
Por ello desde la Autoconvocatoria llamamos a la más amplia Unidad para luchar y derrotar a este gobierno corrupto, hambreador y endeudador, sus gobernadores cómplices y su Justicia adicta, para defender nuestros territorios, luchar por empleo y salario, por la Educación y Salud públicas, por presupuesto universitario, en defensa de nuestras riquezas naturales, los derechos humanos, de las mujeres y diversidades, de las personas con discapacidad, jubiladxs, las Malvinas que son argentinas y toda nuestra soberanía.
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO
E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
-Argentina, 27/10/26
