En momentos en que en los distintos sectores políticos del pueblo organizado y en la opinión pública en general viene creciendo la exigencia del no pago de la estafa de la deuda, impulsada por Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel la campaña de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda sigue adelante: hoy se realizará, a las 18hs., el Conversatorio "¿Agua para la deuda? o ¿Agua para la vida?", con la participación de diversos referentes políticos y sociales, en el marco de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida.
Disertarán, bajo la coordinación de Beverly Keene, de Diálogo 2000:
Demián García Orfanó, economista, integrante de Marabunta y de esta Autoconvocatoria.
Verónica Heredia, Fiscala en el Juicio Popular a la Deuda y el FMI.
Pablo Domínguez, integrante de la Asamblea El Algarrobo, Andalgalá.
Gladys Rubinich, Secretaria de Ambiente de la Seccional Rosario de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE).
Karina Forcinito, economista, integrante de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica.
Silvina Borgia, Asamblea No a la Mina, Esquel.
Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal no se toca.
Graciela Hermoso, integrante de la Asamblea Socioambiental Zona Este, Mendoza.
Varias victorias (claro que parciales e insuficientes, pero victorias que de todas maneras son absolutamente encomiables) se han obtenido hasta hoy para proteger a la naturaleza de la depredación capitalista. A continuación citamos algunas:
los pioneros del pueblo de Esquel, con su gesta de "No a la mina", han logrado hasta el momento, con la pueblada del conjunto de Chubut, proteger a esa provincia del envenenamiento del agua y de la destrucción de las montañas que produce la megaminería.
en Mendoza, a fines de 2019, la pueblada también ha logrado lo mismo.
en San Juan, Catamarca, La Rioja..., y otras provincias argentinas, movilizaciones populares resisten la depredación de las corporaciones capitalistas. Sin esta resistencia, todo sería mucho peor.
por otra parte, los pueblos originarios, con su concepción de respeto por la Madre Tierra y la Madre Naturaleza, también se plantan en defensa de sus territorios y, gracias a su determinación de lucha, recuperan día a día más territorio de las garras de los capitalistas (¡capitalistas que hasta llegan a incendiar los bosques para acaparar tierras!).
Está más que claro que la depredación capitalista está provocando la destrucción del Medio Ambiente, depredando los recursos naturales, envenenando el agua, arrasando los bosques, agotando y contaminando los suelos con la agricultura tóxica...
Esquel
La pretendida deuda es una de las facetas, quizá la más visible, de todos estos abusos. La verdad es que el pueblo no debe nada. Por el contrario, como dice nuestra canción, nosotros, los pueblos, "somos acreedores".
El lunes 14 de septiembre se realizó el 8º Foro de Denuncias del Juicio Popular a la Deuda y al FMI con el objetivo de poner en evidencia cómo impacta en el Hábitat tanto el proceso de endeudamiento como los condicionamientos del FMI y demás Instituciones Financieras Internacionales (IFI).
En este 8vo #LunesContraLaDeuda, presentaron denuncias Sergio Val, de la Fundación Che Pibe, de la CTA Autónoma Nacional; María Carla Rodríguez, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y Corriente Sindical Carlos Chile; María Claudia "La Negra" Albornoz, referente de La Poderosa; Soledad Torres, del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS); Pablo Vitale, Co-Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e Integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Capital; Rodolfo Ariel Segovia, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda; y la Arquitecta Beatriz Pedro, profesora del Taller Libre de proyecto social (FADU, UBA). Estuvieron presentes los/as integrantes del Tribunal Popular - Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, y Miguel Julio Rodríguez Villafañe – y les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela.
Reiteramos que están convocadas todas las organizaciones populares a participar en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada. Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente al correo juiciopopulardeuda@gmail.com.
La Coordinación de este nuevo Foro de Denuncia estuvo a cargo de la Dra. Beatriz Rajland, que reflexionó sobre el carácter de los mismos, los que constituyen un primer momento del Juicio Popular a la Deuda y al FMI y en el marco de la Campaña por la Suspensión de Pago e Investigación de la Deuda. Una Deuda Pública que entendemos es, fácilmente, catalogable de ilegítima, ilegal y odiosa y con una grave incidencia en las diversas dimensiones de nuestra vida cotidiana.
Es por ese motivo que durante estos siete lunes hemos recogido testimonios de referentes de movimientos y organizaciones que han establecido esa vinculación entre la problemática que los une y por la que luchan, con el condicionante del sistema deuda. De esta forma se han realizado ya el Foro de Salud, Hambre, Soberanía Alimentaria y Territorio, Trabajo, Derecho de las Mujeres, Feminismos y disidencias sexuales, sobre Agua y Extractivismo, Pueblos Originarios, Educación. Todos ellos han aportado múltiples pruebas sobre lo que significa la Deuda Pública (Externa e Interna) e incluso las Deudas Privadas. Esto conforma un material de importante valor para las decisiones que tomen los integrantes del Tribunal Popular, los/as Peritos y demás integrantes del mismo.
Lamentablemente, no pudieron estar presentes, en el 8° Foro, representantes de la lucha que se lleva a cabo en Guernica, lucha por un pedacito de tierra para poder vivir junto a sus familias…su testimonio, su denuncia hubiera sido clave pero, sabemos que su deber es estar allí, resistiendo por una justa causa.
Previo al inicio del Foro se estrenó una nueva versión de la canción “Somos acreedores”.
Las intervenciones dieron inicio con el testimonio del primer referente, Sergio Val de la Fundación Che Pibe, ubicada en la cuenca baja del Río Matanza-Riachuelo. “Desde nuestra organización intentamos aportar al desarrollo integral de la infancia y su medio, que podríamos llamar 'hábitat'. Es fácilmente demostrable, en los 33 años de trabajo en la Villa, la incidencia y el daño que genera a la niñez la falta de recursos destinados, en gran parte, al pago de la Deuda” señaló. Describiendo el deterioro del hábitat donde vive la población, a causa de la pobreza estructural en que está sumido el país por efecto directo de una Deuda Pública. Reflexionando sobre las sucesivas renegociaciones de la deuda sin haber sido investigada y, sobre la necesidad de obtener dólares para el pago de la misma, provenientes sobre todo de un modelo económico basado en el extractivismo, en la explotación de nuestros bienes comunes y en la expulsión de sus territorios a sus pobladores. Quienes terminan hacinados en los bordes de las grandes ciudades, en asentamientos sin servicios elementales y donde la perversión del capitalismo termina sembrando hambre, enfermedades, droga y violencia.
Sergio dio fin a su sentida exposición pidiendo sanción a todes los/as responsables de la Deuda Pública contraída en nuestro país y una inmediata suspensión e investigación de la misma.
Luego de responder algunos interrogantes hechos por miembros del Tribunal, continuó dando su testimonio María Carla Rodríguez, militante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). “Nos dedicamos a impulsar la perspectiva autogestionaria en la producción del 'hábitat', venimos hace algunas décadas desarrollando el cooperativismo de propiedad colectiva, de ayuda mutua, promoviendo la producción auto-gestionaria, la organización de cooperativas de trabajo sin patrones y lo que tiene que ver, también, con una dimensión educativa de este proceso” señaló con entusiasmo. Como también, continuó, “hemos ido impulsando lo que tiene que ver con la función soberana del Estado en relación al fortalecimiento de las capacidades del pueblo. Experiencias como la ley 341 en ciudad de Buenos Aires o la reforma de la Ley 19 en Tierra del Fuego han permitido el desarrollo en la construcción de viviendas administrando, directamente, los recursos e incidiendo en la incorporación de la autogestión”.
Completó su testimonio explicando que es: “desde esta experiencia que compartimos lo ya señalado, que la deuda es odiosa e ilegítima porque tiene consecuencias que son desastrosas. Nosotros consideramos que la deuda es parte de una lógica integral de dominación de nuestro pueblo, que tiene que ver con la dinámica permanente de saqueo del modelo capitalista, con su lógica de subordinación imperial. Que está acompañado por una lógica de naturalización y sometimiento integral trasladándose a aspectos de la vida privada y cotidiana”.
Interesante relato realizó Carla en relación al cálculo de las viviendas auto-gestionadas que se podrían haber construido afectando los 4.500 millones de dólares que este año 2020 se van a usar para cancelar Deuda Pública. "Con ese dinero podrían materializarse cerca de 70 mil viviendas de 65 metros cuadrados, involucrando unos 70 mil trabajadores en cooperativas de trabajo, es decir, 140 mil familias de manera directa. Además de otros aspectos que no tienen precio, como son los lazos de solidaridad, el reforzamiento de las capacidades comunitarias, que no se pueden cuantificar pero que marcan otro modo de vida".
"Denunciamos, por lo tanto -expresó finalmente-, esta extracción ilegítima e ilegal de recursos a través de la deuda externa. Y, remarcamos que para nuestra organización son importantes, en términos de educación popular, las conclusiones que extraiga este Tribunal para discutir y difundir con nuestras propias organizaciones y entre las organizaciones del campo popular la necesidad de que, como primer paso, se suspenda el pago de esta Deuda Pública y que estos recursos se redirijan a la resolución de las necesidades cotidianas con nuestro pueblo, sobre todo en tiempos de pandemia. Y, remarcamos, también, que estas problemáticas no se resuelven en un solo país, que la lucha se debe articular con otros pueblos de Nuestramérica. Nosotros participamos, también, de la Secretaria Latinoamericana de la Vivienda Popular. De esta forma, vamos llegando a la comprensión de que es fundamental potenciar mecanismos de cooperación multilateral entre los pueblos que realmente tengan que ver con generar un nuevo tipo de institucionalidad y, a su vez, los lazos solidarios, el respeto de la vida humana y no humana, la soberanía popular para caminar hacia una transición que nos permita dejar atrás este capitalismo depredador de la Naturaleza y la Vida".
El Foro de Denuncia continuó con el testimonio de María Claudia “la “Negra” Albornoz. “Nosotras y nosotros, explicó, somos parte de La Poderosa, un movimiento social y político latinoamericano. Procuramos una construcción regional de esta 'patria grande' que trascienda las fronteras de una sola nación, nos basamos en la 'solidaridad internacionalista' como una de las principales cualidades para la transformación de los pueblos. Tenemos nuestras semillas plantadas en 114 Asambleas en toda Sudamérica, en México... En Cuba utilizamos la comunicación y la educación popular, el deporte, el cooperativismo, la lucha contra la violencia machista e institucional y el empoderamiento de las vecinas y vecinos de nuestras barriadas, como herramienta para dicha transformación. Entendemos que la articulación en la región es la única manera de pensar un proyecto para nuestros pueblos más justo, que garantice los Derechos de todos los seres humanos ante la profundización de los modelos neoliberales".
"Nuestras barriadas -continuó- cargan sin duda con la parte más pesada de la toma de Deuda Pública, entendiendo que, en general, se pide dinero para saldar las desigualdades que venimos denunciando pero, sistemáticamente, vemos que los resultados nos dejan afuera del reparto de esas políticas públicas. Lo que explica el aumento de la pobreza estructural que año a año se profundiza. Utilizando simples encuestas que hacen a menudo (mientras se reúnen con los/as vecinos/as), dan cuenta lo que la 'macroeconomía' llama pobreza estructural… ¿qué significa? Lo que es, fácilmente comprobable, a partir de las mencionadas encuestas. Cuando se confirma a las sucesivas generaciones sin trabajo formal, sin obra social, sin terminar la escuela…con múltiples carencias y allí se pone en evidencia como esas políticas públicas no llegan a las barriadas empobrecidas. Y, habla de los comedores… del aumento exponencial de las raciones en estos últimos meses, todo sostenido por la mano de obra invisibilizada de las mujeres. Y así, van trazando el mapa de la pobreza… a través del 'Observatorio villero' que mes a mes da cuenta de las extremas carencias en los barrios populares".
Describiendo con crudeza los datos horribles y duros que nos indignan, expresaba, la Negra, haciendo una comparación con la fuga de capitales que superó los 86 mil millones de dólares, monto tan necesario para urbanizar las villas de la ciudad, denunciando, concretamente, que se ha tomado deuda con el objetivo (supuesto) de beneficiar a los más empobrecidos y eso, claramente, no llegó, por lo contrario, sufrimos cada día mayores carencias, potenciadas ante la crisis de la pandemia.
Soledad Torres, integrante del MULCS, continúo con los testimonios de la tarde, relatando que el Movimiento que representa está conformado por distintos espacios territoriales, varias familias integrantes del mismo están ocupando tierras en Guernica desde el día uno. Luchando con solidaridad, compromiso y esfuerzo por tener una vivienda digna y una vida digna. Involucrándose, también, en cooperativas de trabajo, en comedores populares, donde concurren cientos de familias, por eso nuestra necesidad, expresaba, de estar aquí, frente al Tribunal Popular para relacionar nuestra situación, nuestras urgencias con el pago de la ilegítima Deuda Pública. Como repercute en nuestro cotidiano…pero, a su vez, expresaba, que es difícil pensar en una Deuda contraída a nuestras espaldas cuando estamos rodeados de carencias e injusticias: el hambre, la desocupación, la esclavización laboral de nuestros compañeros/as, fundamentalmente, las mujeres y disidencias. Frente a esta pandemia que se lleva vidas humanas, decidimos estar aquí, testimoniando frente a este Tribunal.
Pablo Vitale, Co-Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, comenzó su intervención explicando que ACIJ es una organización de la sociedad civil que viene trabajando desde hace casi 20 años en la lucha por la efectivización de diferentes derechos, para el fortalecimiento de la democracia y, puntualmente, respecto a temas habitacionales. Por eso su trabajo en villas de la ciudad de Buenos Aires, reclamando por la prestación de servicios de infraestructura equivalentes al resto de la ciudad, denunciando al gobierno por el tratamiento diferencial y discriminatorio que hay en estos barrios en la prestación de servicios.
Pablo relata que "a partir de esto, un grupo de Abogados/as nos fuimos involucrando junto a la lucha de pobladores y pobladoras y de las organizaciones territoriales. A partir de esto, vimos qué tienen en común todas las problemáticas habitacionales, qué rol tiene la vivienda dentro del sistema económico capitalista actual. Que justamente va tendiendo a tener un rol de activos financieros, y no cumple el rol de derecho básico elemental. Y esto tiene repercusiones concretas en relación a las restricciones del acceso a la vivienda para los sectores populares y, además, teniendo un rol muy relevante la vivienda en el mercado inmobiliario".
Recordó la crisis de 2008, fundamentalmente, dada por una especulación inmobiliaria, crisis que pagan siempre los sectores populares. Analizó, también, la creciente financiarización del mercado inmobiliario factor relevante para entender qué es lo que va pasando, cuál es el lugar de la vivienda, las restricciones del acceso al hábitat y asociar esto a las causas de las deudas que padecen los pueblos del Tercer Mundo.
Interesante fue su reflexión en torno a dar respuesta a las crisis económicas usando la industria de la construcción y la reactivación de la construcción de viviendas como una forma rápida de reactivar la economía, pero sacrificando la respuesta habitacional ya que en general se trata de grandes proyectos de vivienda para la acumulación de algunos sectores en particular pero, con respuestas habitacionales muy malas que no han mermado la crisis habitacional de los sectores populares. Con sólida argumentación, Pablo realizó un pormenorizado análisis sobre el rol que tiene que tener el Estado para garantizar el acceso a la vivienda a los sectores populares.
Pablo completó su testimonio con un análisis de la jurisprudencia y la normativa respecto al acceso al agua potable. Para finalizar, planteó que el desafío es garantizar la universalidad y la gratuidad en el acceso al agua potable y que la deuda, hoy, es con la urgencia por garantizar la universalidad y la gratuidad en el acceso a ese servicio esencial.
Posteriormente tomó la palabra María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e Integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Capital. "Desde el trabajo articulado de estas dos organizaciones -explicó- venimos llevando adelante, hace más de diez años, en diferentes barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, donde comenzamos a organizar, sobre todo a las mujeres, en torno a la urgencia del hambre y, esto nos llevó a la urgencia del agua y terminamos discutiendo el conjunto de las Políticas Públicas en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, que acompañamos el rechazo a esta deuda ilegítima y fraudulenta pero, expresó, haré referencia a una de las dimensiones fundamentales del hábitat, que es el acceso al agua potable".
Hizo un interesante recorrido histórico sobre la infraestructura de agua potable y saneamiento en nuestro país, que fue pionera en materia sanitaria en la región hasta después de la dictadura cívico-militar, que desguaza el sistema sanitario argentino. Proceso que termina de consolidarse con la privatización de los servicios de agua y saneamiento y la mercantilización del agua en la década de los 90. El interrogante que planteó fue: "¿qué sucede hoy, y en qué escenario estamos, 140 años después? La deuda sin duda, es con los más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos que en nuestro país no acceden formalmente al agua potable, uno de cada diez ciudadanos, a nivel nacional y, uno de cada siete en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país y, en la ciudad con presupuesto europeo, superponiendo el mapa de falta de acceso formal al agua potable, por ejemplo, con el mapa de contagios por Covid-19, vemos que coinciden. Y, en las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres habitantes no acceden, formalmente, al agua potable, por lo tanto, los contagios se multiplican cuatro o cinco veces respecto al norte".
Rodolfo Ariel Segovia, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda prosiguió con su testimonio respectivo, relatando las características de esta Asamblea vecinal que arranca durante el último gobierno cívico-militar, cuando los militares expropiaron tierras de los quinteros donde se realizaban producciones hortícolas para crear el Ceamse. Entre este sitio y el río existe un bosque nativo que es una reservada natural, legislada municipalmente. Allí se cometen una serie de irregularidades donde se continúa gastando dinero en lugar de prevenir la contaminación para poder tener el agua potable.
Rodolfo se pregunta: "¿qué sucede hoy, y en qué escenario estamos, 140 años después?"
Responde que "la deuda
sin duda, es con los más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos que
en nuestro país no acceden formalmente al agua potable, uno de cada diez
ciudadanos, a nivel nacional y, uno de cada siete en la ciudad de
Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país y, en la ciudad con
presupuesto europeo, superponiendo el mapa de falta de acceso formal al
agua potable, por ejemplo, con el mapa de contagios por Covid-19, vemos
que coinciden. Y, en las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires,
uno de cada tres habitantes no acceden, formalmente, al agua potable,
por lo tanto, los contagios se multiplican cuatro o cinco veces respecto
al norte".
Además, Rodolfo manifiesta que "denunciamos que las obras proyectadas se financian a través de préstamos, que la problemática es muy compleja y sobre todo vinculada a la contaminación. Tenemos el Ceamse -describe- que es un basural a cielo abierto que contamina el río, tenemos la toma de agua y ahora quieren poner una planta de tratamiento. Nosotros no nos oponemos a la planta de tratamiento sino a su ubicación: una zona de reserva que seguirá degradándose. Nuestra defensa no es sólo del bosque sino, también, de los arroyos vinculados al bosque nativo y de la desforestación del mismo. Nuestro compromiso es enviar al Tribunal esta denuncia ampliada y la Ley de Bosques de presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos de la provincia de Buenos Aires que está por debajo de lo que es la Ley Nacional así como toda la documentación vinculada a nuestras denuncias" concluyó Rodolfo Segovia.
En la finalización de este 8° Foro de Denuncia presentó su testimonio la Arquitecta Beatriz Pedro, profesora del Taller Libre de proyecto social (FADU, UBA). Comenzó relatando que en el año 2001, la enorme crisis popular permitió visibilizar las demandas populares, las necesidades sociales pero, en particular, las problemáticas de hábitat. "Por ese motivo -expresa- creamos junto con otros docentes y estudiantes un taller que se llama Taller Libre Proyecto Social que ya lleva prácticamente 20 años, cuyo objetivo es desarrollar trabajos con organizaciones sociales y grupos colectivos en toda el área metropolitana, buscando poner el conocimiento de los profesionales, en particular del proyecto que generalmente está al servicio de los intereses y los programas de las clases dominantes, colocarlo al servicio de las necesidades de las clases populares. Trabajamos todos/as con este enfoque, la formación de profesionales que valoren la vivienda, la vida de los pueblos, sus necesidades y decisiones y se dispongan a proyectar procesos de hábitat integrales y sustentables, con perspectiva de género y realizando diagnósticos con democracia participativa, creando en colectivo con las comunidades para llevar adelante programas y políticas públicas apropiadas y necesarias para las transformaciones de fondo".
Además, aclara que "esto lo compartimos con organizaciones y movimientos del país y con otros cientos de profesionales con los cuales integramos distintas redes entre ellas la Red Hábitat Argentina, los encuentros nacionales y latinoamericanos de Arquitectura Comunitaria que han reunido a cientos de jóvenes profesionales que buscan poner sus conocimientos al servicio de las necesidades populares y en particular soy parte de la Red de Cátedras Latinoamericana de Vivienda y, de la Coalición Internacional de Hábitat".
Beatriz Pedro enfatiza que "hoy, frente a este Tribunal Popular consideramos necesario expresar que la deuda es odiosa e ilegítima como todos/as lo han definido (contraída por sucesivos gobiernos, que llevaron adelante políticas económicas recomendadas e impuestas por FMI y las IFIs) y que tiene consecuencias desastrosas en términos materiales, políticos y culturales y creemos que hoy la emergencia sanitaria se entrelaza con la crisis habitacional y ambiental que estamos viviendo y que debemos poner en el centro las causas estructurales profundas del problema de la vivienda y el hábitat de nuestros países. Decimos que esas causas llevan la marca de la dependencia y el saqueo entre ellos por las deudas externas que han modificado y ordenado el territorio, el hábitat rural y, urbano en función no de los intereses y necesidades populares y de la independencia nacional sino de los intereses de los grandes propietarios de tierra rural y urbana y de las corporaciones de negocios especulativos ligadas al capital financiero internacional. Decimos, finalmente, que la emergencia habitacional es el resultado de la estructura productiva extractivista con híper concentración urbana en el área metropolitana y en las ciudades capitales de las provincias, que tienen al proceso de endeudamiento como cadena integral de la dominación de nuestro pueblo, impidiendo que lo podamos cambiar porque el agronegocio y la urbanización especulativa son parte integrales del mismo proceso y la deuda es la cadena que sigue obligando a consolidar esa estructura extractivista para poder pagarla. Por ese motivo, venimos a denunciar esta situación en particular y porque creemos que es un desafío transformar esta situación que genera una forma y un enfoque cultural que hace que la mayoría de nuestra formación universitaria sintonice con los valores de esa producción extractivista y de esa forma de construcción del hábitat". Acotando, finalmente, que "creemos que hay que modificar la relación de estas problemáticas con la deuda y nos parece fundamental aportar en ese sentido".
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR! ¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA! ¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
El 24 de agosto pasado se realizó el 5° Foro de denuncia del Juicio Popular a la deuda y al FMI, en lo que está instituido como los #LunesContraLaDeuda, ya que todos los lunes se vienen realizando foros de denuncia contra la estafa del endeudamiento público. Organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, en esta ocasión representantes de distintas asambleas socioambientales del país, de universidades y sindicatos expusieron sus denuncias en torno al agua y al extractivismo.
A continuación, transcribimos la mayor parte de la crónica que publicó Venceremos-PT, integrante de la Autoconvocatoria, más algunos agregados.
Red Ñimiñ, Río Santa Cruz: Gerardo Alberto Gil Ferreño y Ainelén Rosales. Denuncian un proyecto de mega – represa en Santa Cruz, que comenzó a construirse en 2014 tras un acuerdo con China. El FMI destaca el acuerdo financiero entre Argentina y China, que representa el 45% de las reservas de nuestro país. Este acuerdo se centra en las necesidades económicas y deja de lado las afectaciones a la naturaleza y los pueblos. Es el proyecto hidroeléctrico más importante en el que ha invertido China extraterritorialmente. En la provincia, es presentado como el instrumento para paliar la desocupación y la pobreza. El proyecto incumple con la Ley General de Ambiente y existen denuncias en la oficina anticorrupción de funcionarios involucrados por estudios incompletos y viciados. Al finalizar la construcción se formarían dos diques cuya superficie representa dos veces la Ciudad de Buenos Aires o dos veces el Glaciar Perito Moreno. El Río Santa Cruz es un río glaciario, originado en el campo de hielo sur compartido con Chile, el tercer cuerpo de hielo más grande del mundo y una de las reservas de agua dulce en estado sólido más importantes. Los estudios de impacto ambiental han omitido y minimizado las consecuencias que la mega represa tendría sobre los cuerpos de hielo. Los diques inundarán zonas de patrimonio arqueológico. Los pueblos mapuches-tehuelches afectados no han sido informados y consultados debidamente sobre el proyecto. Desde la red se pide que se realicen nuevamente los estudios de impacto ambiental y el cese inmediato de la obra, así como la reformulación de la matriz energética del país.
Amigos de la Tierra: Diego Martínez. Amigos de la Tierra se trata de un espacio de organizaciones ambientalistas de América Latina y el Caribe, que acompaña comunidades en lucha por defender el agua y el territorio. Denuncian el proceso de privatización y mercantilización del agua en la región, que se inició en la década del 90, con gobiernos neoliberales y la inversión financiera del Banco Mundial. Éste otorgó préstamos condicionados a que parte de la gestión de las empresas de servicio de agua fuera privada. Así, se instalaron empresas mixtas, en la que los privados deciden dónde se realizan las inversiones, aunque son los estados los que asumen los costos de los préstamos. La mercantilización fue presentada como buena argumentando que la competencia iba a generar mayor productividad. Sin embargo, resultaron monopolios ineficientes, con base tecnológica obsoleta, ineficientes inversiones, mantenimiento deplorable y con direcciones burocráticas y corruptas. Argentina tiene 59 denuncias acerca de este manejo del agua en organismos de arbitraje internacional. En las últimas décadas, se ha iniciado una tendencia de “municipalización” de la gestión del agua, con una desprivatización del 62% de las empresas en América Latina, lo que muestra el fracaso del modelo privado. Existen 80 mil organizaciones comunitarias que gestionan el agua en la región en la actualidad. Se reclama el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental y no como una mercancía, el cuidado de los territorios esenciales para el ciclo hídrico y el derecho de la soberanía de los pueblos para decidir sobre el uso de las aguas de su territorio.
Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales: Hace cinco meses que una isla de una superficie equivalente a cinco ciudades de Rosario está prendida fuego por la quema intencional de grandes regiones de tierra. En las islas hay reservorios de agua dulce y constituyen espacios de purificación del agua y hábitat de varias especies, que han perecido bajo el fuego. Los incendios han llegado hasta las casas de los isleños, que son los únicos que están intentando apagar el fuego junto con integrantes de la multisectorial. Todos los años se producen incendios, ya que los dueños de grandes extensiones de tierra, para aprovechar al máximo la superficie de sus campos para plantar soja, intentan llevar el ganado a las islas y queman pastizales para que el pasto después crezca verde y sirva como alimento de los animales. Se han imputado a empleados de estos empresarios, que fueron encontrados con bidones de nafta en las islas, pero no se avanzó contra quienes los mandaron a realizaron los incendios. Se reclama por una ley de humedales que declare esas regiones como patrimonio de la humanidad. La soja, además, es fumigada de forma aérea con agrotóxicos que afectan la salud de las personas, la tierra y el agua. Las fumigaciones aéreas incluso se hacen sobre escuelas rurales, tirando veneno sobre ellas. El agronegocio atenta contra la vida de las personas y de las especies animales y vegetales: uno de los puertos más grandes del interior del país está en la provincia, para llevarse los granos, pero desde la década de los 90 es privado (Vicentín es uno de los propietarios). Se estima que el 40% del dinero que se produce ahí está destinado a pagar la deuda.
Asamblea Jachal No se Toca, San Juan: Saúl Argentino Zeballos. La Asamblea nace en 2015 denunciando los sucesivos derrames de cianuro y mercurio en el río Jachal por parte de la minera Barrick Gold y la instalación de una mina de uranio que contaminaría el acuífero de Huachi. Denuncian al Banco Mundial, que otorgó préstamos por 69,5M de dólares (que forman parte de nuestra deuda externa) que financiaron programas de asistencia a la minería argentina (PASMA 1 y 2) desde 1995 a 2001. La deuda es ilegítima, ya que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, el dinero se destinó a realizar estudios geológicos que abarataron los costos de las empresas y modificar la legislación para allanar el camino para el saqueo y la contaminación de las multinacionales mineras conforme a un plan imperialista. Tanto la UNESCO como el IANIGLA y funcionarios de gobierno permitieron que las mineras se instalaran en reservas acuíferas de San Juan, incumpliendo la ley de Glaciares, realizando inventarios de glaciares a medida de las empresas. El gobierno de San Juan ocultó el primer derrame de la mina Veladero y dejó a su merced a lxs habitantes de la región. La Corte Suprema demoró exageradamente la actuación en torno a los derrames, y sólo responsabilizó a empleados, pero no al gerente de la empresa Barrick Gold. Además, estas empresas pagan impuestos según lo que declaran que extraen, que es menor a lo que efectivamente se llevan. Además, las exportaciones se realizan en “lingotes doreé”, en cuyo interior se encuentran no sólo oro y plata en mayor proporción que los declarados, sino otros metales por los que no pagan impuestos. A pesar de que este contrabando ya ha sido denunciado a la justicia, esta ha permitido que el saqueo subsista.
Asamblea Socioambiental de la Zona Este, Mendoza: Graciela Hermoso y Silvina Pereyra. Denuncian que el fracking y la megaminería que se pretenden instalar en Mendoza y otros pueblos cordilleranos atentan contra el derecho constitucional a un ambiente sano. En el caso de Mendoza, existe una gran connivencia político-empresarial. Los proyectos mineros y petroleros tienen un tratamiento privilegiado dentro de la legislatura y otros organismos de gobierno. Hay una relación de estos emprendimientos con la necesidad de generar divisas para pagar la deuda. Durante el gobierno de Cornejo (2015-2019), se aumentó un 400% la deuda contraída por la provincia. Estos préstamos no fueron destinados a actividades que generan empleos, sino que por el contrario, la desocupación y pobreza aumentó. Las actividades mineras y petroleras son mostradas como la salida a esos flagelos sociales, a pesar de que la provincia está inmersa hace diez años en una crisis hídrica, con una disminución de hasta un 60% del caudal de los ríos, por lo que resultaría inviable el uso de las grandes cantidades de agua que requieren estos proyectos, que además representan peligro de contaminación. En diciembre, el gobierno pretendió modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros, y una gran movilización popular, que incluyó cortes de ruta en todo el territorio, logró frenarlo. Por otra parte, el fracking se ha impuesto –reglamentado por decreto y no por ley, para evitar su tratamiento en la legislatura- en los últimos años en el departamento de Malargüe, al sur provincial, sin la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes. En 2017, se encontraron evidencias de contaminación en las cuencas de agua. A pesar de esto y de no contar con licencia social, se continúa con la realización de esta actividad y se impulsa en otros departamentos, como Tupungato. Además, existe un proyecto de mega represa, Portezuelo del Viento, que afectaría a La Pampa y otras provincias que integran la cuenca del Río Colorado. Por lo que se está trabajando en conjunto con las asambleas de esos lugares.
Guillermo Folguera, CONICET, UBA. Denuncian el principio de acuerdo entre Argentina y China para montar una serie de megafactorías de carne porcina para la exportación directa a ese país. Se habla de la producción de 9 Millones de toneladas, multiplicando por 14 la producción actual. Producto de la presión social respecto a este tema que se ha logrado en las últimas semanas, ese número se redujo a 900 mil toneladas, lo que de todas maneras implicaría la duplicación de lo producido hoy en el país. No se han realizado estudios de impacto ambiental sobre estos proyectos, que implican: la deforestación de extensas superficies (incumpliendo la Ley de Bosques, desplazando comunidades originarias), un gran consumo de agua (por kilo de cerdo producido, se consumen 5900 litros de agua, esto es inviable, ya que los lugares donde se pretenden instalar las granjas, entre los que resuena principalmente Chaco, son regiones donde se sufre una profunda sequía), aumento de la producción de maíz y de soja (implicaría aumentar uso de agrotóxicos que se usa en su producción y de agua, ya que por kilo de soja producido se consumen 1900 litros de agua) y uso de nitratos, nitritos y amoníacos que contaminan la tierra y el agua. Estos proyectos son potencialmente zoonóticos, por lo que resulta absurdo su planteo en este contexto de pandemia por zoonosis.
Asamblea El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca: Pablo Domínguez. Defienden el río Andalgalá en contra del emprendimiento de Agua Rica. Este río tiene un caudal de 740 litros por segundo. Cada segundo de agua que pasa por el río, vale 370 dólares para la minera Bajo La Alumbrera, que por ejemplo en un sólo bimestre del 2011 facturó 2800M de dólares, de los cuales sólo se declararon 200M, los que generaron ingresos por impuestos para Catamarca por 3M y 24M a Nación. Esta minera utilizó y contaminó 100M de litros de agua por día, por lo que cada litro de agua generó para ellos una ganancia de 0,5 dólares. Esta agua es saqueada a lxs veinte mil habitantes de Andalgalá, a quienes se les destruye el territorio y se les impide otras formas de desarrollo (producción de nueces, membrillo). En 20 años, Bajo La Alumbrera emitió divisas por veinte veces el valor de la deuda externa.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, Esquel, Chubut: Julian Raso y Silvina Borgia. En 2002 arribó a Esquel la empresa Meridian Gold para explotación minera. En esa oportunidad, algunxs pobladores se informaron acerca de las consecuencias ambientales del extractivismo y la actividad minera y desarrollaron una experiencia de educación popular, que permitió que al año siguiente en un plesbicito no vinculante el 81,4% de la población decidiera que no quería que se instalara la minera en ese lugar. A raíz de esto, también en 2003 se logró sancionar la ley 5001, que prohíbe la instalación de mineras a cielo abierto que usen cianuro. Las asambleas de Chubut en unidad presentan un proyecto de ley para ampliar la protección contra la megaminería contaminante que utiliza otros químicos – el primero por iniciativa popular de la historia de esa provincia. Se logró derogar una ley que pretendía zonificar la provincia y permitir la instalación de mineras en ciertas regiones. Mientras tanto, en la provincia lxs únicxs empleadxs estatales que cobran su sueldo en tiempo y forma son lxs policías, y los proyectos mineros son presentados como la única solución frente a la situación financiera provincial, y se presiona a quienes no perciben los salarios (trabajadores de la educación y de la salud) para que acepten esta actividad. Sin embargo, en Chubut hay explotación petrolera que ha producido contaminación, pero cuyas regalías están comprometidas mayormente al pago de la deuda externa, y no al desarrollo provincial. Además, los pueblos originarios que defienden su territorio son violentados y perseguidos judicialmente.
Somos monte, Chaco: Dardo Tiddi. El Gran Chaco es la segunda masa boscosa más extensa de América. Es una de las regiones con más tasa de desmonte del mundo. El desmonte trae pérdida de biodiversidad, conflictos sociales por desplazamiento forzado de población y es una de las principales causas de calentamiento global (la emisión de carbono causada por el desmonte equivale al de todos los medios de transporte del mundo). Luego del desmonte, se instala el agronegocio, manejado por grandes corporaciones, destinado a exportación y generación de commodities, constituyendo un punto clave del mercado financiero global. Mientras son los pueblos los que sufren las terribles consecuencias del desmonte, las ganancias se fugan al extranjero. Así, los bancos ofrecen créditos para las empresas que desmontan, que después terminamos pagando en forma de deuda externa.
También, como parte del Foro, la cantautora Laura Gallo brindó su arte musical como ofrenda a esta lucha.
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!
¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Agua y Extractivismo serán los ejes del 5to Foro de Denuncia #LunesContraLaDeuda
Argentina, 21/8/2020 – El próximo lunes, 24 de agosto, a las 17 hs., se realizará con un enfoque en el Agua y el Extractivismo, el 5to Foro de Denuncias en el marco del Juicio Popular a la Deuda y al FMI. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtubede la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
Expondrán en este #LunesContraLaDeuda, asambleas, redes, organizaciones populares y referentes académicos, relacionando problemáticas como la megaminería a cielo abierto, la construcción de megarepresas, el fracking, la agroindustria y las privatizaciones, con el sistema de deuda perpetua y las políticas públicas condicionadas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros y comerciales internacionales y denunciando sus impactos frente a las obligaciones estatales prioritarias en materia de los derechos humanos al agua y un ambiente sano, entre otros.
Presentarán sus denuncias representantes de la Asamblea El Algarrobo (Andalgalá, Catamarca), la Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina (Esquel, Chubut) y la Red Ñimiñ (Santa Cruz);
Grace Hermoso y Silvina Pereyra por la Asamblea Socioambiental de la Zona Este (Mendoza); Guillermo Folguera (CONICET, UBA); Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales; y Diego Andrés Martínez por Amigos de la Tierra.
Anteriores Foros de Denuncia, que se realizan cada lunes a las 17 hs por el canal deYoutube de la Autoconvocatoria, abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre laSalud; su relación con elHambre, laSoberanía Alimentariay elTerritorio; su impacto sobre elTrabajo; su incidencia sobre los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.
Integrantes del Tribunal y de la Fiscalía Popular están presentes en todos los Foros de Denuncia. El Tribunal popular está integrado porAdolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Les fiscales sonLiliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela.
Están convocadas todas las organizaciones populares a participar activamente en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada. Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente a la Secretaría del Tribunal:juiciopopulardeuda@gmail.com .
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
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¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
