El 24 de agosto pasado se realizó el 5° Foro de denuncia del Juicio Popular a la deuda y al FMI, en lo que está instituido como los #LunesContraLaDeuda, ya que todos los lunes se vienen realizando foros de denuncia contra la estafa del endeudamiento público. Organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, en esta ocasión representantes de distintas asambleas socioambientales del país, de universidades y sindicatos expusieron sus denuncias en torno al agua y al extractivismo.
A continuación, transcribimos la mayor parte de la crónica que publicó Venceremos-PT, integrante de la Autoconvocatoria, más algunos agregados.
Red Ñimiñ, Río Santa Cruz: Gerardo Alberto Gil Ferreño y Ainelén Rosales. Denuncian un proyecto de mega – represa en Santa Cruz, que comenzó a construirse en 2014 tras un acuerdo con China. El FMI destaca el acuerdo financiero entre Argentina y China, que representa el 45% de las reservas de nuestro país. Este acuerdo se centra en las necesidades económicas y deja de lado las afectaciones a la naturaleza y los pueblos. Es el proyecto hidroeléctrico más importante en el que ha invertido China extraterritorialmente. En la provincia, es presentado como el instrumento para paliar la desocupación y la pobreza. El proyecto incumple con la Ley General de Ambiente y existen denuncias en la oficina anticorrupción de funcionarios involucrados por estudios incompletos y viciados. Al finalizar la construcción se formarían dos diques cuya superficie representa dos veces la Ciudad de Buenos Aires o dos veces el Glaciar Perito Moreno. El Río Santa Cruz es un río glaciario, originado en el campo de hielo sur compartido con Chile, el tercer cuerpo de hielo más grande del mundo y una de las reservas de agua dulce en estado sólido más importantes. Los estudios de impacto ambiental han omitido y minimizado las consecuencias que la mega represa tendría sobre los cuerpos de hielo. Los diques inundarán zonas de patrimonio arqueológico. Los pueblos mapuches-tehuelches afectados no han sido informados y consultados debidamente sobre el proyecto. Desde la red se pide que se realicen nuevamente los estudios de impacto ambiental y el cese inmediato de la obra, así como la reformulación de la matriz energética del país.
Amigos de la Tierra: Diego Martínez. Amigos de la Tierra se trata de un espacio de organizaciones ambientalistas de América Latina y el Caribe, que acompaña comunidades en lucha por defender el agua y el territorio. Denuncian el proceso de privatización y mercantilización del agua en la región, que se inició en la década del 90, con gobiernos neoliberales y la inversión financiera del Banco Mundial. Éste otorgó préstamos condicionados a que parte de la gestión de las empresas de servicio de agua fuera privada. Así, se instalaron empresas mixtas, en la que los privados deciden dónde se realizan las inversiones, aunque son los estados los que asumen los costos de los préstamos. La mercantilización fue presentada como buena argumentando que la competencia iba a generar mayor productividad. Sin embargo, resultaron monopolios ineficientes, con base tecnológica obsoleta, ineficientes inversiones, mantenimiento deplorable y con direcciones burocráticas y corruptas. Argentina tiene 59 denuncias acerca de este manejo del agua en organismos de arbitraje internacional. En las últimas décadas, se ha iniciado una tendencia de “municipalización” de la gestión del agua, con una desprivatización del 62% de las empresas en América Latina, lo que muestra el fracaso del modelo privado. Existen 80 mil organizaciones comunitarias que gestionan el agua en la región en la actualidad. Se reclama el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental y no como una mercancía, el cuidado de los territorios esenciales para el ciclo hídrico y el derecho de la soberanía de los pueblos para decidir sobre el uso de las aguas de su territorio.
Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales: Hace cinco meses que una isla de una superficie equivalente a cinco ciudades de Rosario está prendida fuego por la quema intencional de grandes regiones de tierra. En las islas hay reservorios de agua dulce y constituyen espacios de purificación del agua y hábitat de varias especies, que han perecido bajo el fuego. Los incendios han llegado hasta las casas de los isleños, que son los únicos que están intentando apagar el fuego junto con integrantes de la multisectorial. Todos los años se producen incendios, ya que los dueños de grandes extensiones de tierra, para aprovechar al máximo la superficie de sus campos para plantar soja, intentan llevar el ganado a las islas y queman pastizales para que el pasto después crezca verde y sirva como alimento de los animales. Se han imputado a empleados de estos empresarios, que fueron encontrados con bidones de nafta en las islas, pero no se avanzó contra quienes los mandaron a realizaron los incendios. Se reclama por una ley de humedales que declare esas regiones como patrimonio de la humanidad. La soja, además, es fumigada de forma aérea con agrotóxicos que afectan la salud de las personas, la tierra y el agua. Las fumigaciones aéreas incluso se hacen sobre escuelas rurales, tirando veneno sobre ellas. El agronegocio atenta contra la vida de las personas y de las especies animales y vegetales: uno de los puertos más grandes del interior del país está en la provincia, para llevarse los granos, pero desde la década de los 90 es privado (Vicentín es uno de los propietarios). Se estima que el 40% del dinero que se produce ahí está destinado a pagar la deuda.
Asamblea Jachal No se Toca, San Juan: Saúl Argentino Zeballos. La Asamblea nace en 2015 denunciando los sucesivos derrames de cianuro y mercurio en el río Jachal por parte de la minera Barrick Gold y la instalación de una mina de uranio que contaminaría el acuífero de Huachi. Denuncian al Banco Mundial, que otorgó préstamos por 69,5M de dólares (que forman parte de nuestra deuda externa) que financiaron programas de asistencia a la minería argentina (PASMA 1 y 2) desde 1995 a 2001. La deuda es ilegítima, ya que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, el dinero se destinó a realizar estudios geológicos que abarataron los costos de las empresas y modificar la legislación para allanar el camino para el saqueo y la contaminación de las multinacionales mineras conforme a un plan imperialista. Tanto la UNESCO como el IANIGLA y funcionarios de gobierno permitieron que las mineras se instalaran en reservas acuíferas de San Juan, incumpliendo la ley de Glaciares, realizando inventarios de glaciares a medida de las empresas. El gobierno de San Juan ocultó el primer derrame de la mina Veladero y dejó a su merced a lxs habitantes de la región. La Corte Suprema demoró exageradamente la actuación en torno a los derrames, y sólo responsabilizó a empleados, pero no al gerente de la empresa Barrick Gold. Además, estas empresas pagan impuestos según lo que declaran que extraen, que es menor a lo que efectivamente se llevan. Además, las exportaciones se realizan en “lingotes doreé”, en cuyo interior se encuentran no sólo oro y plata en mayor proporción que los declarados, sino otros metales por los que no pagan impuestos. A pesar de que este contrabando ya ha sido denunciado a la justicia, esta ha permitido que el saqueo subsista.
Asamblea Socioambiental de la Zona Este, Mendoza: Graciela Hermoso y Silvina Pereyra. Denuncian que el fracking y la megaminería que se pretenden instalar en Mendoza y otros pueblos cordilleranos atentan contra el derecho constitucional a un ambiente sano. En el caso de Mendoza, existe una gran connivencia político-empresarial. Los proyectos mineros y petroleros tienen un tratamiento privilegiado dentro de la legislatura y otros organismos de gobierno. Hay una relación de estos emprendimientos con la necesidad de generar divisas para pagar la deuda. Durante el gobierno de Cornejo (2015-2019), se aumentó un 400% la deuda contraída por la provincia. Estos préstamos no fueron destinados a actividades que generan empleos, sino que por el contrario, la desocupación y pobreza aumentó. Las actividades mineras y petroleras son mostradas como la salida a esos flagelos sociales, a pesar de que la provincia está inmersa hace diez años en una crisis hídrica, con una disminución de hasta un 60% del caudal de los ríos, por lo que resultaría inviable el uso de las grandes cantidades de agua que requieren estos proyectos, que además representan peligro de contaminación. En diciembre, el gobierno pretendió modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros, y una gran movilización popular, que incluyó cortes de ruta en todo el territorio, logró frenarlo. Por otra parte, el fracking se ha impuesto –reglamentado por decreto y no por ley, para evitar su tratamiento en la legislatura- en los últimos años en el departamento de Malargüe, al sur provincial, sin la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes. En 2017, se encontraron evidencias de contaminación en las cuencas de agua. A pesar de esto y de no contar con licencia social, se continúa con la realización de esta actividad y se impulsa en otros departamentos, como Tupungato. Además, existe un proyecto de mega represa, Portezuelo del Viento, que afectaría a La Pampa y otras provincias que integran la cuenca del Río Colorado. Por lo que se está trabajando en conjunto con las asambleas de esos lugares.
Guillermo Folguera, CONICET, UBA. Denuncian el principio de acuerdo entre Argentina y China para montar una serie de megafactorías de carne porcina para la exportación directa a ese país. Se habla de la producción de 9 Millones de toneladas, multiplicando por 14 la producción actual. Producto de la presión social respecto a este tema que se ha logrado en las últimas semanas, ese número se redujo a 900 mil toneladas, lo que de todas maneras implicaría la duplicación de lo producido hoy en el país. No se han realizado estudios de impacto ambiental sobre estos proyectos, que implican: la deforestación de extensas superficies (incumpliendo la Ley de Bosques, desplazando comunidades originarias), un gran consumo de agua (por kilo de cerdo producido, se consumen 5900 litros de agua, esto es inviable, ya que los lugares donde se pretenden instalar las granjas, entre los que resuena principalmente Chaco, son regiones donde se sufre una profunda sequía), aumento de la producción de maíz y de soja (implicaría aumentar uso de agrotóxicos que se usa en su producción y de agua, ya que por kilo de soja producido se consumen 1900 litros de agua) y uso de nitratos, nitritos y amoníacos que contaminan la tierra y el agua. Estos proyectos son potencialmente zoonóticos, por lo que resulta absurdo su planteo en este contexto de pandemia por zoonosis.
Asamblea El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca: Pablo Domínguez. Defienden el río Andalgalá en contra del emprendimiento de Agua Rica. Este río tiene un caudal de 740 litros por segundo. Cada segundo de agua que pasa por el río, vale 370 dólares para la minera Bajo La Alumbrera, que por ejemplo en un sólo bimestre del 2011 facturó 2800M de dólares, de los cuales sólo se declararon 200M, los que generaron ingresos por impuestos para Catamarca por 3M y 24M a Nación. Esta minera utilizó y contaminó 100M de litros de agua por día, por lo que cada litro de agua generó para ellos una ganancia de 0,5 dólares. Esta agua es saqueada a lxs veinte mil habitantes de Andalgalá, a quienes se les destruye el territorio y se les impide otras formas de desarrollo (producción de nueces, membrillo). En 20 años, Bajo La Alumbrera emitió divisas por veinte veces el valor de la deuda externa.
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, Esquel, Chubut: Julian Raso y Silvina Borgia. En 2002 arribó a Esquel la empresa Meridian Gold para explotación minera. En esa oportunidad, algunxs pobladores se informaron acerca de las consecuencias ambientales del extractivismo y la actividad minera y desarrollaron una experiencia de educación popular, que permitió que al año siguiente en un plesbicito no vinculante el 81,4% de la población decidiera que no quería que se instalara la minera en ese lugar. A raíz de esto, también en 2003 se logró sancionar la ley 5001, que prohíbe la instalación de mineras a cielo abierto que usen cianuro. Las asambleas de Chubut en unidad presentan un proyecto de ley para ampliar la protección contra la megaminería contaminante que utiliza otros químicos – el primero por iniciativa popular de la historia de esa provincia. Se logró derogar una ley que pretendía zonificar la provincia y permitir la instalación de mineras en ciertas regiones. Mientras tanto, en la provincia lxs únicxs empleadxs estatales que cobran su sueldo en tiempo y forma son lxs policías, y los proyectos mineros son presentados como la única solución frente a la situación financiera provincial, y se presiona a quienes no perciben los salarios (trabajadores de la educación y de la salud) para que acepten esta actividad. Sin embargo, en Chubut hay explotación petrolera que ha producido contaminación, pero cuyas regalías están comprometidas mayormente al pago de la deuda externa, y no al desarrollo provincial. Además, los pueblos originarios que defienden su territorio son violentados y perseguidos judicialmente.
Somos monte, Chaco: Dardo Tiddi. El Gran Chaco es la segunda masa boscosa más extensa de América. Es una de las regiones con más tasa de desmonte del mundo. El desmonte trae pérdida de biodiversidad, conflictos sociales por desplazamiento forzado de población y es una de las principales causas de calentamiento global (la emisión de carbono causada por el desmonte equivale al de todos los medios de transporte del mundo). Luego del desmonte, se instala el agronegocio, manejado por grandes corporaciones, destinado a exportación y generación de commodities, constituyendo un punto clave del mercado financiero global. Mientras son los pueblos los que sufren las terribles consecuencias del desmonte, las ganancias se fugan al extranjero. Así, los bancos ofrecen créditos para las empresas que desmontan, que después terminamos pagando en forma de deuda externa.
También, como parte del Foro, la cantautora Laura Gallo brindó su arte musical como ofrenda a esta lucha.
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!
¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
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