jueves, 17 de septiembre de 2020

7mo. Foro de Denuncia - Se sacrifica el sistema educativo en beneficio del endeudamiento

El 7mo. Foro de Denuncia del Juicio Popular a la Deuda y al FMI se centró en la temática de educación. En las intervenciones de les denunciantes, se puso de manifiesto el vínculo directo entre el endeudamiento público y el condicionamiento a las políticas, en los distintos niveles y modalidades, del sistema educativo.

Ante la atenta escucha y numerosas preguntas de integrantes del tribunal y la fiscalía del Juicio Popular, en este Foro representados por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Nina Brugo, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela, les diverses referentes describieron las nefasta consecuencias del endeudamiento usurario que se impulsó desde el Estado, que implica, en el caso de la Educación, la postración del sistema educativo para beneficiar a prestamistas.




Lo que sigue es la crónica del Séptimo Foro de Denuncias, basada, prácticamente de manera textual, en el artículo de este enlace: http://venceremos-arg.org/2020/09/10/la-deuda-es-con-la-educacion-7-foro-de-denuncia-cronica/  


La Secretaria Adjunta por la CONADU Histórica – CTA-A, Claudia Baigorria, abrió este foro temático señalando que la educación es un derecho social y que, en el marco de la virtualización educativa impuesta por esta Pandemia, nuevas desigualdades aparecen en escena. Los programas de ajuste son la contracara del endeudamiento.


En el nivel superior, esto se traduce en techos a la inversión educativa, limitando la contratación laboral y en el aumento de la flexibilización laboral que impacta especialmente en las mujeres trabajadoras.

Por otro lado, una lógica mercantil y eficientista impacta en la concepción sobre la educación. El plan neoliberal en educación tuvo su hito emblemático con la sanción de la Ley de Educación Euperior (LES). Aún con resistencias, el avance de esta política educativa trajo como consecuencia el desfinanciamiento a las universidades, el rol injerencista de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y las empresas privadas, el incremento de la precarización laboral y salarial de les docentes universitarios, dando por tierra con pilares fundamentales en los que se estructuró históricamente el nivel: autonomía, ingreso irrestricto, gratuidad.

Entre sus demandas, la denunciante señaló que la gran deuda de la universidad pública es poner fin a la injerencia de las empresas privadas, muchas ligadas a la agro-negocio y al extractivismo; además de pedir la derogación de la LES y la inmediata apertura de paritarias.

Por su parte, Sebastián Henríquez, Secretario General de SUTE-Mendoza y militante de Venceremos-PT, presentó una muy fundamentada denuncia sobre la relación existente entre el endeudamiento público en la provincia y las principales problemáticas que atraviesan en el sistema educativo. Citando una serie de datos e investigaciones elaborados por el Centro de Investigaciones en Economía Crítica de la Provincia de Mendoza, puso en evidencia el peso de la deuda pública en las arcas de la provincia.


Por ejemplo, si se excluyera el pago en concepto de amortizaciones, intereses y gastos de deuda, la provincia, en vez de tener un déficit, tendría un superávit primario de $ 3.130 millones. Esta cifra equivale al monto para pagar los aguinaldos de todes les trabajadores del estado, que a la fecha el gobierno provincial no ha abonado.

Este incremento exponencial del endeudamiento se origina en la gestión Cambiemos de Alfredo Cornejo. Mientras el peso del pago de bonos, intereses de deuda y otros tipos de endeudamientos, aumenta significativamente año tras año, no ocurre lo mismo con otras áreas que vienen sufriendo un ajuste feroz. El pago de intereses de deuda pasó de representar un 1,5% de las erogaciones presupuestarias en 2015 a un 3,9% proyectado para el presupuesto de este año. Cifra que además está sub-representada.

Esta relación, inversamente proporcional, entre el pago deuda y ajuste en derechos sociales, también se evidencia en las estadísticas del presupuesto destinado a educación. Mientras que en 2013 el presupuesto educativo representaba un 26% del presupuesto provincial; entre 2018/19 llega a representar cerca de un 22% del presupuesto. Este recorte presupuestario se traduce en que las escuelas mendocinas sostienen en un 85% sus gastos fijos con el aporte de sus comunidades. Un 37% de esas escuelas están expuestas a factores de riesgos de contaminación ambiental. Un porcentaje similar no tiene acceso a alguno de los servicios básicos. Por solo mencionar algunos datos ilustrativos. Como bien expuso en su denuncia Sebastián, “la situación de ajuste en la provincia de Mendoza es brutal. No se pagan los aguinaldos, la paritaria está congelada. En ese marco nosotros entendemos que no hay otra deuda que no sea con el pueblo y con la educación”.

La Secretaria General de Suteba Tigre-Conducción Multicolor, María Elisa Salgado, compartió un crudo relato de la realidad cotidiana que se vive en su sector, privando, en los hechos, a miles de estudiantes del derecho a la educación por no poder costear los dispositivos o la conexión a internet.


En estos 6 meses de suspensión de clases presenciales se ha puesto de manifiesto la crisis educativa. Las necesidades sociales de las familias aumentan, pero los alimentos entregados son totalmente insuficientes y de pésima calidad. Según datos de la seccional, hay más de 3000 estudiantes, de diferentes niveles educativos, que no acceden al servicio de alimentos que provee el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

En su intervención recordó los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, producto de la explosión de la escuela primaria 49 en Moreno. Este hecho fue consecuencia directa del ajuste en educación dictaminado por la gobernadora María Eugenia Vidal tras el acuerdo con el FMI. Un precedente similar, fue el asesinato laboral de Silvia Roggeti, docente de Neuquén en el año 2000.

La decisión política del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, de convalidar el pago de esta deuda odiosa, ilegal e ilegítima, tiene su correlato en el sostenimiento del desguace del sistema educativo, que inauguró la última dictadura cívico-eclesial militar. El ajuste y la desinversión marcan la política educativa desde hace décadas. La ley de Educación Nacional, por ejemplo, es una continuidad de muchos de los pilares de la educación menemista. Se mantienen las reformas educativas y los crímenes sociales pueden repetirse. La negativa de los países, a destinar recursos a la educación, tiene su origen en la incapacidad de tomar decisiones soberanas por su subordinación al imperialismo. 

Recordando a quienes dejaron su vida en la lucha por la educación pública, finalizó su denuncia, pidiendo al tribunal una sentencia ejemplar que “contribuya a una reparación para la inmensa mayoría de la humanidad que es víctima de sus políticas”.

La voz de les jóvenes estudiantes estuvo representada por Flor Maceiras, Secretaria General del Centro de Estudiantes Nº6 de Banfield. En su denuncia relató el proceso de organización y lucha que desarrollaron les estudiantes por la construcción de un nuevo edificio para su escuela. Este recorrido implicó una creciente toma de conciencia por parte de la comunidad educativa en articulación con otros sectores en lucha. Desde 2015 que hay una licitación realizada, los fondos asignados, sin embargo, la obra nunca fue realizada. Solo se hizo una demolición, sin la construcción, empeorando las condiciones previas. Les estudiantes y docentes concurren a un edificio con ratas, y sin condiciones seguras para su funcionamiento. 

En este ejemplo, que no escapa a la realidad de la enorme mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, se evidencia un entramado de corrupción y abandono por parte del Estado. El discurso de las autoridades sostiene que no hay plata para construir escuelas, pero sí para pagar la deuda. “Las escuelas se desploman, mientras se paga deuda. No podíamos esperar que la muerte fuera el límite para empezar a luchar. ¡La deuda es con el pueblo, con los hijes del pueblo, no con el FMI!”.



En su turno, el Secretario Gremial de AMSAFE-Rosario, Juan Pablo Casiello, centró su denuncia, en la relación entre el pago de la deuda y la situación educativa en Santa Fe. Esta provincia considerada una de las más ricas del país, con una gestión de 12 años del progresismo, no logró escapar a la dependencia que implica el endeudamiento externo. Esta situación se profundizó, aún más, con la gestión actual de Perotti. La deuda, más allá de lo económico, es un mecanismo que subordina a los estados, sus políticas en general, y también las educativas. Los organismos multilaterales de crédito no solo nos endeudan, sino que nos condicionan. Son usinas del diseño de políticas. Este condicionamiento se evidencia fundamentalmente en tres líneas: los ajustes presupuestarios, el ataque a los derechos laborales de les docentes, y la apuesta permanente a la mercantilización de la educación.


En su intervención, destacó algunos datos que ilustran muy claramente esta relación entre deuda y condicionamiento a las políticas educativas en Santa Fe. Por un lado, la baja significativa del presupuesto asignado a educación. En 2011 a educación se destinaba el 36% del presupuesto, en 2019, el porcentaje se redujo a un 29%. Además, hay que decir que un 19% de estos fondos se los lleva la educación privada. Cifra que supera la media nacional. Por otro lado, la caída del salario docente con ingresos en la mayoría por debajo de la línea de pobreza.

A estos datos, hay que sumar el impacto diferenciado en los sectores populares. Por la crisis social que se vive en el país, muches niñes reciben en la escuela su principal comida diaria. El gobierno provincial destina, por día, para la ración de copa de leche $9.50 y $27.50 para la ración de comedor. Por último, el dato de deserción escolar que cuestiona la obligatoriedad formal de la educación secundaria y la garantía real de este derecho.  Desde el 2006 la educación secundaria es obligatoria. Los últimos datos oficiales, muestran que, en la provincia, un 62% de les que empezaron 1er año no llegaron a 5to año. La reciente muerte de Camila, una estudiante de 2do año de una escuela pública, víctima de una balacera es una expresión brutal de un sistema que condena al abandono y hasta a la muerte a miles y miles de jóvenes en el país.

Por último, Gabriela Tolosa, consejera estudiantil del Profesorado Joaquín V González, compartió su denuncia vinculando el proyecto de la Unicaba a los condicionamientos de los organismos multilaterales de crédito. En 2017, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lanzó el proyecto de la Unicaba, en un claro ataque a los profesorados. Durante 2018 y 2019, las comunidades educativas de los 29 profesorados de la ciudad iniciaron un masivo proceso de lucha que incluyó tomas, movilizaciones, festivales, etc. El proyecto de la Unicaba forma parte de un plan de ajuste que se articula con otras reformas educativas, como el Plan Maestro, a nivel nacional, y la Secundaria del futuro, en CABA.


Este proyecto, entre otros aspectos, pone en riesgo el estatuto docente, establece pasantías, degrada los títulos, avanza en la aplicación de plataformas, incrementa la lógica mercantil en la formación docente, reemplazando un perfil de docente crítico por un rol de facilitador o líder, más afín a empresas y ONGs. La relación entre la deuda y estas políticas es muy evidente. 

Por un lado, todo lo que se destina al pago de la deuda no se destina a educación. También se evidencia en la injerencia de los organismos multilaterales de crédito, como es el caso del BID que financia proyectos en CABA, con una consecuente intromisión en los diseños de políticas y el perfil de formación docente.

En su intervención, repudió el pago de la deuda, y a los rectores de las universidades nacionales que se manifestaron en apoyo a la re-estructuración de la deuda pública; llamando al conjunto de les estudiantes a construir un movimiento de lucha por una educación al servicio de los intereses populares.


El foro finalizó con unas emotivas palabras que Norita Cortiñas dedicó a Cristina, la mamá de Facundo Castro, acompañando el reclamo de juicio y castigo para todos los responsables de su asesinato. Porque la contracara del pago de esta deuda odiosa, ilegítima y fraudulenta, es la muerte de nuestres pibis a manos de las fuerzas represivas, es la condena a la pobreza del 60% de nuestras infancias, es la precarización laboral y de la vida, es menos plata para educación y más para la deuda.

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domingo, 13 de septiembre de 2020

“La Deuda es exterminio” denuncian pueblos originarios en el 6to Foro del Juicio Popular a la Deuda y al FMI

Terminando agosto, mes de la Pachamama, se desarrolló el 6to Foro de Denuncias #LunesContraLaDeuda, enfocando en la situación y las luchas de los pueblos originarios. Tomaron la palabra voceros, guías espirituales, integrantes, de los Pueblo-Naciones Mapuche, Diaguita, Kolla y Warpe, junto a referentes de espacios plurinacionales que incluyen a muchos de los 40 pueblos originarios pre-existentes a la Argentina. Sara Mamani, artista y compositora salteña, acompañó con su canto “Dones de la tierra”.

Hicieron hincapié en sus luchas por la autonomía y la libre determinación, por el respeto a su cosmovisión y el resguardo de sus territorios y bienes naturales, por la consulta previa, libre e informada y el bien vivir de todos los pueblos. Denunciaron cómo todos esos derechos fundamentales son obstaculizados o directamente impedidos, histórica y actualmente, por las políticas de endeudamiento y sometimiento del Estado-nación a los intereses e instituciones relacionados con la usura.


Jorge Nahuel, werken, o vocero, de la Confederación Mapuche de Neuquén, arrancó aludiendo a eso, señalando que “la deuda externa atenta absolutamente en contra el derecho a la libre determinación del Pueblo Mapuche y en contra el derecho al autogobierno de los territorios”. No se trata del reconocimiento de derechos, aclaró, sino de derechos incumplidos, “obligaciones que el Estado tiene, que no se decide a poner en ejercicio, fundamentalmente en el marco de Estados sometidos, Estados de alguna manera humillados ante organismos internacionales y que no terminan nunca de ejercer plena soberanía. No podemos estar planteando un marco de libre determinación en un Estado subordinado”.


“Dentro de los condicionamientos que los Estados han aceptado de manera humillante –continuó Nahuel- está incluso el de ofrecer los territorios y los mal llamados recursos naturales como garantía. Fíjense el grado de impunidad que se le abre a todos estos grupos económicos si además de que inventan y crean una deuda fraudulenta, ponen como condicionamiento o tienen a su disposición los territorios, los bienes comunes, para poder resolver esta deuda injusta”.


La guía espiritual Amta Paz Argentina Quiroga, de la comunidad del territorio del Cuyum del pueblo warpe y el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, fue igualmente tajante al resumir la historia y las consecuencias del endeudamiento: “La deuda es exterminio, decimos nosotros. Es un arma de exterminio del sistema capitalista sobre los países, los territorios y los pueblos. Se ha agudizado en este último tiempo, con estas políticas del neoliberalismo y del neocolonialismo. Se ha profundizado en lo económico, en lo político, en lo cultural y también en lo espiritual”.


¿Quiénes son los deudores?

Casi al unísono, les integrantes de diversos pueblos plantearon con fuerza que ningún pueblo originario de la Argentina tendría porqué asumir el pago de una deuda pública por la cual no solo nunca fue consultado, sino que encima, más bien se les ha perjudicado y bastante. “¿Por qué se nos asigna una deuda, cuando históricamente nuestros territorios han sido saqueados?” preguntó Quilla Sumaj Quinteros, de la comunidad Diaguita de Amaicha del Valle y militante de Marabunta y del FOL. 


Sergio Nahuelquir, de la comunidad mapuche-tehuelche Lof Fem Mapu, en Puerto Santa Cruz, amplió la reflexión afirmando que, “acá no se trata de que yo no quiero pagar. Hay algo que nosotros no hicimos: contraer una deuda. Ahora, nosotros no hemos contraído esta deuda, tampoco la queremos pagar. Porque no fue en beneficio de los pueblos originarios, fue en beneficio de las garcas, los viejos terratenientes que ya conocemos, la oligarquía argentina”.

 

“Como pueblos originarios, no somos parte de esta deuda”, enfatizó Enrique Mamani, del pueblo Kolla y la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, ORCOPO. “El Estado argentino, con su proyecto de país eurocéntrico, fundado en la expropiación de los territorios, la masacre de los pueblos originarios, apenas se independizó empezó a generar una deuda externa y sigue estando con esa deuda. Pero no es nuestra”.


Amta Quiroga también denunció que “no nos consultaron como pueblo indígena, tampoco nos consultaron como pueblo argentino; violaron las normas jurídicas existentes; violaron las normas de los parlamentos que tenemos como instituciones de esa República tan defendida en la palabra. Como decía el hermano que me antecedió, ¿dónde está la soberanía de gobiernos sometidos a los mandatos del imperio?”

La deuda es con los pueblos y los territorios

De hecho, destacaron todes que, en realidad, desde tiempos de la conquista la deuda es con los pueblos originarios, los territorios y el equilibrio cósmico del cual forman parte y cuyo resguardo, para el disfrute de todas las generaciones venideras, se constituye en punto central de su identidad y cosmovisión.

“Europa se llevó tanta plata que se podría hacer un puente de América a Europa con todo lo que se llevó”, puntualizó Mamani. “Nos deben tanto a los pueblos originarios de Abya Yala que no les alcanzaría la vida a Europa, los Estados eurocéntricos, los capitales privados, para devolverlo. Cuando nos devuelvan todo, cuando se restituya el equilibrio, si les gusta veamos si hay alguna deuda de nuestra parte. Por ahora no”.

 


Ante la atenta escucha y numerosas preguntas de integrantes del tribunal y la fiscalía del Juicio Popular, en este Foro representados por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Nina Brugo, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Liliana Costante y Carlos Zerrizuela, les diverses referentes describieron las consecuencias de esa deuda impaga, vinculándolas a ese proyecto de país que siguió, sin grandes variaciones, hasta tiempos de la última dictadura y el día de hoy, bajo los diversos gobiernos de turno y acumulando deudas, históricas, sociales, ecológicas, financieras, cada vez peor.  

“El impacto de la deuda sobre nuestros territorios es nefasto”, subrayó Amta Quiroga. “El impacto de la deuda sobre nuestros pueblos es crisis productiva, desalojos, desarticulación de las familias, compromisos insostenibles, aparatos productivos desvastados y la entrega de los territorios y de todo lo que ellos llaman recursos naturales que para nosotros, son los territorios de la vida”.

“En nuestro territorio warpe, nosotros hemos sufrido este impacto, con que se nos han apropiado no sólo del agua, que se han apropiado no sólo de los lingotes de oro -me refiero a la empresa Barrick-, se han apropiado hasta de los glaciares. No nos dejaron nada. ¿Dónde está el agua?”, preguntó Quiroga. “En los diques que se han construido para la producción de estas mineras, no sólo la Barrick, la Minera Argentina y otras más que se han instalado en la zona de Jáchal y en la zona de Calingasta, todas vinculadas entre sí y todas vinculadas a los gobiernos nacionales y provinciales porque nosotros somos feudos y esta deuda se viene acumulando a través de estos socios”.

“Pagar la deuda y no tener camas en el hospital es una condena a quienes migramos y a quienes vivimos aquí. Pagar la deuda implica no poder acceder a la educación”, denunció Quinteros, reflexionando sobre todo en la situación de les jóvenes y en las mujeres, trans, travas y lesbianas, en las comunidades.


“Sabemos que los órganos financieros multilaterales, tanto el Banco Mundial como el BID, el FMI, tienen mucha incidencia en los territorios de las comunidades indígenas. No solamente en términos de diseño de políticas sino también en la formación de los discursos de aquellas personas que las terminan aplicando”, precisó. “Los proyectos no responden a las realidades de nuestras comunidades. Tienen mucho de disciplinamiento, de control sobre los territorios y las comunidades. Tienen todo un discurso, también, de que la pobreza está en nuestras comunidades. Muchos de ellos además generan conflictos hacia adentro de las comunidades”.

Responsabilidades y alternativas

Frente a estos impactos que conllevan la deuda y las instituciones financieras internacionales, las voces originarias apuntaron a las responsabilidades tanto de los Estados nacionales y provinciales como de esos organismos, de privados como los terratenientes, la oligarquía, las grandes empresas multinacionales, e instaron a la necesidad, la urgencia y la realidad de alternativas.

 


“Denunciamos los términos sumamente racistas de la deuda, los discursos de los buenos vecinos que pagamos deuda, o del 'pago soberano' de la deuda, como si fuese una reacción nacionalista el pago de la deuda cuando sabemos que los mismos acreedores se encuentran aquí, en nuestros territorios”, resaltó Quinteros. “Está Roca, está Blaquier…, y son los responsables justamente de la cantidad de muertes que sigue habiendo hoy en día, por ejemplo, en el ingenio Ledesma”.

“Una deuda externa que no contrajimos, pero que nos hacen pagar a nosotros, nos invita a pensar mucho en las futuras generaciones, en qué nos vamos a basar para dejarles un territorio, un territorio limpio, el agua potable que se pueda tomar”, reflexionó Nahuelquir. “Por eso, como pueblo originario decimos que no a esta deuda. No, a costa del extractivismo que nos va a traer todas las enfermedades y nos va a dejar un territorio donde no vamos a poder vivir. No, a costa de las aguas, de las represas y de toda la energía que se inventan y después nos quieren hacer tragar de que nosotros vamos a tener un beneficio de eso. ¿Dónde está la manera en que nosotros, alguna vez, los pueblos originarios, vamos a ser protagonistas de nuestros propios instrumentos de autonomía, de autogestión?”

“La deuda externa es un tremendo escollo que hay que superar si es que nosotros, como pueblo, queremos poder controlar los mal llamados recursos naturales de nuestro territorio”, subrayó Nahuel en ese mismo sentido. “No es un planteo economicista, sino que, en la suerte de esos bienes comunes, desde el elemento vivo que es la tierra, la mapu o el wallmapu para los mapuches, está la posibilidad de desarrollar nuestra cosmovisión, nuestra institucionalidad, todo lo que de alguna manera nos da identidad”.

“Nosotros exigimos -puntualizó Amta Quiroga-, en nombre de los 40 pueblos existentes en Argentina, muchos de ellos integrantes del Parlamento plurinacional, no pagar, suspender el pago tanto a los bonistas como a los bancos. Exigimos investigar de dónde y adónde fueron los dineros de esa deuda. Nos hemos quedado asombrados de que se reconozca esta deuda y que se empiece a pagar y que se la lleve para adelante para seguir pagando. No se investigó y se piensa pagar. Exigimos enjuiciar a los funcionarios de estos últimos cuatro años del gobierno de Macri que adquirió esa deuda tan impresionante que queda para pagarla hasta no sé cuántas generaciones… Exigimos que se enjuicie a estos traidores de la patria”.

El Foro concluyó con la denuncia de Zulema Aguirre, integrante del espacio feminista plurinacional Las WaKoldas, en Villa La Angostura, y militante del Frente Popular Darío Santillán-Corriente Plurinacional en el Movimiento de los Pueblos. Recogió muchas de las reflexiones compartidas a lo largo del Foro así como en la práctica diaria, saludando la iniciativa misma de este Juicio Popular a la Deuda y al FMI, “porque tiene que ver con la autonomía: una autonomía que ancestralmente se ejercía y ejercen los pueblos originarios, y que forma parte de lo que muchas y muchos de nosotros, de las organizaciones sociales, proponemos: la autonomía de la vida, la autonomía de las organizaciones, la autonomía en todos los sentidos”.

Tiene que ver, además, con la necesidad de encontrarnos para poder hacer una lucha integral, planteó, una lucha de descolonización. “Ahí es donde pensamos fuertemente cómo estas deudas impactan fuertemente en nosotres, no solamente en lo concreto, en lo tangible, sino que también en lo cultural. ¿Cómo hacemos para hacer esa reparación que tenemos que hacer como pueblo? Consideramos que pasa por la recuperación de esas identidades, como venimos escuchando a muchos hermanos y hermanas de los distintos pueblos, el reconocimiento de que no estamos solos, que tenemos nuestros ancestros, los árboles con los que contamos, que son nuestra energía, nuestra fuerza. El día que podamos recuperar eso es el día que vamos a empezar a sentir la libertad y a construir esa libertad que pronto nos merecemos”.

“Nosotros entendemos –cerró Aguirre- que los pueblos en resistencia justamente nos han mostrado que hay una propuesta distinta al capitalismo. Ellos han resistido históricamente en sus territorios y pudieron y están recuperando todos esos saberes que necesitamos para poder construir esas naciones, esos mundos como dirían los zapatistas, donde quepan muchos mundos. No solamente tienen resistencia, tienen propuestas y con esas propuestas tenemos que poder encontrarnos. Hoy tenemos el diagnóstico de que estamos en el mundo en una crisis civilizatoria. Entonces tenemos que poder pensar en otro tipo de civilización y en los pueblos originarios está la propuesta, tenemos que poder entender y tenemos que poder caminar juntos y juntas como para poder encontrarnos, poder pensar definitivamente en un nuevo ‘nosotros’”.


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viernes, 11 de septiembre de 2020

#LunesContraLaDeuda - 8vo. Foro de Denuncias: Hábitat

El lunes 14 de septiembre, a las 17 hs., el Juicio Popular a la Deuda y al FMI desarrollará su 8º Foro de Denuncias con el eje puesto en cómo impactan en el hábitat la contratación y pago de la Deuda y los condicionamientos del FMI y las demás instituciones financieras internacionales. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 



En este 8vo #LunesContraLaDeuda, presentarán denuncias Sergio Val, de la Fundación Che Pibe, de la CTA Autónoma Nacional; María Carla Rodríguez, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y Corriente Sindical Carlos Chile; María Claudia "La Negra" Albornoz, referente de La Poderosa; Soledad Torres, del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS); Pablo Vitale, CoDirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e Integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA Capital; Rodolfo Ariel Segovia, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda; y la Arquitecta Beatriz Pedro, profesora del Taller Libre de proyecto social (FADU, UBA).

Los Foros de Denuncia #LunesContraLaDeuda, constituyen un primer momento del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, impulsado como parte de la campaña popular que aboga por la suspensión del pago e investigación de una deuda que se entiende ilegítima, ilegal y odiosa, con grave incidencia en las diversas dimensiones de la vida cotidiana. Cada Foro cuenta con la presencia y preguntas de integrantes del Tribunal Popular - Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe – y de les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela. 

Anteriores Foros de Denuncia abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre la Salud; el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio; el Trabajo; los derechos de las mujeres, feminismos y disidencias sexuales; el Agua y el Extractivismo; los Pueblos Originarios; y la Educación.

Están convocadas todas las organizaciones populares a participar en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada. Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente al correo juiciopopulardeuda@gmail.com. 

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jueves, 3 de septiembre de 2020

Educación: 7º Foro de Denuncias del Juicio Popular a la Deuda y al FMI

El lunes 7 de septiembre, a las 17 hs., el Juicio Popular a la Deuda y al FMI desarrollará su 7º Foro de Denuncias con el eje puesto en cómo impactan la contratación y pago de la Deuda y los condicionamientos del FMI y las demás instituciones financieras internacionales, en las políticas de educación. Abarcará desde las cuestiones ligadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, la infraestructura, hasta las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 

En este 7mo #LunesContraLaDeuda, presentarán denuncias Claudia Baigorria, Sec. Adj. por la CONADU Histórica - CTA-A.; Sebastián Henríquez, Sec. Gral. de SUTE-Mendoza; Maria Elisa Salgado, Sec. Gral. de SUTEBA-Tigre; Flor Maceiras,  Sec. Gral. por el Centro de Estudiantes Nº6 de Banfield; Juan Pablo Casiello, Sec. Gremial de AMSAFE-Rosario; Rubén Ortiz, Sec. Gral. por el Movimiento Pedagógico de Liberación, Sindicato Docente de Misiones - CTA-A; y Gabriela Tolosa, consejera estudiantil del Joaquín V González.

Los Foros de Denuncia #LunesContraLaDeuda, constituyen un primer momento del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, impulsado como parte de la campaña popular que aboga por la suspensión del pago e investigación de una deuda que se entiende ilegítima, ilegal y odiosa, con grave incidencia en las diversas dimensiones de la vida cotidiana. Cada Foro cuenta con la presencia y preguntas de integrantes del Tribunal popular - Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe – y de les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela. 

Anteriores Foros de Denuncia abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre la Salud; el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio; el Trabajo; los derechos de las mujeres, feminismos y disidencias sexuales; el Agua y el Extractivismo y los Pueblos Originarios. Están convocadas todas las organizaciones populares a participar en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada. Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente al correo juiciopopulardeuda@gmail.com. 

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sábado, 29 de agosto de 2020

Pueblos originarios será el eje del 6to Foro de Denuncias contra la Deuda y el FMI

El lunes 31 de agosto, a las 17 hs, el Juicio Popular a la Deuda y al FMI desarrollará su 6to Foro de Denuncias, enfocando desde la viviencia y cosmovisión de diversos pueblos originarios, los impactos y consecuencias que conllevan el sistema de endeudamiento perpetuo junto a los condicionamientos del FMI y demás instituciones financieras y comerciales internacionales. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

 

En este 6to #LunesContraLaDeuda, presentarán denuncias Jorge Nahuel, Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén; Quilla Sumaj Quinteros, integrante de la Comunidad Indígena Amaicha del Valle, Pueblo Diaguita, y militante de Marabunta; Sergio Nahulequir, Inan Lonko del Lof Fem Mapu, ubicado en Puerto Santa Cruz; Paz Argentina Quiroga, Amta del Pueblo Nación Warpe, perteneciente a la komunidad del Territorio del Kuyum, Puyuta, San Juan, y Guía en el Parlamento de Pueblos Originarios; la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios ORCOPO; y Zulema Aguirre, integrante de la agrupación feminista plurinacinal “Las WaKoldas”, del Colectivo del Barrio, Villa La Angostura, y militante del FPDS-CN/MP.  Acompañará al Foro la cantante, autora y compositora salteña, Sara Mamani.

Los Foros de Denuncia #LunesContraLaDeuda, constituyen un primer momento del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, impulsado como parte de la campaña popular que aboga por la suspensión del pago e investigación de una deuda que se entiende ilegítima, ilegal y odiosa, con grave incidencia en las diversas dimensiones de la vida cotidiana. Cada Foro cuenta con la presencia y preguntas de integrantes del Tribunal popular - Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe – y de les fiscales Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela.

Anteriores Foros de Denuncia, que se realizan cada lunes a las 17 hs, siempre por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria, abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre la Salud; el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio; el Trabajo; los derechos de las mujeres, feminismos y disidencias sexuales; y el Agua y el Extractivismo.

Están convocadas todas las organizaciones populares a participar en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada.  Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente al correo juiciopopulardeuda@gmail.com.

 

¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!

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¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!

¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!



AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

 

 

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5° Foro de denuncia: extractivismo ecocida parte intrínseca de la estafa de la deuda (+ video)

El 24 de agosto pasado se realizó el 5° Foro de denuncia del Juicio Popular a la deuda y al FMI, en lo que está instituido como los #LunesContraLaDeuda, ya que todos los lunes se vienen realizando foros de denuncia contra la estafa del endeudamiento público. Organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, en esta ocasión representantes de distintas asambleas socioambientales del país, de universidades y sindicatos expusieron sus denuncias en torno al agua y al extractivismo.

A continuación, transcribimos la mayor parte de la crónica que publicó Venceremos-PT, integrante de la Autoconvocatoria, más algunos agregados.

Red Ñimiñ, Río Santa Cruz: Gerardo Alberto Gil Ferreño y Ainelén Rosales. Denuncian un proyecto de mega – represa en Santa Cruz, que comenzó a construirse en 2014 tras un acuerdo con China. El FMI destaca el acuerdo financiero entre Argentina y China, que representa el 45% de las reservas de nuestro país. Este acuerdo se centra en las necesidades económicas y deja de lado las afectaciones a la naturaleza y los pueblos. Es el proyecto hidroeléctrico más importante en el que ha invertido China extraterritorialmente. En la provincia, es presentado como el instrumento para paliar la desocupación y la pobreza. El proyecto incumple con la Ley General de Ambiente y existen denuncias en la oficina anticorrupción de funcionarios involucrados por estudios incompletos y viciados. Al finalizar la construcción se formarían dos diques cuya superficie representa dos veces la Ciudad de Buenos Aires o dos veces el Glaciar Perito Moreno. El Río Santa Cruz es un río glaciario, originado en el campo de hielo sur compartido con Chile, el tercer cuerpo de hielo más grande del mundo y una de las reservas de agua dulce en estado sólido más importantes. Los estudios de impacto ambiental han omitido y minimizado las consecuencias que la mega represa tendría sobre los cuerpos de hielo. Los diques inundarán zonas de patrimonio arqueológico. Los pueblos mapuches-tehuelches afectados no han sido informados y consultados debidamente sobre el proyecto. Desde la red se pide que se realicen nuevamente los estudios de impacto ambiental y el cese inmediato de la obra, así como la reformulación de la matriz energética del país.

 Amigos de la Tierra: Diego Martínez. Amigos de la Tierra se trata de un espacio de organizaciones ambientalistas de América Latina y el Caribe, que acompaña comunidades en lucha por defender el agua y el territorio. Denuncian el proceso de privatización y mercantilización del agua en la región, que se inició en la década del 90, con gobiernos neoliberales y la inversión financiera del Banco Mundial. Éste otorgó préstamos condicionados a que parte de la gestión de las empresas de servicio de agua fuera privada. Así, se instalaron empresas mixtas, en la que los privados deciden dónde se realizan las inversiones, aunque son los estados los que asumen los costos de los préstamos. La mercantilización fue presentada como buena argumentando que la competencia iba a generar mayor productividad. Sin embargo, resultaron monopolios ineficientes, con base tecnológica obsoleta, ineficientes inversiones, mantenimiento deplorable y con direcciones burocráticas y corruptas. Argentina tiene 59 denuncias acerca de este manejo del agua en organismos de arbitraje internacional. En las últimas décadas, se ha iniciado una tendencia de “municipalización” de la gestión del agua, con una desprivatización del 62% de las empresas en América Latina, lo que muestra el fracaso del modelo privado. Existen 80 mil organizaciones comunitarias que gestionan el agua en la región en la actualidad. Se reclama el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental y no como una mercancía, el cuidado de los territorios esenciales para el ciclo hídrico y el derecho de la soberanía de los pueblos para decidir sobre el uso de las aguas de su territorio.

Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales: Hace cinco meses que una isla de una superficie equivalente a cinco ciudades de Rosario está prendida fuego por la quema intencional de grandes regiones de tierra. En las islas hay reservorios de agua dulce y constituyen espacios de purificación del agua y hábitat de varias especies, que han perecido bajo el fuego. Los incendios han llegado hasta las casas de los isleños, que son los únicos que están intentando apagar el fuego junto con integrantes de la multisectorial. Todos los años se producen incendios, ya que los dueños de grandes extensiones de tierra, para aprovechar al máximo la superficie de sus campos para plantar soja, intentan llevar el ganado a las islas y queman pastizales para que el pasto después crezca verde y sirva como alimento de los animales. Se han imputado a empleados de estos empresarios, que fueron encontrados con bidones de nafta en las islas, pero no se avanzó contra quienes los mandaron a realizaron los incendios. Se reclama por una ley de humedales que declare esas regiones como patrimonio de la humanidad. La soja, además, es fumigada de forma aérea con agrotóxicos que afectan la salud de las personas, la tierra y el agua. Las fumigaciones aéreas incluso se hacen sobre escuelas rurales, tirando veneno sobre ellas. El agronegocio atenta contra la vida de las personas y de las especies animales y vegetales: uno de los puertos más grandes del interior del país está en la provincia, para llevarse los granos, pero desde la década de los 90 es privado (Vicentín es uno de los propietarios). Se estima que el 40% del dinero que se produce ahí está destinado a pagar la deuda.

Asamblea Jachal No se Toca, San Juan: Saúl Argentino Zeballos. La Asamblea nace en 2015 denunciando los sucesivos derrames de cianuro y mercurio en el río Jachal por parte de la minera Barrick Gold y la instalación de una mina de uranio que contaminaría el acuífero de Huachi. Denuncian al Banco Mundial, que otorgó préstamos por 69,5M de dólares (que forman parte de nuestra deuda externa) que financiaron programas de asistencia a la minería argentina (PASMA 1 y 2) desde 1995 a 2001. La deuda es ilegítima, ya que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, el dinero se destinó a realizar estudios geológicos que abarataron los costos de las empresas y modificar la legislación para allanar el camino para el saqueo y la contaminación de las multinacionales mineras conforme a un plan imperialista. Tanto la UNESCO como el IANIGLA y funcionarios de gobierno permitieron que las mineras se instalaran en reservas acuíferas de San Juan, incumpliendo la ley de Glaciares, realizando inventarios de glaciares a medida de las empresas. El gobierno de San Juan ocultó el primer derrame de la mina Veladero y dejó a su merced a lxs habitantes de la región. La Corte Suprema demoró exageradamente la actuación en torno a los derrames, y sólo responsabilizó a empleados, pero no al gerente de la empresa Barrick Gold. Además, estas empresas pagan impuestos según lo que declaran que extraen, que es menor a lo que efectivamente se llevan. Además, las exportaciones se realizan en “lingotes doreé”, en cuyo interior se encuentran no sólo oro y plata en mayor proporción que los declarados, sino otros metales por los que no pagan impuestos. A pesar de que este contrabando ya ha sido denunciado a la justicia, esta ha permitido que el saqueo subsista.





 
 

Asamblea Socioambiental de la Zona Este, Mendoza: Graciela  Hermoso y Silvina Pereyra. Denuncian que el fracking y la megaminería que se pretenden instalar en Mendoza y otros pueblos cordilleranos atentan contra el derecho constitucional a un ambiente sano. En el caso de Mendoza, existe una gran connivencia político-empresarial. Los proyectos mineros y petroleros tienen un tratamiento privilegiado dentro de la legislatura y otros organismos de gobierno. Hay una relación de estos emprendimientos con la necesidad de generar divisas para pagar la deuda. Durante el gobierno de Cornejo (2015-2019), se aumentó un 400% la deuda contraída por la provincia. Estos préstamos no fueron destinados a actividades que generan empleos, sino que por el contrario, la desocupación y pobreza aumentó. Las actividades mineras y petroleras son mostradas como la salida a esos flagelos sociales, a pesar de que la provincia está inmersa hace diez años en una crisis hídrica, con una disminución de hasta un 60% del caudal de los ríos, por lo que resultaría inviable el uso de las grandes cantidades de agua que requieren estos proyectos, que además representan peligro de contaminación. En diciembre, el gobierno pretendió modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros, y una gran movilización popular, que incluyó cortes de ruta en todo el territorio, logró frenarlo. Por otra parte, el fracking se ha impuesto –reglamentado por decreto y no por ley, para evitar su tratamiento en la legislatura- en los últimos años en el departamento de Malargüe, al sur provincial, sin la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes. En 2017, se encontraron evidencias de contaminación en las cuencas de agua. A pesar de esto y de no contar con licencia social, se continúa con la realización de esta actividad y se impulsa en otros departamentos, como Tupungato. Además, existe un proyecto de mega represa, Portezuelo del Viento, que afectaría a La Pampa y otras provincias que integran la cuenca del Río Colorado. Por lo que se está trabajando en conjunto con las asambleas de esos lugares.

Guillermo Folguera, CONICET, UBA. Denuncian el principio de acuerdo entre Argentina y China para montar una serie de megafactorías de carne porcina para la exportación directa a ese país. Se habla de la producción de 9 Millones de toneladas, multiplicando por 14 la producción actual. Producto de la presión social respecto a este tema que se ha logrado en las últimas semanas, ese número se redujo a 900 mil toneladas, lo que de todas maneras implicaría la duplicación de lo producido hoy en el país. No se han realizado estudios de impacto ambiental sobre estos proyectos, que implican: la deforestación de extensas superficies (incumpliendo la Ley de Bosques, desplazando comunidades originarias), un gran consumo de agua (por kilo de cerdo producido, se consumen 5900 litros de agua, esto es inviable, ya que los lugares donde se pretenden instalar las granjas, entre los que resuena principalmente Chaco, son regiones donde se sufre una profunda sequía), aumento de la producción de maíz y de soja (implicaría aumentar uso de agrotóxicos que se usa en su producción y de agua, ya que por kilo de soja producido se consumen 1900 litros de agua) y uso de nitratos, nitritos y amoníacos  que contaminan la tierra y el agua. Estos proyectos son potencialmente zoonóticos, por lo que resulta absurdo su planteo en este contexto de pandemia por zoonosis.



Asamblea El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca: Pablo Domínguez. Defienden el río Andalgalá en contra del emprendimiento de Agua Rica. Este río tiene un caudal de 740 litros por segundo. Cada segundo de agua que pasa por el río, vale 370 dólares para la minera Bajo La Alumbrera, que por ejemplo en un sólo bimestre del 2011 facturó 2800M de dólares, de los cuales sólo se declararon 200M, los que generaron ingresos por impuestos para Catamarca por 3M  y 24M a Nación. Esta minera utilizó y contaminó 100M de litros de agua por día, por lo que cada litro de agua generó para ellos una ganancia de 0,5 dólares. Esta agua es saqueada a lxs veinte mil habitantes de Andalgalá, a quienes se les destruye el territorio y se les impide otras formas de desarrollo (producción de nueces, membrillo). En 20 años, Bajo La Alumbrera emitió divisas por veinte veces el valor de la deuda externa.


 

Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, Esquel, Chubut: Julian Raso y Silvina Borgia. En 2002 arribó a Esquel la empresa Meridian Gold para explotación minera. En esa oportunidad, algunxs pobladores se informaron acerca de las consecuencias ambientales del extractivismo y la actividad minera y desarrollaron una experiencia de educación popular, que permitió que al año siguiente en un plesbicito no vinculante el 81,4% de la población decidiera que no quería que se instalara la minera en ese lugar. A raíz de esto, también en 2003 se logró sancionar la ley 5001, que prohíbe la instalación de mineras a cielo abierto que usen cianuro. Las asambleas de Chubut en unidad presentan un proyecto de ley para ampliar la protección contra la megaminería contaminante que utiliza otros químicos – el primero por iniciativa popular de la historia de esa provincia. Se logró derogar una ley que pretendía zonificar la provincia y permitir la instalación de mineras en ciertas regiones. Mientras tanto, en la provincia lxs únicxs empleadxs estatales que cobran su sueldo en tiempo y forma son lxs policías, y los proyectos mineros son presentados como la única solución frente a la situación financiera provincial, y se presiona a quienes no perciben los salarios (trabajadores de la educación y de la salud) para que acepten esta actividad. Sin embargo, en Chubut hay explotación petrolera que ha producido contaminación, pero cuyas regalías están comprometidas mayormente al pago de la deuda externa, y no al desarrollo provincial. Además, los pueblos originarios que defienden su territorio son violentados y perseguidos judicialmente.

Somos monte, Chaco: Dardo Tiddi. El Gran Chaco es la segunda masa boscosa más extensa de América. Es una de las regiones con más tasa de desmonte del mundo. El desmonte trae pérdida de biodiversidad, conflictos sociales por desplazamiento forzado de población y es una de las principales causas de calentamiento global (la emisión de carbono causada por el desmonte equivale al de todos los medios de transporte del mundo). Luego del desmonte, se instala el agronegocio, manejado por grandes corporaciones, destinado a exportación y generación de commodities, constituyendo un punto clave del mercado financiero global. Mientras son los pueblos los que sufren las terribles consecuencias del desmonte, las ganancias se fugan al extranjero. Así, los bancos ofrecen créditos para las empresas que desmontan, que después terminamos pagando en forma de deuda externa.

También, como parte del Foro, la cantautora Laura Gallo brindó su arte musical como ofrenda a esta lucha.

 

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viernes, 21 de agosto de 2020

#LunesContraLaDeuda - 5to. Foro de Denuncia: Agua y Extractivismo


Agua y Extractivismo serán los ejes del 5to Foro de Denuncia #LunesContraLaDeuda

 

Argentina, 21/8/2020 – El próximo lunes, 24 de agosto, a las 17 hs., se realizará con un enfoque en el Agua y el Extractivismo, el 5to Foro de Denuncias en el marco del Juicio Popular a la Deuda y al FMI. El mismo será transmitido en vivo por el canal de Youtubede la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 

 

Expondrán en este #LunesContraLaDeuda, asambleas, redes, organizaciones populares y referentes académicos, relacionando problemáticas como la megaminería a cielo abierto, la construcción de megarepresas, el fracking, la agroindustria y las privatizaciones, con el sistema de deuda perpetua y las políticas públicas condicionadas por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros y comerciales internacionales y denunciando sus impactos frente a las obligaciones estatales prioritarias en materia de los derechos humanos al agua y un ambiente sano, entre otros.

 

Presentarán sus denuncias representantes de la Asamblea El Algarrobo (Andalgalá, Catamarca), la Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina (Esquel, Chubut) y la Red Ñimiñ (Santa Cruz); 

Grace Hermoso y Silvina Pereyra por la Asamblea Socioambiental de la Zona Este (Mendoza); Guillermo Folguera (CONICET, UBA); Gladys Rubinich, Secretaria de Medio Ambiente de AMSAFE Rosario e integrante de la Multisectorial por una Ley de Humedales; y Diego Andrés Martínez por Amigos de la Tierra.

 

Anteriores Foros de Denuncia, que se realizan cada lunes a las 17 hs por el canal de Youtube de la Autoconvocatoria, abordaron el nefasto impacto de la deuda pública y el FMI sobre la Salud; su relación con el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio; su impacto sobre el Trabajo; su incidencia sobre los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.

Integrantes del Tribunal y de la Fiscalía Popular están presentes en todos los Foros de Denuncia. El Tribunal popular está integrado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Bercovich y Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Les fiscales son Liliana Costante, Verónica Heredia y Carlos Zerrizuela.

Están convocadas todas las organizaciones populares a participar activamente en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, compartiendo sus denuncias, acercando sus testimonios y documentación, organizando una audiencia o actividad relacionada.  Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente a la Secretaría del Tribunal: juiciopopulardeuda@gmail.com .
 


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