El 7mo. Foro de Denuncia del Juicio Popular a la Deuda y al FMI se centró en la temática de educación. En las intervenciones de les denunciantes, se puso de manifiesto el vínculo directo entre el endeudamiento público y el condicionamiento a las políticas, en los distintos niveles y modalidades, del sistema educativo.
Lo que sigue es la crónica del Séptimo Foro de Denuncias, basada, prácticamente de manera textual, en el artículo de este enlace: http://venceremos-arg.org/2020/09/10/la-deuda-es-con-la-educacion-7-foro-de-denuncia-cronica/
La Secretaria Adjunta por la CONADU Histórica – CTA-A, Claudia Baigorria, abrió este foro temático señalando que la educación es un derecho social y que, en el marco de la virtualización educativa impuesta por esta Pandemia, nuevas desigualdades aparecen en escena. Los programas de ajuste son la contracara del endeudamiento.
En el nivel superior, esto se traduce en techos a la inversión educativa, limitando la contratación laboral y en el aumento de la flexibilización laboral que impacta especialmente en las mujeres trabajadoras.
Por otro lado, una lógica mercantil y eficientista impacta en la concepción sobre la educación. El plan neoliberal en educación tuvo su hito emblemático con la sanción de la Ley de Educación Euperior (LES). Aún con resistencias, el avance de esta política educativa trajo como consecuencia el desfinanciamiento a las universidades, el rol injerencista de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y las empresas privadas, el incremento de la precarización laboral y salarial de les docentes universitarios, dando por tierra con pilares fundamentales en los que se estructuró históricamente el nivel: autonomía, ingreso irrestricto, gratuidad.
Entre sus demandas, la denunciante señaló que la gran deuda de la universidad pública es poner fin a la injerencia de las empresas privadas, muchas ligadas a la agro-negocio y al extractivismo; además de pedir la derogación de la LES y la inmediata apertura de paritarias.
Por su parte, Sebastián Henríquez, Secretario General de SUTE-Mendoza y militante de Venceremos-PT, presentó una muy fundamentada denuncia sobre la relación existente entre el endeudamiento público en la provincia y las principales problemáticas que atraviesan en el sistema educativo. Citando una serie de datos e investigaciones elaborados por el Centro de Investigaciones en Economía Crítica de la Provincia de Mendoza, puso en evidencia el peso de la deuda pública en las arcas de la provincia.
Por ejemplo, si se excluyera el pago en concepto de amortizaciones, intereses y gastos de deuda, la provincia, en vez de tener un déficit, tendría un superávit primario de $ 3.130 millones. Esta cifra equivale al monto para pagar los aguinaldos de todes les trabajadores del estado, que a la fecha el gobierno provincial no ha abonado.
Este incremento exponencial del endeudamiento se origina en la gestión Cambiemos de Alfredo Cornejo. Mientras el peso del pago de bonos, intereses de deuda y otros tipos de endeudamientos, aumenta significativamente año tras año, no ocurre lo mismo con otras áreas que vienen sufriendo un ajuste feroz. El pago de intereses de deuda pasó de representar un 1,5% de las erogaciones presupuestarias en 2015 a un 3,9% proyectado para el presupuesto de este año. Cifra que además está sub-representada.
Esta relación, inversamente proporcional, entre el pago deuda y ajuste en derechos sociales, también se evidencia en las estadísticas del presupuesto destinado a educación. Mientras que en 2013 el presupuesto educativo representaba un 26% del presupuesto provincial; entre 2018/19 llega a representar cerca de un 22% del presupuesto. Este recorte presupuestario se traduce en que las escuelas mendocinas sostienen en un 85% sus gastos fijos con el aporte de sus comunidades. Un 37% de esas escuelas están expuestas a factores de riesgos de contaminación ambiental. Un porcentaje similar no tiene acceso a alguno de los servicios básicos. Por solo mencionar algunos datos ilustrativos. Como bien expuso en su denuncia Sebastián, “la situación de ajuste en la provincia de Mendoza es brutal. No se pagan los aguinaldos, la paritaria está congelada. En ese marco nosotros entendemos que no hay otra deuda que no sea con el pueblo y con la educación”.
La Secretaria General de Suteba Tigre-Conducción Multicolor, María Elisa Salgado, compartió un crudo relato de la realidad cotidiana que se vive en su sector, privando, en los hechos, a miles de estudiantes del derecho a la educación por no poder costear los dispositivos o la conexión a internet.
En estos 6 meses de suspensión de clases presenciales se ha puesto de manifiesto la crisis educativa. Las necesidades sociales de las familias aumentan, pero los alimentos entregados son totalmente insuficientes y de pésima calidad. Según datos de la seccional, hay más de 3000 estudiantes, de diferentes niveles educativos, que no acceden al servicio de alimentos que provee el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En su intervención recordó los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, producto de la explosión de la escuela primaria 49 en Moreno. Este hecho fue consecuencia directa del ajuste en educación dictaminado por la gobernadora María Eugenia Vidal tras el acuerdo con el FMI. Un precedente similar, fue el asesinato laboral de Silvia Roggeti, docente de Neuquén en el año 2000.
La decisión política del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, de convalidar el pago de esta deuda odiosa, ilegal e ilegítima, tiene su correlato en el sostenimiento del desguace del sistema educativo, que inauguró la última dictadura cívico-eclesial militar. El ajuste y la desinversión marcan la política educativa desde hace décadas. La ley de Educación Nacional, por ejemplo, es una continuidad de muchos de los pilares de la educación menemista. Se mantienen las reformas educativas y los crímenes sociales pueden repetirse. La negativa de los países, a destinar recursos a la educación, tiene su origen en la incapacidad de tomar decisiones soberanas por su subordinación al imperialismo.
Recordando a quienes dejaron su vida en la lucha por la educación pública, finalizó su denuncia, pidiendo al tribunal una sentencia ejemplar que “contribuya a una reparación para la inmensa mayoría de la humanidad que es víctima de sus políticas”.
La voz de les jóvenes estudiantes estuvo representada por Flor Maceiras, Secretaria General del Centro de Estudiantes Nº6 de Banfield. En su denuncia relató el proceso de organización y lucha que desarrollaron les estudiantes por la construcción de un nuevo edificio para su escuela. Este recorrido implicó una creciente toma de conciencia por parte de la comunidad educativa en articulación con otros sectores en lucha. Desde 2015 que hay una licitación realizada, los fondos asignados, sin embargo, la obra nunca fue realizada. Solo se hizo una demolición, sin la construcción, empeorando las condiciones previas. Les estudiantes y docentes concurren a un edificio con ratas, y sin condiciones seguras para su funcionamiento.
En este ejemplo, que no escapa a la realidad de la enorme mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, se evidencia un entramado de corrupción y abandono por parte del Estado. El discurso de las autoridades sostiene que no hay plata para construir escuelas, pero sí para pagar la deuda. “Las escuelas se desploman, mientras se paga deuda. No podíamos esperar que la muerte fuera el límite para empezar a luchar. ¡La deuda es con el pueblo, con los hijes del pueblo, no con el FMI!”.
En su turno, el Secretario Gremial de AMSAFE-Rosario, Juan Pablo Casiello, centró su denuncia, en la relación entre el pago de la deuda y la situación educativa en Santa Fe. Esta provincia considerada una de las más ricas del país, con una gestión de 12 años del progresismo, no logró escapar a la dependencia que implica el endeudamiento externo. Esta situación se profundizó, aún más, con la gestión actual de Perotti. La deuda, más allá de lo económico, es un mecanismo que subordina a los estados, sus políticas en general, y también las educativas. Los organismos multilaterales de crédito no solo nos endeudan, sino que nos condicionan. Son usinas del diseño de políticas. Este condicionamiento se evidencia fundamentalmente en tres líneas: los ajustes presupuestarios, el ataque a los derechos laborales de les docentes, y la apuesta permanente a la mercantilización de la educación.
En su intervención, destacó algunos datos que ilustran muy claramente esta relación entre deuda y condicionamiento a las políticas educativas en Santa Fe. Por un lado, la baja significativa del presupuesto asignado a educación. En 2011 a educación se destinaba el 36% del presupuesto, en 2019, el porcentaje se redujo a un 29%. Además, hay que decir que un 19% de estos fondos se los lleva la educación privada. Cifra que supera la media nacional. Por otro lado, la caída del salario docente con ingresos en la mayoría por debajo de la línea de pobreza.
A estos datos, hay que sumar el impacto diferenciado en los sectores populares. Por la crisis social que se vive en el país, muches niñes reciben en la escuela su principal comida diaria. El gobierno provincial destina, por día, para la ración de copa de leche $9.50 y $27.50 para la ración de comedor. Por último, el dato de deserción escolar que cuestiona la obligatoriedad formal de la educación secundaria y la garantía real de este derecho. Desde el 2006 la educación secundaria es obligatoria. Los últimos datos oficiales, muestran que, en la provincia, un 62% de les que empezaron 1er año no llegaron a 5to año. La reciente muerte de Camila, una estudiante de 2do año de una escuela pública, víctima de una balacera es una expresión brutal de un sistema que condena al abandono y hasta a la muerte a miles y miles de jóvenes en el país.
Por último, Gabriela Tolosa, consejera estudiantil del Profesorado Joaquín V González, compartió su denuncia vinculando el proyecto de la Unicaba a los condicionamientos de los organismos multilaterales de crédito. En 2017, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lanzó el proyecto de la Unicaba, en un claro ataque a los profesorados. Durante 2018 y 2019, las comunidades educativas de los 29 profesorados de la ciudad iniciaron un masivo proceso de lucha que incluyó tomas, movilizaciones, festivales, etc. El proyecto de la Unicaba forma parte de un plan de ajuste que se articula con otras reformas educativas, como el Plan Maestro, a nivel nacional, y la Secundaria del futuro, en CABA.
Este proyecto, entre otros aspectos, pone en riesgo el estatuto docente, establece pasantías, degrada los títulos, avanza en la aplicación de plataformas, incrementa la lógica mercantil en la formación docente, reemplazando un perfil de docente crítico por un rol de facilitador o líder, más afín a empresas y ONGs. La relación entre la deuda y estas políticas es muy evidente.
Por un lado, todo lo que se destina al pago de la deuda no se destina a educación. También se evidencia en la injerencia de los organismos multilaterales de crédito, como es el caso del BID que financia proyectos en CABA, con una consecuente intromisión en los diseños de políticas y el perfil de formación docente.
En su intervención, repudió el pago de la deuda, y a los rectores de las universidades nacionales que se manifestaron en apoyo a la re-estructuración de la deuda pública; llamando al conjunto de les estudiantes a construir un movimiento de lucha por una educación al servicio de los intereses populares.
El foro finalizó con unas emotivas palabras que Norita Cortiñas dedicó a Cristina, la mamá de Facundo Castro, acompañando el reclamo de juicio y castigo para todos los responsables de su asesinato. Porque la contracara del pago de esta deuda odiosa, ilegítima y fraudulenta, es la muerte de nuestres pibis a manos de las fuerzas represivas, es la condena a la pobreza del 60% de nuestras infancias, es la precarización laboral y de la vida, es menos plata para educación y más para la deuda.
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!
¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
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