En medio de la zozobra inflacionaria provocada por las primeras medidas del mega-ajuste prometido, el nuevo gobierno se ha mostrado, en tiempo récord, como el mejor servidor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los intereses del gran capital que representa.
La devaluación del peso, el quite de todo control sobre los precios de la canasta básica, el anuncio de tarifazos y una nueva ola de privatizaciones, despidos en la administración pública, la licuación de salarios, jubilaciones y asistencia social, la entrega de la obra pública a intereses privados y el cierre o degradación de políticas y programas que hacen al bienestar del pueblo y del ambiente natural, fueron rápidamente aplaudidos por el FMI y festejados por sus únicos beneficiarios: la clase dominante y sus patrones internacionales.
Los inconstitucionales y antipueblos DNU, Ley Ómnibus y Protocolo represivo, que entre otras barbaridades buscan quitar todo control sobre el endeudamiento público, confirman además que el gobierno encabezado por Javier Milei no reconoce límites en su pretensión de entregar el país, las conquistas populares de décadas y todo lo que aún falta, a la pequeña casta de empresas y especuladores que hoy frotan sus manos ante la libertad de saqueo anunciada.
En este marco, y ante la resistencia popular ya iniciada con las movilizaciones del 20 y 27 de diciembre, los cacerolazos, las asambleas y acciones en defensa de la democracia, el trabajo, la cultura, el agua y el ambiente, junto al paro general preparándose para el 24 de enero, llega al país una nueva misión del FMI. Su objetivo es claro: reacomodar los términos del acuerdo firmado en 2022, para, a su vez, cobrar la estafa acordada en 2018, a fin de continuar el sometimiento del país y garantizar que pase lo que pase, con divisas o con activos, los usureros de siempre sigan cobrando.
No hay plata, repite el gobierno, pero no tiene problema en priorizar el pago de una deuda cuya legitimidad y legalidad han sido largamente cuestionadas, dedicándole una porción cada vez mayor del presupuesto público, consolidando un modelo económico ultraliberal basado en la rapiña extractivista y endeudándonos aún más.
Repudiamos la continuidad y la profundización de estas políticas de libertad para el gran capital, que el gobierno de Milei intenta garantizar junto al FMI. Para el pueblo argentino, está a la vista que significarán más hambre, desempleo, precarización y represión. Las exigencias centrales del Fondo siguen siendo las reformas laborales y previsionales antipopulares, la privatización y entrega de todos nuestros bienes comunes y la quiebra de toda resistencia.
Rechazamos este asalto a nuestros derechos y la posibilidad de una vida digna y reclamamos a los Poderes Judicial y Legislativo que hagan lo mismo. Al pueblo argentino, a todas las organizaciones populares, llamamos a seguir uniéndonos en acción desde nuestra diversidad. Llamamos en especial, a fortalecer la resistencia a la estafa de la deuda y los acuerdos con el FMI que el gobierno de Milei, a través de la dupla de endeudadores fraudulentos y seriales Caputo y Bausili, se alista a profundizar, exigiendo una ruptura con el Fondo, el no pago de lo que el pueblo no debe y la investigación y sanción de los responsables.
Basta de ajuste y saqueo
No a los despidos
Abajo el DNU, el Protocolo y la Ley Ómnibus
Las estafas no se pagan
Fuera el FMI
La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI ni con los bonistas.
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
-Argentina, 4/1/23
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