El gobierno declaró el aislamiento forzoso y lo prorrogó hasta el 12 de abril. Es una medida necesaria para frenar la expansión del virus y evitar el colapso del sistema de salud, aun sabiendo que no afecta a todes por igual. Millones de personas están imposibilitadas de hacer cuarentena, por ejemplo, porque hay hacinamiento y ausencia de ingresos. Deben salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o merenderos. Ante esta realidad, son muchas las denuncias de abusos y represión de parte de fuerzas policiales y gendarmería, camino que debe quedar descartado igual que cualquier participación de las fuerzas armadas en el control interno. El parate de importantes sectores de la economía repica contra los ingresos de tantes trabajadores precarizades y la capacidad de muchas cooperativas, empresas recuperadas, trabajos autogestionados y PYMES a sostenerse. Estas situaciones vulneran aún más a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias, y la violencia machista se sigue ejerciendo, con 12 femicidios en apenas 10 días de cuarentena.
Por otra parte, los formadores de precios aumentan día a día la canasta básica a pesar de la disposición gubernamental de retrotraer alimentos y medicamentos a los precios del 6 de marzo pasado. El poder económico presiona contra el empleo y los salarios, aunque en el fondo buscan el levantamiento de la cuarentena. Ponen la ganancia, sus ganancias, por delante de la vida. Un caso evidente es el del grupo Techint que pretende despedir a 1450 trabajadores. Desde varias provincias llegan denuncias de la continuidad de los desmontes, las fumigaciones y el avance de la megaminería, aumentando la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades, pese a las restricciones establecidas.
En este contexto, y ante la perspectiva de un agravamiento de la situación social, destacamos la urgencia de priorizar la atención de las necesidades de los sectores populares más vulnerables. Hoy todos los recursos deben orientarse a satisfacer derechos, incluyendo en primer lugar la salud y la alimentación.
Por eso, ahora más que nunca reclamamos al gobierno nacional y los gobiernos provinciales que suspendan todo pago de deuda pública. Rechazamos que en medio de este brutal agravamiento de la situación de crisis que ya se venía sufriendo, continúen los pagos al FMI, fondos de inversión y otros especuladores, co-responsables de esa realidad.
Con los U$S 250 millones que el gobierno nacional pagó en intereses el 31 de marzo, por ejemplo, se podría haber multiplicado por 9 el fondo especial establecido para reforzar el sistema de salud, o aumentado en forma sustancial el Ingreso Familiar de Emergencia que prevé otorgar $10.000 a hogares sin otro sostén. O se pudo haber prescindido de la toma de nueva deuda, como el préstamo de U$S 300 millones recién acordado con el Banco Mundial, perpetuando el sistema de expoliación y dominio de la cual la deuda forma parte central.
No se debe destinar un solo peso o dólar más al pago de esta presunta deuda, sabiendo además que lo que nos exigen pagar, más que una “deuda”, es una verdadera estafa al pueblo y los intereses de la nación. Reclamamos que se dejen sin efecto la ley 27.544 y el decreto 250/2020, que habilitan las actuales negociaciones de pago, y que se realice una investigación independiente y participativa de los pagos pendientes para anular directamente los que son ilegítimos, ilegales y odiosos.
Estamos igualmente convencidos que, por más necesario que es en este momento, no alcanza con no pagar. Es el momento para que paguen los beneficiarios del saqueo provocado con la estafa de la deuda, como los bancos, entidades financieras, monopolios, el agro negocio y el conjunto del modelo mercantilista, extractivista, especulador y transnacionalizado.
La situación de emergencia que se ha configurado exige un conjunto de políticas soberanas que defiendan la vida y el futuro del país. Algunas de ellas las veíamos como un escenario estratégico, pero la crisis y la pandemia las hicieron necesarias ahora. La prioridad debe ser sostener la economía popular, sostener e inyectar recursos al sistema público de salud, a los subsidios para quienes no pueden trabajar, y sostén a las empresas recuperadas, cooperativas y Pymes para producción de todo aquello que la sociedad requiera.
En ese espíritu ponemos a consideración de toda la sociedad, al igual que a los gobiernos, las siguientes propuestas:
- Inmediata suspensión de todo pago de la deuda pública, incluyendo intereses, amortizaciones y comisiones. Investigación de su origen, usos y consecuencias para anular directamente. NO al inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento.
- Repatriación de los casi 350.000 millones de dólares de activos de argentines en el exterior. Auditar los posibles fraudes y evasión fiscal en la fuga de divisas que les dieron origen. Aplicación de un fuerte impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas.
- Ningún despido, suspensión o rebaja salarial. Garantizar el cumplimiento del DNU N°329/2020. Que sean los grandes grupos económicos los que ganen menos para sostener a les trabajadores.
- Multiplicar las partidas de alimentos, barbijos, alcohol en gel e insumos en las salas y centros de salud de los barrios populares y hospitales.
- Aumento del subsidio de emergencia para todos les trabajadores informales, monotributistas, cooperativistas. Asegurar el abastecimiento básico en los territorios más empobrecidos.
- Asegurar la no suba de precios.
- Supervisión del cumplimiento del aislamiento forzoso en manos de autoridades civiles y organizaciones populares, desmilitarizando los barrios, pueblos, ciudades y rutas del país. Facilitar las denuncias y asegurar la sanción de todo comportamiento abusivo por parte de las fuerzas policiales y de gendarmería.
- Reforzamiento integral de las políticas públicas contra la violencia machista.
- Declarar de interés público en manos del Estado el sistema de salud, incluyendo la medicina privada, prepagas, y monopolios farmacéuticos que controlan los medicamentos, camas e insumos hospitalarios, como acaba de hacerse en Irlanda.
- Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para tener pleno control de las divisas del comercio exterior y del crédito que es necesario para el desarrollo productivo del país.
- Restablecimiento de una Junta Nacional de Granos y de Carnes para que el Estado, con control popular, maneje toda la cadena de alimentos. Asegurar que el monopolio agro exportador Vicentín pague sus deudas fraudulentas a la banca pública y que su capacidad de producir alimentos para millones de personas pase a control estatal.
- Declarar como servicios públicos esenciales controlados por el Estado los recursos, transporte y comercialización de la energía.
- Tierra para quien la trabaja, hacia una reforma agraria integral.
- Rechazo a las medidas de bloqueo y hostigamiento sobre países que repercuten en la salud de la población -como en los casos de Cuba y Venezuela-. Por vinculaciones entre países solidarias y cooperativas, en favor de los pueblos.
Estas propuestas buscan reforzar y complementar esa solidaridad desde abajo con acciones imprescindibles desde el Estado por lo que invitamos al pueblo trabajador a debatirlas y bregar por su implementación. Seguramente habrá otras que aporten a la orientación política y recursos necesarios para superar esta emergencia y avanzar con las transformaciones estructurales necesarias para lograr una economía, un país, al servicio de los pueblos y no de los intereses del capital. Juntes podemos asegurar una salida popular a esta pandemia.
Argentina, 1 de abril de 2020
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
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