Con la moderación de Demián García Orfanó el lunes 10 de agosto se realizó de manera virtual, transmitido a través de Youtube, el Tercer Foro de Denuncias del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, centrado en el impacto del endeudamiento público y el FMI sobre el mundo del Trabajo, sobre los verdaderos creadores de la riqueza social, los trabajadores.
Desde las 17 hs., este Foro de Denuncias comenzó su sesión como continuidad de los foros anteriores: del 1° Foro, centrado en el impacto de la deuda y el FMI sobre la Salud; y del 2° Foro, centrado en el impacto de la deuda sobre el Hambre, la Soberanía Alimentaria y el Territorio. Estos Foros de Denuncia continuarán todos los lunes hasta fines de septiembre – #LunesContraLaDeuda -, para que diversas organizaciones populares presenten sus denuncias contra la Deuda pública y el FMI en relación a las problemáticas que enfrentan.
Les jueces populares Nora Cortiñas, Nina Brugo, Miguel Julio Rodríguez Villafañe y la fiscal Liliana Costante, y ante una audiencia desde los diversos puntos cardinales de nuestro país (ciudad de Córdoba, ciudad de Santa Fe, Potrero de Funes, en San Luis, Usuhaia, Marcos Paz, Pacheco, en Gran Buenos Aires, Guernika, Morteros, en Córdoba, Tucumán, Salta, por citar algunos lugares), escucharon las denuncias presentadas por Jorge Ramírez, secretario gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) y secretario de DD. HH. de CONADU Histórica; Alfredo Cáceres, de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, seccional Tigre y del Espacio de Trabajadores de la Zona Norte; Carina Mardones y Viviana Gualdoni, Secretaria de Comunicaciones y congresal de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, respectivamente; Sebastián Rodríguez, Secretario General de la Comisión Interna de Morvillo; Gabriel Galeano, Secretario Adjunto de la Comisión Interna Fuero del Trabajo, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, e integrante de la Mesa de la Unidad Sindical; Mónica Schlotthauer, Diputada Nacional electa y delegado del FF. CC. Sarmiento; y Guillermo Robledo, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe.
Yaqui Flores, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no pudo participar por una actividad impostergable que le surgió de manera imprevista, y Gisella Bustos, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, también debió ausentarse por razones de fuerza mayor.
En su denuncia, Jorge Ramírez, secretario gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) y secretario de DD. HH. de CONADU Histórica, destacó que hay dos vías en las que la deuda afecta al trabajo: “por un lado el propio ajuste que implica restringir recursos que serían para cuestiones necesarias como la salud, la educación”, y por otro “a partir de las políticas acordadas en el marco de esos de esos programas de endeudamiento”, que “para la docencia universitaria esto representa una reducción en los salarios e implica condiciones de trabajo inadecuadas por falta de equipamiento (...) que pasa a ser justamente lo que incluye a la gran mayoría del presupuesto universitario que es el pago de salarios, que hoy tiene un retraso muy considerable”.
Ramírez denuncia que durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019 se destinó a la deuda más de cinco veces el presupuesto universitario y que los docentes universitarios han tenido “una disminución salarial en términos reales del orden del 18 por ciento” en capacidad adquisitiva y “en este gobierno actual eso no se ha revertido. por el contrario, si bien estaba previsto una cláusula (...) en el mes de marzo que hubiera empatado con la inflación acumulada entre octubre y febrero, el gobierno incumplió con ese acuerdo y por lo cual sufrimos un nuevo retraso salarial”.
Además, Ramírez describió que “lo que se expresó en cada instancia negocial en cada conversación informal tenía que ver con preparar las negociaciones con los bonistas y luego con el Fondo Monetario Internacional, es decir en nuestro caso significa quedar postergados nuevamente a manos de la lógica del pago de la deuda externa”.
Alfredo Cáceres, de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, seccional Tigre y del Espacio de Trabajadores de la Zona Norte, por su parte describió la política contra los trabajadores que a sangre y fuego impuso la dictadura militar, donde el endeudamiento se multiplicó y que luego continuó como realidad sobre los gobierno que siguieron, “en el sentido de precarizar y de destruir los derechos adquiridos con un concepto que baja de todas las oficinas del imperialismo propiamente, empezando por el Banco Mundial, el Fondo Moneterio Internacional”, en el sentido “de avanzar en abaratar la mano de obra, quitarle más al salario de los trabajadores en general, destruir derechos, destruir también a organizaciones y de esa forma impedir que la clase trabajadora pueda, a través de su propia fuerza organizada, defender sus derechos y mantener las conquistas y lógicamente un trabajo que no signifique dejar la vida en él”.
Denunció que “aquí en la zona norte hicimos un pequeño informe semanal (...), vamos haciendo el registro de cómo va aumentando el COVID y en medio de una pandemia la clase trabajadora hoy está pagando el precio de ir a las fábricas, a los lugares de trabajo, a los centros donde se aglutinan, para que funcione la economía (...) pero en el medio la imposición de las patronales de trabajar a
cualquier precio ha generado un enorme aumento del contagio y de las muertes”.
“Analizando diferentes sectores -agregó Cáceres- uno se da cuenta que prácticamente no quedó ninguno donde no se hayan aplicado políticas flexibilizadoras”.
Finalmente, Alfredo Cáceres manifestó que “yo para cerrar acuso ante este tribunal al Fondo Monetario y a todos los políticos responsables de haber garantizado estas políticas económicas de endeudamiento, de dominio del país, de haber priorizado pagarle a los que más tienen y no a los que más necesitan”.
Desde Comodoro Rivadavia, Carina Mardones y Viviana Gualdoni, Secretaria de Comunicaciones y congresal de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, respectivamente, en su intervención hicieron una descripción del saqueo que sufre esta rica provincia de la Patagonia.
Refiriéndose al petróleo manifestaron que “tenemos el yacimiento que es Cerro Dragón, donde la operadora Pan American Energy es la principal explotadora de este recurso (...) donde solamente las petroleras dejan un 12 por ciento de las regalías a la provincia y, en el caso de Pan American Energy, solo deja una parte que no se sabe cuánto de estas regalías, porque inyectan gas al gasoducto cordillerano y obviamente tiene beneficios para utilizar agua potable para lo que es la recuperación secundaria del petróleo, con precios totalmente ilusorios”, mientras “en la ciudad de Comodoro Rivadavia (...) sufrimos continuamente los cortes de agua durante el año (...) y muchos barrios aún no poseen el servicio de agua potable”.
Refiriéndose a la producción y exportación de aluminio, donde está “la empresa Aluar, de Madanes Quintanilla”, donde “se aporta, desde el Estado, la posibilidad de ampliar el puerto de Madryn (...) y se tiene que abastecer de energía, por lo tanto fue necesario construir Futaleufú, que es una central hidroeléctrica, donde (...) Aluar tiene prácticamente el manejo completo de esa planta de energía”, preguntándose y contestando “¿cuánto dejan en la provincia? Nada”.
Continuando con el relato de esta realidad indigna, Mardones y Gualdoni manifiestan que “también tenemos las pesqueras, las grandes pesqueras de langostino, donde también las grandes empresas se llevan las riquezas de nuestros mares dejando nada a la provincia”, al mismo tiempo que los trabajadores tienen que estar luchando constantemente para que no los sometan a una esclavización creciente, como sucede con los estibadores en Comodoro Rivadavia, como sucede en el caso de los trabajadores de la industria de la alimentación...
“Tenemos lana -siguen denunciando Carina y Viviana-, la mejor que pueda tener Argentina sale de la Patagonia, (...) donde desde 1885 donde tuvimos el genocidio patagónico llevado adelante por Roca, los grandes terratenientes jamás han pagado un impuesto, jamás han pagado nada de lo que se llevan de la Patagonia Argentina”.
Y “en esta nada entramos los trabajadores estatales, que desde el 2017 estamos en lucha con sueldos que en principio se comenzaron a pagar por rangos” denuncian las compañeras, describiendo que en 2018 se tuvieron que cerrar casi 30 escuelas en Comodoro Rivadavia por los recortes presupuestarios.
Respecto del peso de la deuda pública, destacan que “si hubiera concursos, Chubut tiene la posibilidad de sacarse el premio al peor manejo de la deuda de todas las provincias: nos han venido endeudando desde el 2010 al 2016, con fondos fiduciarios adonde van las regalías petroleras” (...), “a pesar de esta garantía de pago se pagan intereses usurarios cerca del 8% de interés, las comisiones que se pagaron son de arriba del 2% hasta el 4% de comisión se ha pagado a los que lucran con la deuda, los que lucran con nuestro ajuste y con nuestro trabajo”.
Denuncian que “esto fue realizado por varios gobiernos, por el partido de la deuda, como dicen algunos en Chubut” (...) “por distintas fracciones del PJ que se van turnando; juegan a opositores acá dentro de la provincia pero a nivel nacional terminan uniéndose y todos terminan siendo parte del mismo paquete”. Dicen que el lema del gobierno es “hacer la deuda sustentable, hacer nuestra vida insoportable”. “El lema de nuestro gobierno es poner felices a los bonistas y hacernos infelices a los habitantes del Chubut” manifiestan.
También “denunciamos la criminalización de la protesta ya que como he dicho, hemos salido a las calles una y otra vez, y actualmente tenemos dos compañeros que están siendo llevados a juicio por haber hecho una caravana a Cerro Dragón”, destacan, denunciando que “todo el espectro político está metido (...), es cómplice de esta deuda”, advirtiendo contra las presiones para llevar adelante la megaminería, que hoy está prohibida gracias a la lucha que vino dando el pueblo de Chubut, magaminería de la cual el actual gobernador actúa como otro de sus lobistas.
Sebastián Rodríguez, Secretario General de la Comisión Interna de Morvillo, afirmó que “el acuerdo con los bonistas define al gobierno y define un rumbo contra la clase obrera. Esto lo quiero señalar y quiero denunciar acá”, agregando que esto “nos lleva de cabeza al control del país por parte del FMI, que ahora viene con las recetas y sus reformas estructurales en un pacto colonial que se descarga sobre la espalda de los trabajadores”.
Luego de enfatizar que “hay que contar las deudas provinciales”, Rodríguez afirmó que “quiero denunciar acá también que bajo la pandemia el gobierno priorizó absolutamente el acuerdo con los bonistas frente a las necesidades de los trabajadores”.
“Los intereses patronales -destacó Sebastián Rodríguez- son los que dominan el escenario político y un arreglo de la deuda es un interés común del conjunto de la burguesía”, agregando que “las patronales buscan establecer un nuevo piso de explotación sobre la base de las conquistas y los avances que obtuvieron bajo la pandemia: congelamiento salarial, recortes salariales, reducción de personal o casi 300.000 despidos en blanco, a pesar del decreto que los prohibía”, mientras “las direcciones sindicales, lejos de organizar a los trabajadores para enfrentar esta ofensiva, están sentadas en las mesas sectoriales para discutir con las patronales las reformas, convenios por convenio”, y terminar convocando a no pagar la deuda, centralizar el sistema sanitario, nacionalizar la banca y el comercio exterior, entre otras medidas.
Gabriel Galeano, Secretario Adjunto de la Comisión Interna Fuero del Trabajo, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, e integrante de la Mesa de la Unidad Sindical, habiendo escuchado las denuncias de quienes lo precedieron, hizo más eje en la situación internacional, afirmando que “hace cinco años hay un profundo avance del imperialismo yanqui en América Latina que ha llevado adelante una sistemática política de endeudamiento, de golpes militares, como se ha dado en Bolivia, como se ha dado en gobiernos como Bolsonaro en Brasil, etcétera, como parte de un plan de volver a someter a América Latina bajo el yugo nuevamente de la deuda y de la dependencia”.
“Por eso nosotros venimos a denunciar -efatizó Gabriel-, en el marco internacional en que se dan las políticas sobre América Latina y la Argentina en particular, venimos a denunciar al Fondo Monetario Internacional como corresponsable, junto a los acreedores y junto a los funcionarios al gobierno de Macri, como responsables directos del endeudamiento”.
Mónica Schlotthauer, Diputada Nacional electa y delegada del FF. CC. Sarmiento, realizó un recorrido histórico sobre la destrucción del sistema de los Ferrocarriles Argentinos, desde la dictadura antinacional que derrocó al gobierno constitucional de Perón. Desde esos momentos en adelante -“el 19 de abril de 1956 la Argentina, en pleno golpe gorila, ingresa al Fondo Monetario Internacional” describe Mónica- se comenzó a querer implementar, con sucesivos gobiernos, planes para desmantelar el sistema nacional de ferrocarriles (entre los que se destaca el Plan Larkin) en beneficio del transporte de carga automotor. Esta destrucción de los Ferrocarriles está directamente ligada al endeudamiento público. “Éramos 210 mil ferroviarios y hoy somos 14.000, había 41 mil kilómetros de vía en todo el país y hoy no llegamos a 18 mil”, expresó para graficar la magnitud del desmantelamiento del Ferrocarril de Estado Nacional.
“Al momento que llega la dictadura militar hay un gran golpe sobre los ferrocarriles y en general sobre todas las empresas estatales que es cuando por el decreto 170 barra 80 se obliga a todas las empresas estatales adquirir préstamos que no necesitaban (...) para ser garantes de empresarios privados, incluso bancos que se quedaban con ese dinero”, puntualizó Mónica Schlotthauer, para destacar que, luego del gobierno de Alfonsín, donde hay “grandes recortes y planes de ajuste”, recordando el plan de Terragno que descuartiza una empresa dividiéndola en cuatro, “y empieza el gran desguace con Alfonsín, y continúa con Menem, que ya es el gran salto cualitativo: le quitó trabajo a los ferroviarios, le quitó trabajo a cantidades de pueblos y le quitó también a cantidad de pequeños productores... acá todo el agronegocio vino a pararse y a sentarse también sobre la destrucción de los pequeños y medianos productores”.
“La ley de Randazzo -continuó Mónica- que de una manera de lo más mentirosa y cínica, se llamó ley de la reestructuración pero que la firmó el PRO y la firmaron todos atrás porque no era más que la legalización de que el estado pasó a subsidiar lo que es la logística de las multinacionales, tanto de las mineras, las cementeras, el agronegocio, todo, porque la ley, lo que vino a hacer es a legalizar algo que ya existía y que es parte del plan del Fondo Monetario, del BID (...) y del IIRSA, que es un plan mundial de cómo hacer interactuar mundialmente para ver cómo organizan el saqueo y la infraestructura para el saqueo, entonces el ferrocarril, que fue fuente de desarrollo y de construcción de trabajo en todo el país y en las provincias se convirtió hoy en una fuente y en una palanca del saqueo de este país y que encima lo pagamos nosotros porque no hay plata para educación, no hay plata para para la salud, no hay plata para ningún presupuesto y se achican, pero sí esa plata no solo va a pagar la deuda externa sino que adquirimos deuda para financiar el saqueo y vamos a seguir financiando el saqueo (...) si no vamos a lo más profundo, que esta deuda es absolutamente corrupta porque nunca se pidió en salud del país, siempre se la llevaron los más grandes”. Por último destacó que “con Fernández esto continúa vivo” e hizo referencia a los últimos anuncios del presidente sobre acuerdos comerciales internacionales, acuerdos que vienen desde el gobierno de Macri.
Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que debido a que Gisella Bustos no pudo estar presente también asumió la representación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, comenzó manifestando que “la denuncia formal que hacemos nosotros ante el tribunal y pedimos que se haga extensiva a todo el pueblo argentino es que el Fondo Monetario, la principal
denuncia, es que es el responsable de la pérdida de soberanía nacional en la Argentina”.
Robledo complementó diciendo que “desde el año 76 hasta hoy sus políticas han sido parte de las políticas del imperialismo de EEUU y también del europeo. no solamente de EEUU, y habrá que ver si hoy lo es también, no sé si calificarlo como imperialismo, pero de las políticas comerciales chinas. Esa es nuestra primera denuncia”.
Además, Robledo afirmó que “queremos que el tribunal también investigue, que el Fondo Monetario tiene dos cabezas, no tiene una sola; hay dos fondos monetarios internacionales, una pública y otra ilegal, que trabaja en forma coordinada. La pública es la que todos conocemos cuando vienen los funcionarios y demás, y la ilegal y paralela, que trabajan forma coordinada, es que es el gran cobertor jurídico, económico y político, del sistema de paraísos fiscales desde donde se genera el sistema de saqueo sobre todos los pueblos, no solamente sobre nosotros”.
“Me parece que ese tiene que ser una sentencia principal - afirmó Guillermo Robledo-. Si lo logramos demostrar, yo creo que sí, que hay muchos elementos, de esa doble cabeza que tiene el fondo monetario internacional, que está manejada por un solo país que es EEUU. Entonces cuando se dice que primero viene una negociación con bonistas después con el fondo, no: hay una política que solamente es la que instrumenta EEUU, desde los fondos Black Rock, desde el Fondo Monetario Internacional, y desde los paraísos fiscales, que continúan hoy fugando capital”.
Robledo denunció que “esa dinámica no se tocó nunca en democracia ¿Basada que qué? En tres secretos que son leyes nacionales que pedimos a este Tribunal que investigue, todo eso se puede hacer en la Argentina, porque hay una ley de secreto fiscal, una ley de secreto financiero, una ley de secreto estadístico, que les da la impunidad ante cualquier acción judicial formal a la fuga de capitales y al endeudamiento, entonces pedimos que también en la fiscalía y el tribunal investigue ese punto”.
Y Robledo además presentó una tercer denuncia: la cual es “que el Fondo Monetario Internacional ha sido el responsable del fracaso, junto con otros sectores internacionales, de lo que fue la propuesta de modificación de las Naciones Unidas de la Comisión Stiglitz-Attali y un conjunto de 17 economistas, en la crisis del 2008. Esa comisión nosotros creemos que había hecho un trabajo de investigación profundo que terminaba en una propuesta que las Naciones Unidas suspenda y cierre todos los paraísos fiscales”.
En su sustanciosa exposición, Robledo confesó que “nosotros tenemos denuncias en la Corte como Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y como Observatorio de la Riqueza, que demuestran que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es nulo, porque no cumplió ninguna de las leyes, me esto refiriendo al acuerdo al endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, no cumple ninguna de las normas de las leyes de la Argentina hasta el punto que la Cámara nos ha dado la razón, y hoy el tema está en la Corte. Entonces sería muy inteligente de que las fuerzas políticas nacionales antes de hacer una aprobación y un compromiso con el Fondo Monetario como se está planteando verbalmente, recupere todo lo que nosotros hemos llevado a la Corte formalmente”.
Por último, brindó los datos sobre las sorprendentes cifras de la fuga de capitales de nuestro país: “a la fecha, de 44 años de esa fuga acumulada, significa que la fuga total vale hoy (...) 8.700 millones de millones de dólares es el capital fugado actualizado a la fecha, ¿vieron que tanto que hablan ahora del valor presente, el valor? bueno, el valor presente a hoy del capital que nos robaron al pueblo argentino es 8 mil 700 billones de dólares”.
Están convocadas todas las organizaciones populares a participar activamente en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI. Se proyecta concluirlo durante la Semana de Acción global contra la Deuda y el FMI, el próximo 10 al 17 de octubre.
Invitamos a comunicarse a través de los canales de la Autoconvocatoria, o directamente a la Secretaría del Tribunal: juiciopopulardeuda@gmail.com .
¡FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, IMPULSAMOS UNA AMPLIA CAMPAÑA POPULAR!
¡SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA ILEGÍTIMA, ILEGAL Y ODIOSA!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICARION DE ESTA ESTAFA!
¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
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