El Gobierno Nacional logró cerrar el año 2025 con cierto aire, a partir del resultado electoral, el ahogo forzado de las provincias y la aprobación de un presupuesto de ajuste redoblado. Sin embargo, sigue acumulando problemas estructurales al no tener resueltos los nudos de su modelo económico que generaron meses de recesión y potenciaron la fuga de capitales.
En ese marco, el nuevo año se inició con la incógnita de cómo iba resolver esta misma semana, el reclamado pago de deuda por 4.200 millones de dólares. Por más ajuste que se imponga, las cuentas en divisas no cierran y recién comienza un calendario de vencimientos abultado, en un escenario general político-financiero ahora sacudido por el ataque estadounidense a Venezuela y la expansión de su beligerancia hacía otros blancos.
Sobre Argentina, la presión del FMI y de Estados Unidos es clara: buscan que el Gobierno logre mayor apoyo político al plan económico así como nuevas garantías para la inversión extranjera. Los grandilocuentes apoyos anunciados por el presidente Trump y su secretario del Tesoro Bessent, antes de las elecciones, se esfumaron tan rápido como habían aparecido.
El FMI ya avisó que no dará el visto bueno rápido para un nuevo desembolso del acuerdo firmado en abril de 2025, y que el gobierno esperaba ahora en enero. Incluso puede que se demore hasta marzo. En el organismo esperan información más clara sobre las nuevas maniobras del gobierno tendientes a contener la presión devaluatoria y resolver la exigencia incumplida de atesoramiento de reservas. Además, quieren ver aprobada la reforma laboral (prometida para fin de año pasado), el vaciamiento de la ley de glaciares para que avance la megaminería, una prórroga del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y nuevas privatizaciones como la del agua y saneamiento en el AMBA (AYSA).
¿Paga Caputo, o pagamos nosotres?
Por cierto, el dúo dinámico Milei-Caputo venía afirmando que no tendría problema para hacer el pago a bonistas este viernes 9. Pero entre su poco exitoso retorno al endeudamiento en dólares en diciembre - que quiso vender como un “retorno al mercado internacional” - y su nuevo esquema de compras, aún le faltaba conseguir unos buenos mangos para evitar un nuevo manotazo a los depósitos privados en dólares cuyo volumen récord (unos USD 37.000 millones fruto del blanqueo de 2024) ahora festeja. Las dudas se resolvieron el martes con el anuncio de un préstamo “REPO” de seis bancos internacionales por USD 3.000 millones, a apenas un año de plazo y con USD 5.000 millones de bonos de garantía.
En todo caso, ya sabíamos que somos nosotres, el pueblo trabajador, la naturaleza, quienes tienen los problemas provocados por seguir pagando una deuda que se dice nuestra, “pública”. “Deuda” que nunca nos benefició ni dimos consentimiento para su contratación. “Deuda” que en realidad es una estafa, y que solo trae más ajuste y represión, más explotación y extractivismo, y todavía más endeudamiento.
Así lo vemos en el Presupuesto 2026 aprobado el 29/12. Establece el pago de esa estafa como prioridad exclusiva y autoriza al Ejecutivo a endeudarnos prácticamente sin límite. Recorta y sujeta todos los demás pagos – desde sueldos y jubilaciones a programas sociales y obra pública – al cumplimiento de las condiciones y exigencias de los grandes bancos y fondos financieros que se jactan de ser acreedores, como BlackRock, JPMorgan y otros, y del FMI, el Banco Mundial y demás instituciones financieras internacionales.
Sobre un presupuesto nacional estimado en 148 billones de pesos argentinos, se proyecta dedicar casi el 10% (AR$14 billones) - más que los rubros de educación, ayuda social, ciencia, agua y vivienda todos juntos - al pago sólo de una parte de los intereses reclamados. Se presume poder refinanciar el capital (el famoso rollover, o roleo) y convertir en todavía más deuda, los intereses impagos.
El desafío no es menor: el calendario de pagos de deuda reclamados en divisas ya suma unos USD 17.000 millones este año y para el 2027, otros USD 21.000 millones más. Se suman a estos requerimientos financieros los montos para el repago del BOPREAL del Banco Central, el endeudamiento provincial y las Obligaciones Negociables que emitieron empresas. Suman cerca de 10.000 millones de dólares adicionales cada uno de los próximos dos años.
Las consecuencias de cumplir serán brutales. La búsqueda de divisas seguirá condicionando la política junto al modelo económico, social y ambiental. A los ajustes ya incorporados en el Presupuesto 2026 se acumularán los impactos de las reformas antipopulares en lo laboral, tributario, penal, socioambiental y jubilatorio que esperan tratamiento parlamentario. O en su defecto, nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia como el DNU 941/25 que sobre el filo del fin de año y sin debate público alguno, de manera inconstitucional altera gravemente los límites y controles a los servicios de inteligencia, dotándolos de facultades de allanamiento y detención sólo equiparables a las que ejercían de manera ilegal y nefasta, durante la última dictadura.
Con tal de mostrar espalda política, el Gobierno puede priorizar las apariencias por sobre la esencia, y buscar reformas cosméticas. Sin embargo, cualquier avance de los proyectos del Gobierno implicará retrocesos del campo popular, avances del sector empresario, represor y patriarcal. Continuará pavimentando la vía de la subordinación política a Estados Unidos y del saqueo sin fin.
Alternativas hay
Razones de sobra para buscar confluir lo más ampliamente posible en la resistencia callejera, obrera y popular a esos proyectos y el modelo de desindustrialización, extractivismo, especulación financiera y deuda que buscan profundizar. A 50 años de su imposición, de la mano del mismo gobierno e intereses que hoy atacan a Venezuela, sabemos también que precisamos avanzar en la integración regional de nuestras luchas y esperanzas para posibilitar la construcción de alternativas soberanas y emancipatorias.
Un horizonte que sin duda debe incluir el cuestionamiento y rechazo al sistema de la deuda perpetua y el pago de deudas ilegítimas y odiosas. También al control internacional y a todas las instituciones, como el FMI y el Banco Mundial, que tornan imposible la soberanía financiera de nuestros países y el cumplimiento de nuestros derechos como personas, pueblos y naturaleza. Alternativas hay, incluyendo la investigación y sanción de los responsables y beneficiarios de la estafa de la deuda y la suspensión preventiva de todo pago. No hay tiempo que perder.
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO
E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
-Argentina, 9/1/26
