El gobierno de Javier Milei continúa presionando esta semana para poder mostrar al Fondo Monetario Internacional y su mandamás Donald Trump, un fiel cumplimiento de las metas de sometimiento impuestas. En el Congreso, las medidas que impulsa forman parte de las condiciones explícitas del FMI -en el caso de la reforma laboral regresiva-, e implícitas, como la reforma de la ley de glaciares (para aumentar las exportaciones mineras), el reforzamiento represivo (con la baja de edad de punibilidad y las nuevas funciones de la SIDE) y los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE) y EEUU. El FMI ya felicitó al gobierno por las aprobaciones parciales y sigue pendiente de su continuidad, en relación además a otras metas pautadas para este año como las reformas previsionales y fiscales.
Pero el gobierno también mueve sus fichas en relación al Poder Judicial, buscando siempre allanar el camino de lucro e impunidad que ofrece a los grandes especuladores y multinacionales con el apoyo del FMI, EEUU y la UE. En medio de su apriete en el Congreso, el Gobierno Nacional retiró la Procuración del Tesoro como querellante en una de las causas aún en curso por el escándalo del acuerdo con el FMI del 2018; acuerdo que seguimos pagando con ajuste, saqueo y el paquete de leyes regresivas ahora a consideración. La causa debía investigar el procedimiento político-administrativo del expresidente Mauricio Macri y su gobierno y el destino de los más de USD 41 mil millones que el FMI le entregó a Macri y se evaporaron entre fugadores amigos.
La medida del Gobierno tiene su antecedente en el fallo de la Jueza María Eugenia Capuchetti en la causa 3561/2019, que el 2 de febrero la mandó a archivo. En esa causa el ex presidente (que nombró a la jueza en abril de 2019) era investigado por violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. En esa investigación se encontraban las pesquisas realizadas por la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, así como otras diligencias requiriendo información sobre procesos y personas involucradas en el Acuerdo, en el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Auditoría General de la Nación.
En el texto del fallo se constata:
● el modo informal de manejarse al interior del Estado (no hay ningún funcionario que “firme” taxativamente el acuerdo y sus enmiendas),
● la falta de aval técnico en el BCRA para aceptar un cronograma de pagos imposible de afrontar (más de 20.000 millones de dólares por año durante dos años consecutivos),
● la utilización del crédito del FMI para viabilizar una fuga de capitales concentrada en un reducido número de empresas y personas, durante dos años, sin que hubiera ninguna intervención para frenar el drenaje,
● la falta de claridad en la potestad del Ministro de Hacienda para firmar un acuerdo de esas características,
● el incumplimiento del estatuto del FMI.
Sin embargo, la Jueza Capuchetti desestima todo con un argumento más escandaloso que otro:
● no encontró “penalmente relevantes” los incumplimientos formales;
● considera que se tratan de políticas económicas no judicializables, asumiendo que no había indicios de favoritismos entre los fugadores beneficiados, a pesar de la reducida lista de “grandes ganadores”;
● dice que faltan pruebas para probar favoritismos, como si no debieran buscarlas en la investigación (recordemos que hasta los fondos buitre que litigan en Nueva York contra la reestatización de YPF piden chats del Ministro Caputo, medida que no se le ocurrió a nadie en el expediente);
● evalúa que aunque no hay ningún informe oficial que exprese que era “pagable” el acuerdo, dice que es una “conjetura” afirmar lo contrario… porque tampoco lo dice ningún informe.
El retiro de la Procuración y el archivo de la causa benefician directamente a Mauricio Macri, uno de los líderes de un partido que se encuentra pivotando entre algún gesto opositor y la integración total al partido de Gobierno. Fue un guiño significativo en la previa de la votación de la reforma laboral y todo el paquete de leyes antipopulares. Beneficia además a otros funcionarios de su gestión, como los ministros actuales Luis Caputo y Federico Sturzengger, responsables de la motosierra y del plan de endeudamiento y fuga en curso.
Es también un gesto que busca respaldar la legitimidad del FMI, en tiempos en que el gobierno intenta destrabar un nuevo desembolso de USD 1000 millones. El mismo estuvo pautado para enero, pero continua demorado a la espera de los resultados en el Congreso y la necesidad de un nuevo “perdón” ante los reiterados incumplimientos en diversas “metas”, especialmente de acumulación de reservas. ¡Vaya casualidad que coincidieron el fallo de Capuchetti y el orden de Milei con las primeras sesiones en el Congreso y la visita de auditores de ese organismo, cuya misión era justamente informar las novedades al respecto!
La causa archivada, un sector político beneficiado, sus funcionarios liberados de culpas, y además el mismo Fondo eximido de culpas. Es parte de legitimar sus políticas. Y es que la fuga de capitales que desde abril del año pasado alcanzó niveles record (U$D 32.340 millones), solo es posible con la entrada de divisas que proveen el FMI y con su “garantía”, los grandes especuladores y empresarios detrás de la leyes que ahora aguardan aprobación en el Senado. Así como pasó durante el gobierno de Macri, y en los años de la dictadura.
En este marco, repudiamos nuevamente los acuerdos fraudulentos con el FMI, el aval de los Poderes Legislativo y Judicial a las políticas de saqueo, endeudamiento y empobrecimiento, y los pasos dados por el Gobierno Nacional para intentar sellar la impunidad y profundizar el sometimiento. El archivo de la causa ya fue apelado por el Ministerio Público Fiscal, que planteó con fuerza la ausencia de legitimación política-administrativa para el Acuerdo de 2018 y la necesidad de generar las pruebas en relación al destino de los fondos. Más importante aún, no vamos a soltar nuestra denuncia y repudio ante este entramado criminal. Hay otras causas pendientes en relación a los acuerdos de Macri, Fernández y Milei con el FMI, como el Amparo que apoyamos desde esta Autoconvocatoria, con la sentencia del Juicio Popular a la Deuda y al FMI. También hay fallos nunca ejecutados como el de la Causa Olmos, que comprobó la fraudulencia del actual ciclo de endeudamiento iniciado con la dictadura, hace ya 50 años.
Se repite una y otra vez en nuestra historia el intento de condenar a todas las personas del país a pagar una deuda que no es nuestra. Y a seguir caminos que no generan empleo ni encadenamientos industriales, solo profundizan la crisis socioambiental, aumentan el endeudamiento y la dependencia. Por eso, desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, nos sumamos en diversos espacios e iniciativas de lucha contra este proyecto de recolonización. Nos solidarizamos con todxs quienes lo sufren y pelean en defensa de nuestros derechos, la naturaleza, la vida con dignidad.
Ante el negociado de nuestro futuro y presente que intenta el gobierno con los gobernadores, el Congreso y el Poder Judicial, seguimos en las calles todas las veces que faltan y llamamos a forjar la más amplia unidad popular. El 26/2 estaremos en el abrazo al Hospital Garrahan, con las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en la ronda de los jueves, y frente al Congreso como para decir que La Ley de Glaciares No Se Toca y que lxs niñxs no son peligrosxs, están en peligro, ¡No a la Baja!. El 27/2, de nuevo estaremos todes en las calles para rechazar la reforma laboral y el tratado de libre comercio UE-Mercosur.
¡PARO y Movilización YA!
¡NO al pago de una Deuda que no debemos!
¡NO a las leyes antipopulares: Reforma Laboral, Ley de Glaciares, Baja de la Punibilidad, Tratado UE-MS!
¡Fuera el FMI y EEUU!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO
E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
- Argentina, 26/2/26
